El pasado mes de abril la ley de movilidad sostenible culminó su periodo de aportaciones, donde diversas asociaciones, empresas y entidades han dejado en claro cuáles son los ejes que deben repensarse y ponerse en foco para realizar una trabajo que responda a las necesidades de todo el sector.

Frente a esto, Portal Movilidad España se puso en contacto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) con la finalidad de conocer de que manera se avanzará.

Reconociendo el hecho que la administración comienza a correr con el tiempo en contra, han asegurado que trabajan “intensamente para que la tramitación de la ley se culmine cuanto antes”.

“Nos encontramos revisando los aportes recibidos tras el trámite de participación pública, con el objetivo de poder cumplir con el objetivo incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de tener aprobada la Ley antes de finales de 2023”, detallan en este sentido.

Para los siguientes pasos, tras esta evaluación, se recabarán el resto de los informes que resulten preceptivos. 

Posteriormente, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes.

Mientras tanto, se busca prestar atención a los factores de cohesión territorial que toman vital importancia al hablar de España, ya que la gran mayoría de las ciudades son pequeñas.

La Ley de Cambio Climático ya prevé la obligación de disponer de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y esta nueva regulación  “da un paso más” y prevé que las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes se doten de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible Simplificado. 

Asimismo, en el tejido que el anteproyecto propone, se establecen una serie de puntos que permitirán generar lineamientos para facilitar el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de la labor de las administraciones públicas con competencias en movilidad y transportes: Estado, CCAA y entidades locales.

Entro ellos, destaca la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que será un instrumento clave para este proceso.

No solo ello, sino que será el órgano encargado en  facilitar la participación de otros actores: asociaciones, representantes del sector, de los usuarios, entre otros. 

El papel de la movilidad compartida

Ante los reclamos del sector de la movilidad compartida por un “apoyo más concreto”, el MITMA asegura que es preciso distinguir diversos esquemas: vehículo compartido, viaje compartido, etc. 

“En rasgos generales vemos que la movilidad compartida es deseable en tanto logre mayor grado de ocupación de los vehículos, ya que un vehículo con alta ocupación resulta más eficiente en términos energéticos y de emisiones”, plantean al respecto.

Mientras tanto, resaltan el hecho que ciertos esquemas de movilidad compartida también pueden tener efectos beneficiosos, solo si logran reducir el espacio público ocupado por los vehículos en las ciudades.

También, agregan: “Pueden servir de impulsor a la penetración de los vehículos eléctricos, ya que muchos de los servicios de coches, motos o patinetes compartidos son eléctricos”.

Respecto a esto último, se animan a poner sobre la mesa el valor de la electrificación, ya que esto “sin duda tiene un importante papel en la reducción de emisiones de este sector”.

“Tanto los motores eléctricos generan menores emisiones de CO2 y de otras partículas contaminantes, y además permiten incorporar fuentes de energía de origen renovable y reducen la dependencia de las fuentes de energía fósiles”, apuntan en este marco desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.