La Ley de Movilidad Sostenible es una de las tantas deudas pendientes dentro de la transición en la que se ha inmerso España en los últimos años.

El trabajo sobre la misma se remonta desde el 2021. Por aquel entonces el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) se embarcó por primera vez en la redacción del anteproyecto.

Tras varios pasos por la legislatura, más de 1.000 enmiendas y un fuerte atasco a causa del adelantamiento de las elecciones del 2023, todavía no se ha podido dar luz verde a una de las grandes promesas del Partido Socialista.

Ahora una nueva chance llega para el sector transporte y eMobility con los anuncios del nuevo ministro Oscar Puente.

“El nuevo compromiso que hemos contraído con Bruselas es el de tenerla aprobada antes de finalizar el año. Va a ser una ley en la que establecemos una auténtica política nacional de movilidad y transportes”, ha señalado.

Esto, en el desayuno informativo Fórum Europa Nueva Economía, celebrado en Madrid, en el que ha participado esta mañana.

Durante su intervención, el titular del Departamento ha desgranado las prioridades del Ministerio entre las que ha destacado la Ley de Movilidad Sostenible, que tendría que haber entrado en vigor el año pasado, pero cuya tramitación decayó por el adelanto electoral.

Y esto no pasa desapercibido, ya que abre paso a revisar cuáles fueron los últimos pedidos a tener en cuenta.

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Recientemente, en diálogo con Mobility Portal España, Diego Gago, Director de Estrategia Política de beBartlet, planteaba:

“La realidad es que el Gobierno tiene la ventaja de conocer cuáles son las inquietudes de todo el sector y los usuarios de las de movilidad”, plantea Gago.

Y, a lo que agregaba: “Teniendo también conocimiento de las inquietudes de los partidos políticos se tiene la oportunidad de desarrollar un proyecto para la Ley de Movilidad Sostenible que incluya un consenso mayor, que el que teníamos cuando presentaron el anteproyecto”.

Desde su experiencia prevé que se podrían generar nuevas situaciones de tensión política, que puedan llegar a ser mayores a las ya vistas.

Pero pese a ello, el especialista recomienda que «el ejecutivo tendrá que hacerse de las ventajas y la experiencias que cuenta en la tratativa de esta iniciativa para sacarla finalmente a flote».

Pero, ¿cuáles son algunas de estas inquietudes que han quedado pendientes en torno a la Ley de Movilidad Sostenible?

Según indicaron fuentes del sector a lo largo del documento presentado “no hay ninguna referencia a una meta concreta para descarbonizar el transporte”.

Según han estudiado los especialistas a cargo de realizar el seguimiento de la normativa, no se han establecido disposiciones a 2050 para ser conforme al acuerdo de París y a los compromisos internacionales de España y la Unión Europea.

Es por ello que se cuestiona la “falta de una hoja de ruta”.

El pasado 13 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Luego de ello se avanzó sobre el plazo de presentación de enmiendas en el Parlamento que dio lugar a más de 1.000 propuestas.

Entre ellas, un listado de casi 60 correspondían a Transport & Environment (T&E) y a otras organizaciones ecologistas.

Todas ellas ponen el foco principalmente en “comenzar a regular aquellos puntos que debía abarcar”. “Ahora mismo esta ley es una oportunidad perdida para establecer un buen sistema de transporte y movilidad descarbonizada en todos los ámbitos”, expresaba Carlos Bravo Villa, representante de la organización, en contacto con este portal.

La lista de apelaciones es larga, pero avanzando punto por punto puede verse desde un primer momento, que la administración no se ha animado a establecer “objetivos y plazos claros”.

“El Partido Socialista en el Congreso era el único que defendía que la ley no tuviera objetivos lo cual era absurdo porque las leyes son instrumentos claves para establecer este tipo de instrumentos”, reconoció el experto en aquel momento.

Es por ello, que de cara a nuevas a esta nueva “chance” en el congreso se espera que las propuestas en torno a la descarbonización del transporte y la electrificación tomen mayor protagonismo en la Ley de Movilidad Sostenible.

Además de la Ley de Movilidad Sostenible, otros riesgos y pendientes eMobility

Con el inicio de un nuevo año y el paso a un nuevo ciclo de Gobierno se trazan una serie de ejes que se espera que encabecen la agenda política.

Un punto central para la electromovilidad es el relacionado a las ayudas y la fiscalidad, todo con el fin de continuar impulsando la adquisición de modalidades de cero y bajas emisiones.

Es así que Diego Gago, Director de Estrategia Política de beBartlet, colocaba sobre la mesa:

“El Plan Moves tiene margen de mejora, así lo trasladan los usuarios y el sector de la automoción en España. Habría que contribuir a un modelo más simplificado y modernizado, analizando si debe incluirse un criterio de renta, progresividad o de exclusividad de renta en las ayudas”.

Otros ejes que se podrían barajar sería la posibilidad de incluir empresas de renting o coches de los concesionarios, por ejemplo.

El modelo de las subvenciones emobility no queda por fuera.

El pago al momento de la compra no deja de ser una de las opciones más viables, la cual ha sido reconocida como una de las más viables por el propio Gobierno.

Meses atrás el propio ex ministro de Industria, Hector Gómez, comprometía la administración a avanzar en este sentido, pero hasta el momento no se han dado señales claras en ese sentido.

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Mientras tanto, la puerta a modificaciones aún no está cerrada. En lo que respecta a fiscalidad el pedido se reiteró, una vez más en contacto con este portal:

“Hay que estudiar la posibilidad de implementar un Plan Fiscal que contemple la deducción de IVA o un porcentaje más reducido a la compra de vehículos eléctricos”.