Samborondón, uno de los sectores de mayor poder adquisitivo en Guayaquil, Ecuador, que se perfila como una “ciudad inteligente”, será el centro de un proyecto liderado por Rayo Carga, empresa fundada por Bernardo Espinel, con puntos de carga para vehículos eléctricos.
Este plan busca instalar conectores en urbanizaciones privadas, lo que impulsaría la adopción de vehículos eléctricos en un contexto donde la infraestructura aún enfrenta retos.
“Nuestro objetivo es ofrecer soluciones prácticas y sostenibles para las personas que viven en urbanizaciones y carecen de alternativas adecuadas para cargar sus vehículos eléctricos”, explica Espinel en diálogo con Mobility Portal Latinoamérica.
La iniciativa, en colaboración con el Municipio de Samborondón, propone una ubicación estratégica para los cargadores, optimizando el uso de recursos eléctricos y evitando sobrecargas en las redes de distribución.
Un modelo adaptado a necesidades locales: al menos un cargador por urbanización
“En Ecuador, la mayoría de los departamentos y casas tienen parqueos privados, lo que reduce la necesidad de puntos públicos, pero genera otros retos para la instalación en urbanizaciones”, explica.
En ese sentido, adelanta que contempla iniciar con 50 urbanizaciones, cada una con al menos un cargador eléctrico, cuya capacidad de ampliación dependerá de la demanda futura.
“Estamos creando oferta para generar demanda», enfatiza sobre el objetivo de preparar el terreno para una mayor penetración de vehículos eléctricos en el mercado.
De esa manera, también proporcionan una solución centralizada para evitar problemas estéticos y técnicos derivados de la instalación individual de unidades.
¿Cómo avanzar en electromovilidad y puntos de carga ante una crisis energética?
La crisis energética que atraviesa el país afecta, sin lugar a dudas, las ventas de vehículos eléctricos.
Según Espinel, concesionarios que vendían hasta siete vehículos eléctricos mensuales reportaron cero ventas durante los meses más críticos.
En cuanto al desarrollo de la infraestructura de carga en el país, un punto importante son los trámites y las tarifas asociadas a los puntos de carga.
“No es muy complejo instalar cargadores, lo complejo está en la empresa eléctrica que todavía no tiene establecido un proceso. Ni siquiera hay un departamento que se encargue de esto», señala.
Uno de los problemas más destacados es la falta de un sistema eficiente para otorgar medidores específicos para vehículos eléctricos, lo que implica largas demoras.
“El medidor del vehículo eléctrico tiene una tarifa mucho más baja que la de uso residencial, pero está limitado a su propósito. Si conectas otro dispositivo, como un aire acondicionado, puedes recibir fuertes multas”, añade.
El cobro fijo por demanda contratada en puntos públicos, independientemente de si estos son utilizados, se suma al listado.
“Aunque el cargador no se use, te cobran mes a mes el monto mínimo. Esto desincentiva a las empresas a instalar puntos de carga en lugares de baja demanda”, comenta.
Para abordar esta problemática, se está trabajando en presentar una reforma, que propone eliminar este cobro en caso de no uso del cargador, incentivando nuevas inversiones en infraestructura.
A pesar de estos obstáculos, subraya la importancia de los incentivos municipales.
Actualmente, algunos gobiernos locales ofrecen beneficios como descuentos en pagos prediales para propietarios de vehículos eléctricos y empresas que instalen infraestructura.
Sin embargo, Espinel cree que hace falta mayor apoyo a nivel nacional.
“Si las empresas pudieran deducir al 100% los gastos en publicidad de vehículos eléctricos, la comunicación de sus beneficios llegaría a más personas y fomentaría un cambio significativo”, sostiene.
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