La electrificación del transporte público es un desafío que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) enfrenta, aunque no sin barreras.
Luego de la publicación Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 203-2023-ATU/PE, el Estado ha librado autorizaciones extendidas para aquellos operadores que empleen tecnologías eléctricas en sus vehículos.
El reglamento que han actualizado pretende extender los permisos de circulación a los buses a gas y eléctricos.
“Estamos planteando que las autorizaciones se amplíen cuando la flota vehicular sea renovada con tecnologías limpias. Eso es lo que se viene”, señaló José Aguilar, presidente ejecutivo de la ATU.
Vale mencionar que el total de la flota de buses ronda las 22.000 unidades.
En diálogo con Portal Movilidad, distintos actores del sector dan cuenta del impacto de la nueva norma desde distintas ópticas.
“Eso no va a tener ningún resultado”, indica un especialista del sector privado.
Esta posición se fundamenta en que el otorgamiento de una extensión de los plazos no incentiva a la adopción de la tecnología si ello no viene acompañado de una política de financiamiento.
Esto se debe a que los bancos, tanto comerciales como multilaterales, no tomarían como garantía suficiente este permiso.
Fuentes que se han reunido con estos bancos sostienen que “no van a prestar ni un dólar” para el transporte urbano con una simple autorización .
“Los bancos no confían en los contratos que emite la autoridad en la medida en que estos son simples permisos y ni siquiera contratos”, sostiene el entendido.
Otras fuentes de altos cargos vinculadas a la venta de vehículos pesados opinan que este reglamento “es una ventana” para incentivar la tecnología eléctrica mientras se avanzan en los temas pendientes.
Según esta mirada, la extensión de los permisos movilizaría a distintos operadores a realizar las modificaciones en cuanto a la prestación del servicio para acceder a este beneficio.
Vale mencionar que los mismos pueden ser desechos en la medida en que lo considere ATU.
En otro orden de cosas, una de las principales dificultades con las que cuenta la entidad pública para electrificar el servicio refiere a la prevalencia del esquema hombre camión en la operación.
Estos no cuentan con la envergadura suficiente para hacer frente a un crédito u profesionalizar su actividad.
En este sentido, existen dos caminos propuestos: uno tiene que ver con la agrupación de estas pequeñas unidades en firmas más grandes y el otro refiere al llamado de los operadores interprovinciales.
Estos estarían interesados en tomar el negocio del transporte urbano.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra en tratativas para impulsar la exoneración del IGV en unidades eléctricas destinadas al transporte público.
Lo que aún no es seguro es si los buses serán adquiridos por el ente o si serán financiados por el Estado y adquiridos por los operadores.
El sector público peruano podría realizar la compra de los vehículos a través del Ministerio de Transportes mirando las experiencias chilenas y colombianas.
Por lo pronto, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) cuenta con fondos por más de 20 mil millones de soles no afectados al presupuesto nacional que podrían ser destinados a estos fines.
En este sentido, sectores empresariales acuerdan en que la expectativa de tener “buenas noticias” hacia fin de año y miran con buenos ojos a la actual administración de ATU.
Una reunión y más expectativa: ¿Qué dice el MEF sobre la electrificación de la flota urbana de transporte pasajeros?
Días atrás el MEF asistió a una reunión solicitada por distintos actores de la movilidad eléctrica peruana.
Allí el sector convocante solicitó que la cartera expresara su posición y su visión sobre la electrificación del transporte público.
Fuentes presentes en dicha reunión sostienen que el MEF se encuentra “bien alineado”.
“Tienen toda la predisposición para avanzar en la transición hacia buses eléctricos”, remarca un participante de la reunión a Portal movilidad.
Y suma: “Si le das un contrato a largo plazo con estabilidad jurídica y garantía del Estado es más fácil el financiamiento. El MEF está convencido de ello”.
En ese sentido, se caracteriza que si bien el acceso a crédito es dificultoso, es “un problema salvable”.
Por otra parte, se expresa que desde el Ministerio de Transporte debería aprobar una norma de chatarreo.
Según distintos actores consultados, el principal problema yace en la falta de una “política país” que oriente las discusiones y no atomice los debates.
Esto se fundamenta en que, al no existir una directriz común, las articulaciones interministeriales e intersectoriales presentan dificultades.