Esta semana ha llegado, luego de nueve meses de trabajo, el anteproyecto de la ley de movilidad sostenible de España.

Ante esto, organizaciones como Transport and Environment, ya han comenzado a trabajar en el documento y en los más de 100 artículos que se elaboraron por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Esto se debe a que hasta mediados de abril la normativa ingresará en un proceso de consulta pública, donde recibirá modificaciones y comentarios a tener en cuenta en su próximo análisis parlamentario.

La regulación tiene algunos aspectos muy positivos, según nota Carlos Bravo Villa, representante de T&E, tras una primera lectura.

La creación de un órgano de gobernanza y el planteo de una legislación que permita “regular sin invadir ninguna competencia autonómica son puntos a destacar”.

Pero pese a esto, ya se están delineando las apelaciones para presentar ante las autoridades.

De esta manera, entre los principales ejes a trabajar se encuentra la gestión del transporte público urbano, el cual, según Bravo, «debe ser una de las prioridades».

Es por ello que desde la organización se propone que se fije una fecha límite para la compra de buses contaminantes. Haciendo así que, a partir de 2027 solo se puedan adquirir vehículos cero emisiones.

“No se puede seguir invirtiendo millones de euros en segmentos a gas o diesel, sabiendo que son sumamente contaminantes y que hay una gran oferta de opciones limpias al alcance de la mano”, sostiene en este punto.

En lo que respecta al transporte logístico y de mercancías hay un listado de apelaciones que ya se están listas para ser presentadas.

Por esto mismo, expone: “La ley va a reconocer su importancia, pero se deberá aplicar como mínimo la fecha planteada por la Comisión Europea para que se dejen de vender furgonetas de combustión interna”.

El primero de enero de 2035 es el tope ya fijado, pero se buscará adelantarla, ya que “España podría acelerar el proceso y ponerlo como un objetivo dentro de la normativa”.

Asimismo en el caso de los camiones, desde Transport and Environment se nota el mismo panorama y se apuesta a soluciones que apresuren por su apuesta. 

Esto se debe a que ya se están elaborando informes que demuestran que para 2025 el costo de estos segmentos, tanto cero emisiones y a combustión, se equipararán. Próximamente, dichos números serán publicados de manera oficial por la organización.

Otra de las propuestas está ligada a la reducción de los precios de los peajes de las autovías españolas.

Esto, como método de fomento para la incorporación de camiones 100% eléctricos.

Finalmente, Bravo reflexiona y hace énfasis: “Esta ley es la norma fundamental en la que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en lo que queda de legislatura para poder avanzar en la descarbonización en el sector transporte”.

El temor al periodo electoral

Teniendo en cuenta que a finales del 2023 se realizarán elecciones en España, la alerta sobre el curso de la ley se ha despertado.

Frente a esto, Transport and Environment no se queda por fuera de la inquietud y apuesta a una rápida resolución del proceso parlamentario. 

Pero a su vez son conscientes de como desde MITMA ya se han retrasado nueve meses en la presentación del proyecto, el escenario puede ser similar.

Por lo cual, temen que de generarse un cambio en la actual administración del presidente Pedro Sánchez pueda “modificarse, archivarse o hasta presentarse una nueva ley de movilidad sostenible”.

“Es un gran riesgo dejar un anteproyecto tan importante para el final de legislatura”, sostiene el especialista al respecto.

En consecuencia, plantea que el escenario ideal seria que a mediados del año que viene la normativa esté aprobada y entre en vigor antes de mediados del 2023.

De esta manera, si la regulación ya pudiese ser revisada por los recintos parlamentarios antes de este verano se generaría un escenario mucho más seguro para su implantación.