Uruguay se posiciona como referente en materia de electromovilidad dentro de la región gracias a un trabajo conjunto entre el sector privado y público, que dio lugar a una serie de políticas públicas transversales y claves para la transición. 

En el mismo año que asumió Tabaré Vazquez la primera magistratura del país (2005), se comenzó a discutir la Política Energética para Uruguay, que promueve sistemas de transporte público urbano eficiente, la introducción de tecnologías eléctricas y considera el uso de vehículos cero emisiones en el transporte de carga. 

A su vez, propone desarrollar adaptaciones a impuestos para tecnologías nuevas de transporte.

Luego de tres años de debate entre distintos actores, el Poder Ejecutivo aprobó esta iniciativa. Se trata de la determinación de objetivos a corto (cinco años), mediano (15 años) y largo plazo (20 años o más), es decir que cuenta con metas hacia 2030.

En 2007 se llevó adelante la Ley de Promoción de Inversiones en Vehículos Eléctricos. Se trata de la ley 16.906, que promueve inversiones mediante beneficios fiscales específicos. Permite una exoneración de IRAE desde el 35% a más del 70% del valor del vehículo, dependiendo de cómo esté estructurada la inversión.

En el 2010 se aplicó la reducción del Impuesto Específico Interno (IMESI) aplicable a vehículos híbridos y eléctricos, llevándolo a un 5,75%, porcentaje que luego se reduciría a cero en 2022. 

Tres años después se concretó la norma 1130:2013, relativa al de Etiquetado de Eficiencia Energética en vehículos, la cual establece los criterios de definición del rendimiento de vehículos livianos y características de la etiqueta de eficiencia energética.

Durante el 2015, año en que Tabaré Vázquez vuelve a conducir al país, se da un descuento en el precio de nuevos permisos para taxis que sean cero emisiones.

A su vez, se incorporaron 30 utilitarios eléctricos a la flota de UTE, llegando a un total de 60.

El mismo año se dispuso la exoneración de la tasa global arancelaria de vehículos eléctricos. Esta medida implicó que el acceso a las unidades fuera de un 23% menos, pagando sólo un 5% de tasa.

También se incorporaron cuatro unidades a través de la licitación de nuevos permisos de taxis en Montevideo.

2016 también fue un año con medidas hacia vehículos livianos en el transporte público. En este año se llamó al recambio de taxis eléctricos con beneficios brindados por UTE, así como también se abrió una licitación de 20 permisos para unidades cero emisiones en la capital del país.

En materia de transporte público, se incorporó el primer ómnibus eléctrico en la misma ciudad, al mismo tiempo que se constituía la primera convocatoria para acceder a los certificados de eficiencia energética.

En septiembre de 2017, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) aprobó el Proyecto MOVÉS “Hacia un sistema de movilidad urbana sostenible y eficiente en Uruguay”.

Su objetivo: promover un sistema de movilidad sostenible, bajo en carbono y eficiente. 

También se impulsó la exoneración de la Tasa Global Arancelaria para transporte de mercancía con motor a propulsión eléctrica por cinco años. Esta está compuesta por el Impuesto Aduanero Único a la Importación y los Recargos a la Importación y llega al 23%.

Hasta este año, el número de utilitarios eléctricos alcanzó un total de 64 unidades, una cantidad destacada con respecto a los vehículos de utilización urbana.

Durante el 2018 ese número se duplicó, así como también lo hicieron los taxis cero emisiones, pasando de 21 unidades en circulación en el 2017 a 44 en este año.

Las medidas hacia los ligeros de transporte de personas tuvieron que ver con subsidios al recambio de taxis de combustión a eléctricos, y la exoneración del pago de patentes para estos vehículos.

Así mismo se redujo el pago de patente a los coches cero emisiones en general, los cuales actualmente pagan un 2,5% del valor del vehículos sin IVA, así como también se implementó una tarifa diferencial para carga y descuentos comerciales.

Cabe destacar, que en materia de vehículos particulares, no se identificó ninguna variación con respecto al año anterior, siendo 14 unidades las que circularon ese año en Uruguay.

En el año posterior, se subsidió el recambio de buses con motor diesel a buses eléctricos. En los años posteriores se incorporarían 30 unidades eléctricas en el transporte público sumando 32 en total contando las preexistentes.

En el 2019 también se exoneraron de la Tasa Global Arancelaria a las baterías de litio y cargadores de vehículos eléctricos.

En el año 2021, ya bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou, se continuó con iniciativas públicas para la electromovilidad.

Se impulsó el programa Subite, actualmente en funcionamiento en Maldonado. El programa apoya la adquisición de un máximo de 1000 (mil) motos eléctricas y 100 (cien) triciclos de carga eléctricos en total.

En ese sentido, otorga beneficios como el reintegro del 10% en la compra (aplican topes motos: 250 dólares para motos y 450 para triciclos), descuentos en la factura de la UTE y la garantía de un seguro por 12 meses, entre otros puntos.

Según informa el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el número de motos pasaría de 925 a 1268 unidades en un año.

Durante el año 2022, se hizo realidad la reducción al 0% del IMESI para vehículos eléctricos puros. Cabe destacar que a junio de este año el parque vehicular eléctrico de ligeros particulares sumó casi 300 unidades.

En la actualidad, se llevan adelante iniciativas públicas enmarcadas en el Proyecto Moves relativas a diversas aristas sobre movilidad eléctrica. 

Entre ellas, análisis en torno al retrofit, a la normalización de los cargadores e incentivos de promoción de la movilidad cero emisiones. 

Por su parte, UTE también despliega proyectos de infraestructura de carga tendientes a avanzar en una red de carga consolidada, con un objetivo hacia el 2023 de 300 puntos de carga con 50 cargadores rápidos. 

En torno a los compromisos internacionales y las metas establecidas, aquí un estado de situación.