Las acciones regulatorias en torno al coche eléctrico y los cargadores han vuelto a reactivarse en las últimas semanas y esto no ha pasado desapercibido por Wenea.
En contacto con Portal Movilidad España, el CEO de la empresa, Alberto Cantero, ha demostrado su conformidad con la extensión del escudo social y económico hasta 2024, para hacer frente a la inflación.
Pero cabe tener en cuenta que las medidas aprobadas en el marco del nuevo Real Decreto-ley incluyen:
- Deducción en IRPF por compra de vehículos electrificados y puntos de recarga.
- Amortización acelerada en el Impuesto de Sociedades para la inversión de las Empresas en infraestructura de recarga pública y privada.
- Simplificación de la tramitación de la instalación de cargadores de hasta 3MW.
Y desde la perspectiva del CEO, este último ha pasado un tanto desapercibido y es de las más relevantes dentro de los anuncios.
Desde su óptica, Cantero reconoce:
“La declaración de utilidad pública de todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a 3 MW es fundamental para la aceleración del despliegue de infraestructuras de recarga”.
La misma permite avanzar eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia.
“Se trata de una medida de simplificación administrativa que fue solicitada por las comunidades autónomas y el sector en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE)”, sostiene el CEO de Wenea.
Además, la medida es compatible con subvenciones como el programa Moves III, es aplicable a la instalación de puntos de recarga para particulares y también contemplan reducciones en el ISS para empresas.
Puntos de recarga de Wenea.
Esta disposición supone una simplificación administrativa que permitirá agilizar la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico, lo que fomentará la movilidad eléctrica y reducirá la dependencia de combustibles fósiles.
Está, por tanto, alineada con los objetivos de la comunicación «REPowerEU», en respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania.
El anuncio del Gobierno implica puntualmente encontrar el punto de equilibrio entre las mayores facilidades administrativas de despliegue de los cargadores.
Y así finalmente, los operadores no tendrán que someterse al régimen de autorizaciones previsto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
Ni mucho menos a la declaración de utilidad pública, que sigue resultando imprescindible cuando los proyectos adquieren una cierta envergadura.
Es así que este umbral de 3 MW termina siendo el punto de encuentro óptimo entre estas dos realidades.
De esta manera, Cantero de Wenea admite:
“Esta nueva simplificación administrativa es, sin duda, un gran paso hacia adelante al facilitar la instalación de cargadores para vehículos eléctricos de gran potencia”.
Esta norma impulsa la movilidad sostenible “de manera práctica y esperamos que se continúen tomando medidas orientadas a derribar las barreras que impiden mayor velocidad en el despliegue de cargadores”.
Más detalles de las medidas para cargadores
El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 15% tanto para la compra de un vehículo eléctrico como para la instalación de sistemas de recarga, con una base máxima de deducción de 20.000 euros.
sin dar muchos detalles en torno a la modificación del IRPF, se anunció la prorroga de algunas medidas económicas.
Todas, adoptadas en el Real Decreto-ley para combatir las consecuencias económicas de la Guerra a Ucrania, que caducaban el próximo 30 de junio.
Así, la desgravación será deducible durante los dos próximos ejercicios, hasta final del año 2024.
La desgravación será deducible durante los dos próximos ejercicios, hasta final del año 2024, mientras que es susceptible de ampliarse un año más.
La titular de Asuntos Económicos ha destacado que se trata de “consolidar las inversiones en marcha en España” para la modernización de la industria automovilística dentro del conocido como Perte VEC.
Esto, con el fin de situar al país a la “vanguardia del despliegue en Europa del vehículo eléctrico y conectado y agilizar el despliegue del vehículo eléctrico”.
En este sentido, se admiten otras opciones para acceder a la desgravación, como abonar al vendedor una cantidad a cuenta para adquirir el vehículo de al menos el 25%.
En este caso, la deducción del IRPF se llevará a cabo en el periodo en el que se abone esa cantidad de anticipo.
Asimismo, Calviño ha destacado que con esta medida se pretende “resolver la lentitud de algunas comunidades autónomas en la ejecución del Programa de Incentivos móviles”.
Por otro lado, ha señalado que en el ámbito del Impuesto de Sociedades se introduce un incentivo fiscal destinado a promover las instalaciones de cargadores, tanto de uso privado como las accesibles al público.
En concreto, se pondrá en marcha una amortización anticipada para quienes instalen esos sistemas de recarga de baterías, que podrá ser disfrutada por quienes instalen puntos de recarga en los ejercicios de 2023, 2024 o 2025.
El requisito es que los puntos de recarga se instalen antes del 31 de diciembre de 2024 y que dicho sistema no esté vinculado a ninguna actividad económica.
En el Real Decreto Ley también se simplifica la tramitación administrativa de la instalación de cargadores de hasta 3 megavatios (MW) elevando el límite desde los 250 kilovatios que estaban establecidos actualmente.
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