El sector privado de México sostiene el diálogo con autoridades nacionales a partir de sus asociaciones.

Por su parte, el Gobierno también abre el juego y convoca a empresas desde la Secretaría de Economía, Medio Ambiente, Transporte y Relaciones Exteriores.

Rodolfo Hernández Casanova refiere a las demandas del sector privado en diálogo con el gobierno.

En el marco del evento titulado Movilidad eléctrica y sostenible en México, organizado por Portal movilidad, Rodolfo Hernández Casanova, Sustainable Transport Solutions Manager en Scania México, aporta coordenadas sobre estos intercambios y su posición.

Sobre ello, indica que forma parte de un grupo de trabajo en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Allí, en conjunto con otras firmas y actores del gobierno, propuso la exención del IVA para vehículos eléctricos como un beneficio fiscal a aplicar en México.

Si bien considera que este incentivo es “muy potente”, también admite que “puede asustar a algunos”.

Cabe destacar que Hernandez Casanova forma parte de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), desde donde se apunta a generar incentivos fiscales y no fiscales para los rodados cero emisiones.

Y resalta: “Entre iniciativa privada y gobierno tenemos tareas enormes”.

Vale mencionar que actualmente rigen beneficios a los vehículos cero emisiones como la exención del Impuesto a los Automóviles Nuevos (IAN) y a la verificación vehicular.

En otro orden, gobiernos estatales o locales aplican beneficios como descuentos y parqueos preferenciales.

Otro punto a tratar, según el gerente de Scania e integrante de ANPACT, es la distribución eléctrica.

En ese sentido, considera que la producción de energía eléctrica no es un problema, aunque sí su llegada a los puntos de carga.

Al respecto, las asociaciones automotrices no son las únicas que plantean que se debe fortalecer la distribución para abastecer a la movilidad eléctrica.

Por su parte, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) también apunta a “robustecer” la red eléctrica.

Salvador Portillo, su presidente, indica que si no se trabaja sobre la infraestructura eléctrica y aumenta la participación de energías renovables, no existirá posibilidad de desarrollar la movilidad eléctrica en el país.

Leer más: CANAME sobre electromovilidad: “Debemos encontrar una base de generación energética sustentable”

¿Alcanzan las metas del sector privado?

Al respecto de la distribución, Hernández Casanova sostuvo que de no existir infraestructura para la energía, las apuestas privadas podrían no dar resultado.

“Por más que las empresas tengamos un objetivo para 2030 o 2040 la distribución puede ser una limitante”, expresa.

En ese sentido, existen al menos 100 empresas en el país que aplican los criterios ESG, siglas que responden en inglés a las palabras Environmental, Social and Governance.

Las empresas que se disponen estos objetivos y criterios lo hacen sobre factores que las convierten en unidades de negocio sostenibles a través de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno, sin descuidar los aspectos financieros.

Se trata de una evolución de lo conocido como Inversión Socialmente Responsable (ISR) que surge a inicio de la década del 2000.

De llevar adelante, por ejemplo, la reducción de emisiones a través de estos criterios repercute en la capacidad de la firma para recibir inversiones, entre otras externalidades positivas en términos de negocio.

Según expertos, de las 100 firmas mencionadas, 70 avanzarán hacia la electrificación de su flota durante el próximo año.

Las metas de las propias empresas podrían aportar a la adopción de la electromovilidad en las flotas de última milla, aunque podrían no ser suficientes para los vehículos de carga.

Esto se debe a que los mismos necesitan de puntos intermedios en carretera.

Además de las metas privadas, también el gobierno ha establecido objetivos para la electrificación del transporte a través de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME).

En ese sentido, ha indicado que hacia el 2030 deberían existir en circulación más de 300.000 vehículos eléctricos de carga.

Rodolfo Hernández Casanova califica a este objetivo como “optimista”. A su vez, indica que ANPACT expresó esta postura ante las autoridades de la SEMARNAT.

A pesar de las disonancias en torno a la rigurosidad de los objetivos, desde el sector privado se considera positivo la articulación y el diálogo público – privado que ha generado la formulación de la estrategia.

Aquí el evento completo: