El sistema de transporte es uno de los ejes de la economía. En Colombia también es uno de los puntos prioritarios en donde el Gobierno interviene para cumplir con todos los compromisos de gestión tanto económicos como climáticos.

El Ministerio de Transporte lidera el plan de transporte urbano que se viene ejecutando desde hace aproximadamente 20 años entendiendo la eficiencia y las emisiones que se evitan al bajar al ciudadano de su auto particular.

En este sentido, Sandra Liliana Ángel Almario, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), confirma a Portal Movilidad: “Analizamos más alternativas para acelerar la transición a la movilidad eléctrica como la creación de un fondo de inversión para la implementación de buses eléctricos para facilitar la incorporación de flota en bloque, acompañado de apoyo técnico en la estructuración de pliegos y contacto con bancas de financiamiento”.

“Todas las ciudades tienen el objetivo de alcanzar la movilidad eléctrica en sus flotas. El estímulo que les está llegando a través de las leyes son los descuentos en impuestos, aranceles y seguros, más el financiamiento en material rodante”, afirma.

Con el World Resources Institute (WRI) y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) se realizaron estudios para establecer características generales de incorporación técnicas, legales y financieras.

Los Sistemas Integrales de Transporte Masivo (SITM) se comenzaron a implementar en municipios mayores a 600 mil habitantes. Actualmente hay siete concretados: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira.

Más ocho ciudades intermedias de entre 250 y 600 mil habitantes, aunque en el 2019 se quitó esta restricción del límite de ciudadanos por lo que cualquier municipio que quiera realizar una reforma a su sistema de transporte público puede tener acceso a la cofinanciación de Nación.

Eso está plasmado en la Ley 1955 del 2019 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que, entre otros puntos, establece la posibilidad de financiamiento por parte del Gobierno nacional con la condición de incorporar unidades cero o bajas emisiones lo cual representa un costeo del 70% por parte del Gobierno nacional frente al 30% que recae en las arcas locales.

“Si bien todavía hay 5 mil buses Euro II y III en algunos SITP lo importante es el avance progresivo y la reposición con unidades cero o bajas emisiones. Por eso en Bogotá una parte de llama ‘provisional’, se espera que hacia diciembre salgan de circulación”, indica la responsable de la entidad dedicada exclusivamente a brindar apoyo a proyectos de los sistemas de transporte públicos cofinanciados por Nación.

Transmilenio, en la capital colombiana, con la última entrega de 120 unidades eléctricas más las 13 que se vincularon al sistema en noviembre, cierra el año con 133 vehículos nuevos cero emisiones. Debido a esto, logra una flota de 889 buses eléctricos, la más grande del país.

Cali en el Sistema MIO cuenta con 26 buses eléctricos y 21 a gas. Se tienen que incorporar 377 buses y la idea es que sean tipo complementarios duales. Parte de estos vehículos, 110, deben ser eléctricos o de bajas emisiones (mínimo euro V o superior o a gas).

Medellín, con Metroplus, tiene 64 buses patrones eléctricos en operación desde enero del 2020 y un articulado desde el 2018.

Cartagena, a través de Transcaribe, cuenta con 333 unidades circulando, todos a gas. Esto representa el 50% de implementación y se espera que los buses restantes se incorporen vía licitación y gane la tecnología eléctrica.

“El Gobierno nacional tiene claro que se debe ir de la mano con un ordenamiento territorial orientado a la movilidad sostenible para organizar de tal manera que los viajes sean más cortos con unidades no contaminantes que mejoren el transporte público. De lo contrario no alcanzaríamos el propósito de mejorar la calidad de vida”, sostiene Ángel Almario.

Estas medidas se enmarcan también con lo establecido por la Ley 1964 del 11 de julio del 2019, que determina que a partir del año 2025 la reposición de los vehículos de los sistemas de transporte masivo tiene que incorporar flota eléctrica en al menos el 10%, y cada dos años se duplica dicho porcentaje.