España | Vehículos Eléctricos
martes 21 de diciembre de 2021
Teresa Ribera dio otra señal para alcanzar objetivo de 100 mil puntos de carga para vehículos eléctricos en España
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que busca cuatro objetivos: impulsar el desarrollo de los puntos de recarga para el vehículo eléctrico, el autoconsumo, la tramitación de los proyectos renovables y controlar el precio de la luz.
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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un paquete de medidas para el sector eléctrico que muestran una señal de estímulo hacia la movilidad eléctrica.

Dentro del plan, está previsto impulsar los puntos de recarga del vehículo eléctrico por toda la geografía del país. «Queremos fomentar su despliegue para que en 2023 alcancemos el objetivo de 100.000 puntos de recarga», ha dicho Ribera.

Para ello se simplificarán los trámites administrativos en su autorización de instalación, especialmente en el régimen de seguridad vial en las carreteras. También se va a obligar a «instalar puntos de recarga en parking con un número importante de plazas y a partir del 1 de enero de 2023 deberán contar con un punto de recarga cada 40 plazas, y en el caso de la Administración Pública deberá ser cada 20».

«Habilitamos a los ayuntamientos para que bajen la presión fiscal en su desarrollo y para ello, se rebajará un 50% el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), otro 50% el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) para las actividades comerciales y un 90% en la exención del impuesto de obras».

Además, se actualizarán las sanciones para aquellos proyectos que no cumplan con las obligaciones.

Pago del canon hidráulico

El Ministerio de Hacienda ha dispuesto un crédito de 1.900 millones de euros con cargo al fondo de contingencia para hacer frente a una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el canon hidráulico que aprobó el anterior Gobierno del PP, obligando al Ejecutivo a restituir a las eléctricas todo lo cobrado por ese concepto.

A principios de año, el Tribunal Supremo anuló la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.

El Tribunal falló sobre varios recursos contencioso-administrativos presentados por Acciona o Endesa, estimando en parte las demandas contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo.

Según ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se prorrogarán estas medidas «porque las perspectivas en los mercados energéticos no son muy halagüeñas».

En concreto, se prorrogan hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación (IVPEE) al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo.

«Además, se incorpora una medida adicional para la industria consumidora de gas, los gasintensivos», ha dicho Ribera. «Sabemos que están sufriendo de manera especial» por la escalada histórica de los precios de esta materia prima. «A partir de ahora los industriales podrán cambiar su tarifa o suspender sus contratos hasta el 31 de marzo del mismo modo que se hizo durante los meses de confinamiento de 2020».

Rebajas fiscales

Coincidiendo con un nuevo récord en el precio de la luz en el mercado mayorista para mañana de 360 euros/MWh, el Gobierno prorrogará hasta el próximo 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores.

También se alargará la cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico. Es decir, se mantienen los descuentos de hasta el 60% y el 70% en su consumo de electricidad hasta el 30 de abril de 2022.

La medida para los industriales había sido reclamada por el sector gasindustrial en los últimos meses, advirtiendo que si no se hacía nada, abocaría al cierre de muchas fábricas. A principios de diciembre, la patronal de estas industrias, GasIndustrial, señalaba que, ante la gravedad de la situación generada en las empresas, que si el Gobierno no aprueba «medidas urgentes y excepcionales con el objetivo de que las cosas no vayan a peor, los paros en las industrias serán irreversibles».

Prórroga de los avales renovables

También, tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno ha aprobado una solución para que los proyectos renovables viables no pierdan su permiso de acceso y conexión a la red este mes de diciembre y en abril próximo.

En esos meses, más de 100 GW renovables podrían perder su permiso de punto de acceso y conexión si no se conectan a tiempo a la red eléctrica. Su principal problema es el cuello de botella que se produce en las administraciones, tanto autonómicas como estatal, principalmente para conseguir la ansiada Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La prórroga será de seis meses y además, «se abrirá una ventanilla a lo largo de un mes para aquellos promotores que renuncien a un punto de acceso y conexión, bien porque lo vean difícil de llevar a cabo o por cualquier otra razón, pudiendo recuperar sus avales», ha dicho la ministra.

Facilitar el autoconsumo

Otro de los bloques que se incluyen en este nuevo Real Decreto Ley es el impulso a las instalaciones de autoconsumo solar. «Desde que se inició este Gobierno, en 2018, se ha multiplicado por 2,5 el autoconsumo en España, no solo con la supresión del ‘impuesto al sol’ sino con regulación adicional», ha dicho la vicepresidenta tercera.

«Hoy contamos con casi 3.000 MW instalados, y nuestro objetivo del PNIEC para 2030 es de unos 9.000 MW, pero hemos visto que podrían ascender a 14.000 MW visto el interés que hay en la sociedad».

Por ello, han adoptado algunas novedades que permitan agilizar este sector. Entre ellas, se incluye «aligerar las cargas que permita verter los excedentes de producción a la red eléctrica, y facilitar el autoconsumo colectivo con la inclusión de todo tipo de actores (personas jurídicas o individuales), en alta y baja tensión».

También se «eximirá de presentar avales hasta determinado tamaño de instalación, y se ordenarán los sistemas de información para que se conecten los registros de las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio».

Por último, «se aprueba un régimen sancionador para desincentivar a distribuidoras y comercializadoras» a que pongan trabas a la incorporación del autoconsumo con excedentes a la red eléctrica.

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