Según la Estrategia Nacional de Electromovilidad del Ecuador, el objetivo cuantitativo para el 2025 es de 5.500 vehículos eléctricos ligeros cero emisiones para el 2025.

En los últimos dos años y lo que ha transcurrido del 2023, las ventas suman poco más de 800 unidades.

En el 2021, se arriba a un total de 288 unidades, mientras que en 2022, 440 (según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador – AEADE).

Esto plantea un aumento cercano al 100% en las ventas, aunque con un nominal reducido en relación al parque vehicular total.

Por otro lado, las ventas del primer bimestre del año sumaron 86 registros. En relación a los dos años anteriores, la diferencia es considerable. 

En el primer bimestre del 2021, se comercializaron 44 rodados eléctricos, mientras que en 2022, 27. Siendo así, el país debería incorporar 1.500 unidades por año para alcanzar este objetivo.

A su vez, la estrategia prevé a esta fecha un parque vehicular cero emisiones de 10.000 unidades, contando los distintos segmentos.

Existen diversos incentivos tributarios para la adquisición de coches electrificados: actualmente las dos modalidades están exentas del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y a los aranceles a la importación.

A diferencia de los híbridos, los eléctricos, no pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA) y existe un mecanismo de devolución de aranceles a la salida de divisas.

Sin embargo, en materia de ventas, el mayor volumen de coches electrificados vendidos es de tecnología híbrida. 

En el último año se vendieron 6.559 coches híbridos, aumentando considerablemente en relación al total del 2021 (3.887). 

Desde la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), se indica que debieran ampliarse los beneficios a la tecnología cero emisiones para lograr estimular el número de ventas. 

En ese sentido, proponen tres medidas que podrían colaborar: la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), la reducción del valor de la matrícula y de los valores de la revisión técnica vehicular. 

Por otra parte, sectores del sector privado se muestran críticos al subsidio a los combustibles.

Esta situación, según el plan de acción dispuesto en la estrategia, debería tener fin hacia mediados de 2024. 

Según la CINAE, esta situación permitiría no solamente colaborar con la adquisición de vehículos eléctricos ligeros por parte de la población, sino también aumentar el parque eléctrico en otros segmentos. 

Desde la cámara se refieren a los buses, los cuales, al momento de ser renovados, deberán ser cero emisiones a partir de 2025. 

Esta meta preocupa a los operadores que, al no contar con condiciones financieras potables, no se ven incentivados a adoptar esta tecnología en sus flotas.

Cabe destacar que en 2022 el gobierno de Guillermo Lasso no alcanzó a cumplimentar las metas propuestas.

Para el 2022 el país debía contar con una Ley de Electromovilidad, la cual sigue paralizada en la Asamblea Nacional.

Así lo dispone el primer eje determinado en la ENEM, que refiere a “Gobernanza y política pública”, donde en su página Nº 17 se disponen dos acciones que las autoridades nacionales debieran realizar finalizado el 2022.

Ellas son: la creación y expedición de una Ley de Electromovilidad y la definición de responsabilidades, competencias y mecanismos de seguimiento a nivel local y nacional.

Por otro lado, en su segundo eje, la hoja de ruta dispone la conformación de programas para el reemplazo de flotas con vehículos electrificados. Sobre este punto el Ministerio de Energía y Minas trabaja en un plan que incorpora vehículos eléctricos en flotas de distribuidoras y generadoras de energía, aunque no se ha concretado hasta el momento.