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martes 28 de mayo de 2024
Cambio legislativo. Colombia busca qué hacer con residuos asociados a vehículos eléctricos
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) de Colombia, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentaron un estudio para diseñar una estrategia orientada a promover la gestión y aprovechamiento sostenible de dichos residuos. ¿Qué contempla?
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Colombia avanza en la necesidad de una estrategia que promueva el aprovechamiento sostenible de residuos asociados a vehículos eléctricos.

Si bien la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica tiene como meta la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos a 2030, junto con el desarrollo de la electromovilidad, no hacen referencia directa a los residuos asociados a los vehículos cero emisiones.

A partir de dicha problemática, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentaron un estudio para diseñar una estrategia  de mediano y largo plazo orientada a promover la gestión y aprovechamiento sostenible de dichos residuos.

En Colombia, la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) domésticos en el 2014 se estimó en 252.000 toneladas, equivalente a 5,3 kg por habitante, según reportan.

El principal obstáculo para la gestión y el desarrollo de los RAEE es la regulación normativa existente. Es necesario fortalecerla y establecer nuevas líneas de acción para generar políticas de gestión del final de la vida útil de estos productos.

La propuesta es una adaptación del marco jurídico colombiano que sea coherente con los estándares internacionales. 

Buscan promover la economía circular, la responsabilidad extendida del productor como estrategia para la gestión ambiental de los RAEE generados, promoviendo incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías para su gestión y desarrollo de mercados para los productos recuperados.

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¿Cuáles son los puntos que buscan modificar en Colombia?

En Colombia está en vigencia la Resolución 851, un instrumento jurídico innovador dentro del ordenamiento jurídico colombiano para la gestión de RAEE, que no contempla ciertos lineamientos.

Entre algunos puntos que faltan, no están especificados los incentivos, estímulos o fomentos a la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico, orientados a una gestión integral de RAEE y no menciona específicamente a los residuos generados por fotovoltaicas y vehículos eléctricos.

A partir de este contexto, se propone ampliar la regulación de los sistemas de recolección a todos los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) provenientes de instalaciones fotovoltaicas y vehículos eléctricos que se comercializan en el país, mediante una modificación del Anexo 1 de la Resolución 851. 

Otro punto que buscan ampliar es la generación de incentivos de formación, investigación y desarrollo tecnológico.

A su vez, resulta necesario promover un convenio interadministrativo entre el MADS y el Ministerio de Educación a fin de promover cursos, diplomados, becas y estrategias de formación profesional encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores para promover estrategias de gestión eficiente de los residuos.

En tanto, buscan actualizar la política nacional de gestión integral de RAEE publicada por el MADS en el año 2017 y la política de producción y consumo sostenible publicada por el MADS en el año 2010.

La finalidad es incluir lineamientos generales respecto al diseño de las instalaciones fotovoltaicas y los vehículos eléctricos que faciliten la gestión, su posible actualización y su reutilización, desmontaje y reciclaje.

En consideración a la Resolución 851, es necesario incluir obligaciones directas para la autoridad ambiental respecto a la recolección y seguimiento de la información puesta a disposición por los productores respecto a los sistemas de recolección y gestión de RAEE.

También mencionan la creación de un sistema de información completo que permita tener información sobre la cantidad de AEE de instalaciones fotovoltaicas y vehículos eléctricos para monitorear su vida útil, su ubicación en el país y poder desarrollar con tiempo políticas de gestión de estos residuos. 

Esta herramienta permitiría tener en tiempo real, un intercambio de información, recomendaciones, puntos de recolección, disposición y un intercambio de tecnologías y buenas prácticas. 

También subrayan la importancia de que las corporaciones autónomas regionales y autoridades ambientales competentes continúen actualizando el listado de gestores de RAEE de manera que exista información clara y completa frente a los gestores autorizados, las resoluciones que autorizan su actividad, su ubicación, tipos de RAEE que gestionan, tipo de manejo, tratamiento y aprovechamiento y capacidad.

También se pone sobre la mesa que el Gobierno Nacional genere mecanismos y estrategias para fomentar el comercio de los productos resultantes de aprovechamiento de los AEE. 

Proponen la adopción de una ley que establezca obligaciones de reúso de los materiales recuperables provenientes de los RAEE de proyectos fotovoltaicos y movilidad eléctrica.

Según el tipo de residuos y la industria se podrá imponer la obligación del uso de un porcentaje específico reciclable para incentivar el uso de los materiales recuperados.

El rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, como ente rector de la política exterior del país y como enlace a nivel político de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMAS) de los cuales hace parte Colombia, debe fortalecerse.

Ya que la gestión final de los paneles solares y los componentes de los vehículos eléctricos es fundamental para garantizar la transición energética, debe tenerse en cuenta la apertura de nuevos mercados, la consecución de nuevos inversionistas y la cooperación técnica.

Por último, se sugiere que el Gobierno Nacional reglamente el Comité Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con las tareas de fomentar y fortalecer la política para sus manejos y hacer un seguimiento y verificar el desarrollo de las polìticas, estrategias y programas que garanticen una gestión integral, entre otras.

 

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