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martes 30 de julio de 2024
Relevamiento. Los proyectos de ley eMobility de los países con industria automotriz en latinoamérica
En América Latina, Brasil, México y Argentina son los gigantes de la industria automotriz. Sin embargo, al hablar de proyectos de ley sobre electromovilidad, algunos van a toda velocidad mientras que otros quedan rezagados.
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Para comprender qué país automotor de Latinoamérica lidera la carrera hacia la descarbonización, es fundamental analizar las iniciativas legislativas propuestas, que actualmente funcionan como brújula de la transición.

Aquí, Mobility Portal Latinoamérica recorre los proyectos de ley eMobility de Brasil, México y Argentina.

Brasil

Los brasileños están a punto de dar un paso clave con la esperada sanción del programa Movilidad e Innovación Verde (Mover) por parte del presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. 

Este programa, que ya fue aprobado en la Cámara de los Diputados con 380 votos a favor y apenas 26 en contra, busca incentivar inversiones en nuevas tecnologías y aumentar los requisitos de descarbonización del parque automotor brasileño. 

Lanzado a finales del año pasado, Mover ya generó una ola de anuncios de inversiones en el sector automotriz. 

La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios en colaboración con los Ministerios de Finanzas y de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como objetivo ampliar las inversiones en eficiencia energética

Establece límites mínimos de reciclaje en la fabricación de vehículos y crea el IPI Verde, un sistema que recompensa a quienes contaminan menos con impuestos más bajos. Además, aumenta los requisitos de sostenibilidad para los vehículos nuevos vendidos en el país.

Pero Brasil no se detiene ahí. Otros proyectos de ley también están en marcha para impulsar la descarbonización.

Ampliación de puntos de carga

Por ejemplo, una iniciativa legislativa busca hacer obligatoria la instalación de puntos de carga para coches eléctricos en estacionamientos públicos, privados de uso colectivo y vías públicas del país. 

El Proyecto 710/23, que está en tratativa en la Cámara de los Diputados, entraría en vigor un año después de su aprobación. La reglamentación quedaría en manos del Poder Ejecutivo.

En estacionamientos privados, el 5% de las plazas reservadas deberían contar con puntos de carga, y en los públicos sería del 2%. En vías públicas, la oferta de estaciones de carga correspondería a las empresas energéticas y podría considerarse el cobro por su uso. 

Este proyecto también contempla la publicación del documento “Normas y reglamentos para la movilidad eléctrica en el marco de Brasil”, con el objetivo de fomentar la electromovilidad en un escenario internacional. 

Autonomía de vehículos eléctricos

Otro tema candente es la normativa para la autonomía de los coches eléctricos, que genera controversia en Brasil. 

El Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro) propone un descuento del 30% en relación al valor certificado de los fabricantes de automóviles eléctricos.

Esta medida unificaría la información sobre la autonomía de estos vehículos bajo el Programa Brasileño de Etiquetado Vehicular (PBEV), que ya muestra datos sobre eficiencia energética, consumo, autonomía y emisión de gases de todos los vehículos de paseo, camionetas y utilitarios a la venta en Brasil.

México

Un punto de inflexión aparece en el escenario mexicano. Es que en el contexto de electrificación del parque vehicular de Estados Unidos y Europa, faltan proyectos para que México consolide su posición como productor y exportador.

Fue para dar una respuesta que el gobierno elaboró la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), lo que significó un puntapié para empezar a darle marco normativo a la transición

Entre los ejes centrales destacan la reducción progresiva de aranceles para importar unidades eléctricas, la deducibilidad de los activos cuando estos vehículos presten un servicio a terceros y la estandarización de los cargadores según tipo, voltaje, sistema operativo y forma de pago.

Se avanzó, por su parte, en un primer paquete de medidas para el sector apuntalado en los beneficios fiscales.

Con una reducción del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante tres años y hasta un 90% en los tres siguientes para las empresas que instalen sus plantas en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A su vez, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó a principios de marzo una reforma para garantizar la sustitución gradual de vehículos de combustión por eléctricos e híbridos en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Entendiendo a los incentivos como pata fundamental para alcanzar la electrificación, una diputada lanzó recientemente una iniciativa para crear Ley de Fomento a la Electromovilidad.

Se trata de Alma Delia Navarrete Rivera (Morena), quien impulsó el proyecto para promover la adopción de tecnologías de movilidad automotriz con bajas emisiones de contaminantes. 

Argentina

Mientras tanto, el nuevo gobierno de Argentina apunta a una mayor iniciativa del sector privado, menos intervención estatal y precios de libre mercado. 

No obstante, el año pasado, la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA) presentó un proyecto que aún se encuentra en trámite parlamentario. Esta propuesta se basa en el proyecto de Ley de Promoción de la Electromovilidad, pero incorpora aportes de proyectos previos de AAVEA, así como de legisladores de diversas bancadas y partidos, además de otras críticas y sugerencias.

La iniciativa elaborada primeramente por el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, incluía beneficios para la producción y exportación de vehículos eléctricos, incentivos a la producción de electropartes, beneficios para la producción de vehículos de movilidad personal eléctricos, incentivos a la formación profesional y regulación del retrofit.

“No se trata de una mirada parcial. Debemos generar una normativa que ayude tanto al desarrollo de las energías alternativas como al desarrollo de la industria”, enfatizaba la diputada del Pro, Silvana Giudici, quien tiene como meta «apurar» el consenso para establecer un marco en el país.

Por otro lado, el diputado nacional Jorge Rizzotti presentó un proyecto de ley para promover la utilización de vehículos eléctricos y tecnologías alternativas producidas en Argentina

Dicho proyecto propone aranceles de importación reducidos para autopartes, repuestos y kits de conversión, reducción del IVA, amortización de ganancias, exención de bienes personales, promociones en forma de crédito fiscal, un plan estratégico nacional, un cupo mínimo en la flota de vehículos del Estado y otros beneficios y metas. 

El objetivo es fomentar la utilización creciente y sostenida de vehículos eléctricos y tecnologías alternativas producidos en el país.

Así, la carrera por la electromovilidad en América Latina presenta un panorama diverso: mientras que Brasil y México avanzan con marcos legislativos y fiscales importantes, Argentina mira de lejos una estrategia enfocada en la sostenibilidad. 

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