Tras establecer el Bus Patrón Eléctrico y recibir la primera unidad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) planea una nueva meta para el transporte público: que el 5% de la flota de buses sea eléctrica al 2030. Se trataría de aproximadamente unos 2.800 vehículos cero emisiones.

Para que este plan se lleve adelante es necesario adoptar un nuevo modelo de negocios. 

De acuerdo a la normativa vigente, los proyectos de transporte urbano se licitan bajo la figura de Asociaciones Público Privadas. Estas son cofinanciadas para el suministro de buses y autofinanciadas para la prestación del servicio. A su vez, quien elige al suministrador de flota puede ser el operador o la administración.

En este modelo se tiene un solo contrato. El concesionario financia la adquisición de flota, la implementación de patios y depósitos, y se encarga de la operación del servicio. 

Se trata de una estrategia pensada para proyectos de infraestructura y no de servicios públicos. Con esta, licitar los corredores con buses eléctricos en el país tomaría no menos de tres años. Además, no se contempla la posibilidad de subsidios.

¿Qué alternativa propone ATU?

Considerando los casos de éxito en la región con buses eléctricos, como Bogotá y Santiago, la ATU se encuentra trabajando en una hoja de ruta para la electromovilidad que permita desplegar una flota cero emisiones sin problemas. 

Entre las acciones prioritarias y vinculadas al marco político y normativo, se encuentra la aprobación de una ley nacional de fomento a la electromovilidad, entre otras. 

En esta propuesta, se presenta un nuevo modelo de licitaciones para los proyectos de transporte urbano. 

Allí, el ente gestor se encarga de los patios y las terminales, así como también de la adquisición de los mismos. El operador de flota, por su parte, es responsable de la operación y el mantenimiento de los buses. El administrador, entretanto, realiza la provisión de las unidades, supervisa y certifica el mantenimiento, y entrega un plan. 

En este caso, existen garantías de continuidad de pago bajo contratos de 10 y 14 años para flota eléctrica. También se crea un Fondo de Desarrollo para Movilidad Sostenible. 

La idea es implementar una política de subsidios para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio. 

La nueva regulación

Se buscará además la posibilidad de incorporar a las estaciones de carga en un régimen de usuario libre de electricidad. 

También, se apuntará a realizar una revisión o adecuación del Reglamento Nacional de Vehículos, considerando las características de las unidades eléctricas e híbridas. 

Además, se revisarán modelos de negocio vehículo-batería, así como se evaluarán otras opciones. 

Por último, se planea reducir el IGV al 10% y suspender el Impuesto al Patrimonio Vehicular, ambos por cinco años, a la vez que se proyecta encontrar criterios que prioricen el uso de energías limpias en la adquisición y/o licitación de flotas.