El lunes 23 de diciembre, solo 20 de los 149 ayuntamientos de España obligados a instaurar Zonas de Bajas Emisiones habían iniciado la presentación de las ordenanzas municipales que las regirán, según la asociación de alquiladoras (Aneval).

Estos son “los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados”, según el Ministerio de Transición Ecológica.

De esta forma, conocer anticipadamente o consultar en tiempo real el tipo de vehículos que pueden acceder a dichas zonas y bajo qué condiciones no será posible nada más que en el 13% de todos los ayuntamientos españoles obligados a instaurarlas.

Es prácticamente unánime entre los numerosos territorios que les va a ser imposible cumplir con la Ley de Zona de Bajas Emisiones a tiempo. Alegan que van con retraso porque el Gobierno central a día de hoy todavía no ha aprobado el real decreto que regula el establecimiento de estas zonas. 

«Estamos esperando a que el Gobierno central establezca un marco normativo estable para la puesta en marcha de estas zonas de bajas emisiones«, apunta Giusseppe Grezzi, consejero de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia.

Por otro lado, en el municipio de Santander sostienen que el retraso se debe a la falta de regulación por parte del Gobierno central. «Los ayuntamientos nos estamos encontrando con muchas incertidumbres que de momento no se están aclarando por el Gobierno Central», afirma César Díaz, concejal de Movilidad Sostenible. 

Las razones son dos. Por un lado, porque el retraso en la tramitación de los fondos europeos que precisamente están destinados, como su título bien indica, a la implantación de las zonas de bajas emisiones, se ha desfasado «enormemente» con respecto a la entrada en vigor de las mismas prevista para 2023. 

Por otro, porque el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones que está tramitando el Ministerio para la Transición Ecológica, aún está en discusión y sin aprobar.

 «Tanto el marco jurídico, como el técnico, y también el económico, no están lo suficientemente definidos, y mucho menos consolidados, como para trasladar una obligación a los Ayuntamientos en lo referente a la implantación de las ZBE para el 1 de enero», expresa Díaz.

“Los ayuntamientos de España tenemos más o menos el mismo problema. Por un lado debemos elaborar una normativa específica para lo cual tenemos que tener ciertas directrices de los reglamentos que tiene que definir aún el Gobierno central”, aclara Antonio Chanca Cáceres, Jefe de Servicio de Movilidad Urbana.

A lo que se añade el problema que surge al tener que elaborar una normativa con un plazo largo. 

“Es imposible que lleguemos al 1 de enero, se ha pedido desde la Federación Española de Municipios y Provincias una moratoria, que yo considero que deberíamos tener hasta el 1 de enero del 2024”, sentencia Chanca Cáceres.

Para poder llevar a cabo la operativa de las ZBE, se necesitará instalar equipos de lectura de matrículas y establecer registros de usuarios. También una serie de infraestructuras a contratar, otro argumento que ralentiza el poder realizarlas.

“Nosotros, Zaragoza, no creo que podamos implantar la Zona de Bajas Emisiones hasta principios del 2024”, explicita.