Si bien en Brasil aún no existe una Ley de Electromovilidad, el tamaño de su mercado automotriz -el más grande de Sudamérica- y la constante expansión del parque vehicular cero o bajas emisiones, impulsa muchas nuevas normativas en ese sentido.

Un relevamiento de Mobility Portal Latinoamérica da cuenta de la situación actual de la legislación relacionada a la electromovilidad (lo que incluye infraestructura de carga) y, en especial, los proyectos que se debaten en los diferentes niveles de gobierno: Federal, Estadual y Municipal.

Proyectos federales vinculados a la movilidad eléctrica

Uno de los proyectos más ambiciosos actualmente en trámite en la Cámara de Diputados es el Proyecto de Ley 497/2025, presentado en marzo de este año.

La iniciativa propone deducciones en el Impuesto sobre la Renta para personas físicas y jurídicas que inviertan en infraestructura de carga y energías renovables aplicadas a la movilidad eléctrica.

El texto establece que las personas físicas podrán deducir hasta 10% del valor total de su renta imponible y las empresas hasta 15% del impuesto debido, siempre que los fondos se destinen a:

• Instalación de cargadores públicos o compartidos para vehículos eléctricos.
• Sistemas de generación solar o eólica vinculados a puntos de recarga.
• Baterías estacionarias o microrredes renovables con acceso abierto.

Otro proyecto que ha generado fuerte repercusión es el PL 158/2025, que busca garantizar el derecho de los propietarios en condominios a instalar cargadores para vehículos eléctricos en sus espacios privados de estacionamiento.

La carga hogareña impulsa la movilidad eléctrica en Brasil.

La propuesta, también en análisis en la Cámara de Diputados, impide que las administraciones de edificios prohíban estas instalaciones siempre que se realicen bajo normas técnicas y sin afectar las áreas comunes.

En relación a esto, el PL 2156/21, que establece que la instalación de puntos de recarga de acceso privado en los edificios nuevos solo debería fomentarse, en lugar de ser obligatoria como preveía el texto original, se encuentra en su última fase de discusión.

El texto aprobado por comisiones además busca determinar una Política Nacional de Movilidad Eléctrica, que incluye entre otros puntos:

• Incentivos para la compra de vehículos eléctricos
• La viabilidad de una red de puntos de recarga para las baterías de estos vehículos
• Adopción de medidas que faciliten la conversión de vehículos con motor de combustión a vehículos eléctricos
• Establecer garantías para la comercialización de electricidad para la movilidad eléctrica
• Regular la gestión de operaciones de la red de movilidad eléctrica.

Estados buscan retener inversiones con beneficios impositivos

Ante los cambios comerciales que produjo la restauración de aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos e híbridos —que pasaron de 0% a una tasa de 18% y será del 35% el año próximo— varios estados brasileños están reactivando o presentando nuevas leyes para atraer inversiones en movilidad eléctrica.

En Mato Grosso do Sul, se encuentra en tratamiento un proyecto de ley del diputado Roberto Hashioka que propone una reducción de hasta el 70% del IPVA (Impuesto a la Propiedad de Vehículos) para vehículos eléctricos.

En Piauí, Maranhão y Ceará, ya existen leyes que eximen completamente del IPVA a estos vehículos.

En São Paulo, legisladores estaduales analizan nuevas propuestas para restablecer beneficios fiscales que estuvieron vigentes hasta 2020, como el descuento del 50% en el IPVA para híbridos y eléctricos.

Santa Catarina tiene 35 estaciones de carga pero planea llegar a 100 este año.

Estos incentivos buscan no solo facilitar la compra de VE, sino también atraer fábricas y centros logísticos de marcas internacionales interesadas en producir localmente, en un momento en que fabricantes como BYD ya comenzaron operaciones industriales en Brasil.

La expansión de puntos de carga también es tema de legislación estadual vinculados a la consolidación de la movilidad eléctrica.

En Santa Catarina, el gobierno local —en alianza con la empresa estatal Celesc— impulsa un proyecto para instalar 100 cargadores públicos en corredores estratégicos antes de fin de 2025.

La Asamblea Legislativa respaldó la creación de la “Ruta Eléctrica Catarinense” con incentivos financieros a municipios que alojen infraestructura de recarga.

Algo similar ocurre en Paraná, donde la red “Eletrovia PR” ya opera con cargadores rápidos y fue autorizada por ley estadual para recibir inversión pública.

Un Proyecto de Ley (PL), el 306/25, presentado por el diputado Donato (PT) que se tramita en la Asamblea Legislativa de São Paulo (Alesp), obliga a las concesionarias que administran carreteras del Estado a instalar puntos de carga rápida para vehículos eléctricos.

Estos puntos de recarga deberán estar ubicados en Estaciones de Servicio al Usuario (SAU) en las carreteras, con cargadores de corriente continua (DC) y una potencia mínima de 30kW.

Municipios legislan para una infraestructura urbana más robusta

En las ciudades, los concejos deliberantes también avanzan con marcos normativos orientados a fortalecer la red de recarga, clave para que la movilidad eléctrica se consolide.

En Curitiba, por ejemplo, se debate una propuesta que obligaría a centros comerciales y estacionamientos públicos nuevos a instalar un cargador cada 50 plazas de estacionamiento.

São Paulo, en tanto, ya modificó su Código de Obras en 2021 para exigir que los edificios nuevos cuenten con infraestructura mínima para carga de VE, como preinstalación de cableado, puntos de energía y espacios reservados.

En abril de 2025, se presentó a la Cámara Municipal de Porto Alegre un proyecto de ley complementario para determinar la sustitución progresiva de la flota de vehículos de transporte público por autobuses eléctricos por parte de los operadores.

Los operadores de servicios de transporte público deberán, en el plazo de diez años, sustituir el 50% de su flota por vehículos eléctricos y, en el plazo de 20 años, sustituir el 100% de su flota por vehículos eléctricos.

Desafíos para un sector en constante movimiento

El sector se reacomoda también ante la reforma tributaria. El nuevo esquema introducirá desde 2027 un “impuesto selectivo” a productos contaminantes, que al momento consideraría a los eléctricos dado que «contaminan durante la producción y descarte de sus baterías» según los legisladores que apoyaron su sanción.

Mientras estas preguntas se debaten en comisiones y despachos, el mercado sigue avanzando: las ventas de vehículos ligeros electrificados (BEV, PHEV, HEV y HEV Flex) alcanzaron 14.380 unidades en marzo de 2025.

Según cifras de ABVE, en la comparación interanual (13.613) esto implica un aumento del 31,5%.

La legislación se convierte entonces en un terreno clave para definir el ritmo, el acceso y la dirección de esa transformación hacia una movilidad eléctrica sólida a nivel nacional.