En un momento decisivo para la transición energética de México, el Poder Legislativo debate dos iniciativas clave que buscan fomentar la electromovilidad como política de Estado.

Aunque distintas en su forma jurídica, ambas comparten el objetivo de avanzar hacia un transporte de bajas emisiones y alinearse con los compromisos climáticos internacionales.

Una de las propuestas fue presentada por el senador Mauricio Vila Dosal y consiste en una reforma puntual a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

La otra, de autoría de las diputadas Alma Delia Navarrete Rivera y Alma Monserrat Córdoba Navarrete, propone una nueva Ley de Fomento a la Electromovilidad.

Mobility Portal Latinoamérica analiza ambas propuestas para establecer sus puntos más relevantes, similitudes y diferencias.

El proyecto de Vila Dosal: reforma para integrar la sustentabilidad

Esta iniciativa, ingresada al Senado en abril de 2025, modifica el artículo 4º de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de incorporar el concepto de transporte sustentable y de bajas emisiones dentro de los principios rectores de la planeación de la movilidad.

“Resulta urgente tomar medidas que contribuyan a disminuir las emisiones contaminantes generadas por el transporte terrestre, las cuales

El Senador Vila Dorsal impulsa una reforma a la vigente Ley de Movilidad.

representan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente”, sostiene Mauricio Vila Dosal en la exposición de motivos del proyecto.

El senador destaca que la actual redacción de la ley, si bien alude a la sustentabilidad, no incluye una orientación explícita hacia tecnologías limpias como la electromovilidad.

Por ello, propone introducir lineamientos que prioricen sistemas integrados de transporte público sustentable con tecnologías de bajas emisiones.

“El transporte debe dejar de ser una fuente significativa de contaminación para convertirse en un factor que contribuya al bienestar social y al cumplimiento de los compromisos internacionales de México”, agrega Vila Dosal.

La ley de fomento a la electromovilidad: una norma integral y especializada

Por su parte, la iniciativa impulsada por las diputadas Navarrete Rivera y Córdoba Navarrete, presentada inicialmente en 2024 y retomada en noviembre del mismo año, propone la creación de una nueva Ley de Fomento a la Electromovilidad.

A diferencia de la propuesta del Senado, esta iniciativa busca establecer un marco legal completo y exclusivo para regular el desarrollo de la movilidad eléctrica en México.

“La electromovilidad se posiciona como una alternativa eficaz para reducir emisiones, optimizar el uso de energías limpias y mejorar la calidad del aire en zonas urbanas”, señala el documento legislativo.

Entre los pilares de la ley destacan:

• La elaboración de una Estrategia Nacional de Electromovilidad.
• La creación de incentivos fiscales y financieros para usuarios y empresas.
• El desarrollo de infraestructura de carga eléctrica en coordinación con gobiernos estatales y municipales.
• La promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de talento humano en el sector.

Además, la propuesta incluye la definición de parámetros para clasificar los vehículos eléctricos y establece lineamientos para la incorporación de unidades eléctricas en flotas gubernamentales.

Coincidencias: compromisos climáticos y foco en bajas emisiones

Ambas iniciativas convergen en varios aspectos clave:

• Están alineadas con el Acuerdo de París y la Agenda 2030, compromisos internacionales suscritos por México para reducir su huella de carbono.
• Enfatizan la necesidad de transformar el sistema de transporte terrestre, que actualmente es responsable de más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
• Apuntan a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y fomentar la colaboración público-privada.
• Reconocen el rol estratégico del transporte público eléctrico como eje central de la movilidad sustentable.

Diferencias: enfoque normativo y profundidad regulatoria

No obstante, las iniciativas difieren en su naturaleza jurídica y alcance operativo:

La propuesta de Vila Dosal es una reforma puntual, que introduce una visión sustentable dentro de un marco legal ya existente. Es decir, busca que la ley madre oriente de manera explícita la planeación de la movilidad hacia tecnologías limpias, pero sin establecer medidas concretas o instrumentos específicos.

En cambio, la iniciativa de las diputadas Navarrete Rivera y Córdoba Navarrete constituye una ley especializada, con capítulos, objetivos y atribuciones propias. Regula incentivos, crea nuevas obligaciones y traza un camino detallado para el desarrollo de la electromovilidad.

Este contraste sugiere que ambos proyectos podrían ser complementarios. La reforma alinea la visión general de movilidad con criterios de sustentabilidad, mientras que la nueva ley ofrecería herramientas concretas de implementación.

¿Cuál es el estado actual de ambas iniciativas?

Ambos proyectos fueron presentados formalmente y turnados a comisiones para su análisis. Al momento de esta publicación, ninguna de las dos propuestas ha sido aprobada ni archivada, y se encuentran en discusión legislativa.

• La ley de electromovilidad fue relanzada en noviembre de 2024 y actualmente está bajo revisión en las Comisiones Unidas de Movilidad y de Medio Ambiente, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Por su parte, la reforma de Vila Dosal está siendo evaluada por comisiones del Senado.

La simultaneidad de ambos proyectos refleja una creciente voluntad política por dotar al país de una normativa clara y moderna en materia de movilidad eléctrica.

“Necesitamos transformar nuestras ciudades en espacios donde el transporte público sea la opción más eficiente, accesible y limpia para todas las personas”, concluye Vila Dosal, resumiendo el espíritu que atraviesa ambas iniciativas.