A comienzos de septiembre, senadores de Paraguay rechazaron el veto al proyecto de ley que promueve la movilidad eléctrica. De este modo, la misma pasó a Diputados para su estudio.

El veto se argumentó en que, según el Ejecutivo, todas las instituciones del Estado que analizaron la normativa pidieron su objeción. Entre ellas, se encuentran la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Banco Central del Paraguay (BCP).

En este sentido, las empresas automotrices se muestran disconformes y reclaman la falta de políticas que incentiven el transporte público eléctrico en el país.

“Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) apoyábamos fuertemente esa ley. Lamentablemente Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay, decidió vetarla. A partir de ahí retrocedimos en materia de electromovilidad”, lamenta Pablo Pascuali, gerente de BYD Paraguay.

Por otra parte, vale mencionar que en mayo el Gobierno anunció estar proyectando la adquisición de 1.000 buses eléctricos en los próximos cinco años, un promedio de 200 unidades por vez, de acuerdo a lo informado por Víctor Sánchez, viceministro de Transporte.

Sin embargo, en diálogo con Portal Movilidad, Pascuali explica: “Al presidente Abdo nunca le interesó en estos cinco años promover el uso y adquisición de buses cero emisiones. No hay razón por la cual podría incentivarlos ahora”.

Y agrega: “Debería haber un proyecto bien estructurado que permitiera lanzar dos tipos de subsidio. Por un lado, a la compra, ya que los eléctricos cuestan el triple que los convencionales. Por el otro, al boleto”.

Cabe recordar que Magno S.A. es la única empresa en Paraguay que cuenta con una flota de buses 100% eléctricos.

Finalmente, en cuanto a los incentivos para la importación de vehículos eléctricos, Paraguay posee el beneficio de arancel del 0% a la importación y exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los importadores. Sin embargo, los consumidores finales no están exentos de este último.

“Esto representa una dicotomía. Hay más trabas que incentivos y ni el Gobierno, ni los municipios realizaron acciones para promover algún otro tipo de incentivo”, lamenta Pascuali.

Y en este sentido agrega: “En un país como este donde los sectores se manejan con recursos de amparo es muy difícil crear políticas públicas en favor de la movilidad eléctrica”.