Colombia | Buses
martes 27 de abril de 2021
Operadores, fabricantes y ONU analizan los esquemas financieros para la incorporación de buses eléctricos
Durante el especial sobre movilidad eléctrica en Colombia organizado por Portal Movilidad, los principales actores involucrados en la electrificación de los sistemas de transporte público debatieron sobre los esquemas de financiamiento y proyectos vigentes.
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En este período cada vez más sistemas de transporte público y operadores están incorporando buses eléctricos, pero no con los mismos números, ya sean de inversión, cantidad de unidades, rendimiento y tiempos.

Al momento, el capex sigue siendo más elevado en comparación con todas las otras tecnologías, los números deben cerrar.

En ese contexto, Juan Felipe Velásquez, Gerente Comercial para Colombia en BYD, analiza: “Con gas natural tenemos uno a cuatro, uno en energía y cuatro en combustible. En mantenimiento es uno a cinco. Esto impacta en los gastos operativos y en los cierres financieros dependiendo si se modelan a 10 o 15 años”.

“Los números hablan solos”, asegura y en ese orden de ideas refiere que el mayor cuestionamiento hoy de los inversores es “a quiénes se financia”. Tal es así que nombra a un tercer actor, las empresas de energía.

“Hoy están entendiendo nuevos modelos de negocios que se dan en otros países como un leasing de baterías. Ellos después se las podrían quedar para proyectos de almacenamiento que para una entidad netamente financiera no tendría ningún valor ese esquema”, expresa Velásquez.

En el caso puntual de Bogotá, la Administración trabaja para la incorporación de buses eléctricos en la Avenida 68 y en el corredor de la Séptima además de completar la flota del componente zonal.

En ese sentido, Felipe Ramírez Buitrago, Gerente General de TransMilenio, sostiene: “Esperamos que el mercado reaccione a las solicitudes en articulados, biarticulados y padrones eléctricos con mejores esquemas de financiación”.

Una de las características que tienen los procesos licitatorios del ente gestor es la división entre provisión y operación de buses, lo cual se pensó en pro de garantizar el servicio dado que se tienen los buses y la operación, de generarse un inconveniente, puede resolverse por varios medios.

“En el esquema de la provisión redujimos el riesgo de no pago del vehículo, eso hizo que la banca vuelva a confiar en el sistema de transporte público”, resalta.

Hoy la capital cuenta con 1441 buses en el componente troncal, eso representa más del 70% de esas líneas. Para el zonal se contrataron cerca de 3 mil vehículos entre los cuales se encuentran los 1485 eléctricos.

Por su parte, Diego González, Director de Mantenimiento en Blanco y Negro Masivo, operador del SITP de Cali, indica: “Podemos desarrollar la reposición de nuestras unidades con eléctricos, pero necesitamos una legislación, infraestructura y financiación”.

En ese sentido ejemplifica con el caso de las maquinarias agrícolas que ingresan sin arancel al igual que sus repuestos y se sostiene la medida a lo largo de su vida útil por lo que menciona que debería aplicarse lo mismo al segmento de buses.

Por lo que sostiene: “Cuando la legislación no es amigable y no beneficia este tipo de tecnologías, la banca le coloca un nivel de riesgo demasiado elevado y hace que en Latinoamérica sea un gran desafío”.

En tanto, Jone Orbea, Líder del programa MOVE (PNUMA), comenta: “Aunque estamos buscando la manera de integrar los vehículos eléctricos, debemos ser sinceros, todavía es complicado. Cada país tiene tarifas y subsidios diferentes para la electricidad, la gasolina y al gas. Por lo que no hay una solución ni un mensaje homogéneo”.

“Las bancas multilaterales están ávidas en invertir y buscando proyectos, pero hay una desconexión entre el deseo general de avanzar rápido frente a los inversionistas que van a otro ritmo”, continúa.

En esa línea afirma que por parte de los Estados debe darse más valor en las licitaciones o procesos a la tecnología eléctrica y dejar en claro los beneficios ambientales, aunque no tengan retribuciones económicas hoy.

Y agrega: “No se pueden hacer inversiones a costa ni del sector público ni privado. Debe ser integrado, de manera sólida, clara, seria y comprometedora, con contratos que reduzcan riesgos con términos a largo plazo, ampliación de la vida útil, garantías y demás”.

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