En Costa Rica, hay presión por parte de los usuarios de transporte privado para que se logre avanzar en el proyecto de ley que plantea crear una red de carga para vehículos eléctricos, cuyas estaciones serían operadas por los distribuidores de electricidad.

El dato alentador es que el mismo avanza a pasos firmes ya que ha superado la etapa de revisión en la comisión correspondiente, logrando un consenso significativo.

«Sigue el transcurso en la corriente legislativa, ya fue asignado a la Comisión de Ambiente’’, adelanta Kattia Cambronero Aguiluz, diputada del Partido Liberal Progresista, en diálogo con Mobility Portal Latinoamérica.

Es importante mencionar que dentro de la Comisión, se llevará a cabo un análisis exhaustivo que implica consultar a expertos en el tema y revisar los criterios técnicos de las entidades pertinentes. Esto permitirá determinar si la propuesta legislativa se ajusta adecuadamente a los requerimientos establecidos.

En consecuencia, se espera que en el próximo periodo de sesiones ordinarias se revise el proyecto de ley.

‘’Este proyecto de ley es una necesidad urgente’’, asegura Kattia Cambronero Aguiluz. 

Cabe destacar que, el país ha visto un aumento notable en la venta de vehículos eléctricos, duplicando las cifras año tras año, pero el crecimiento no ha sido acompañado por un incremento proporcional en los puntos de recarga necesarios para estos vehículos.

De allí, surge la necesidad de eficientizar la red de carga para estar a la altura de la situación del transporte eléctrico del país.

El proyecto en detalle

El proyecto de ley plantea que cada estación de recarga debería instalarse al menos cada 80 kilómetros en carreteras nacionales y mínimo cada 120 kilómetros en caminos cantonales.

Sin embargo, el Ministerio podría modificar los requerimientos de distancia si lo considera necesario, de acuerdo con el crecimiento anual y proyectado del parque vehicular eléctrico.

Además, el documento señala que las distribuidoras de energía eléctrica podrán prestar el servicio de recarga solas o a través de alianzas, asociaciones, coinversión u otras estructuras de negocio.

Por otro lado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos será la que establezca las tarifas que podrán cobrar las distribuidoras de recarga.

Así planean garantizar que la red de carga sea accesible

Actualmente, la obligatoriedad de los puntos de carga está en manos de las distribuidoras de energía, como ICE (zonas rurales en todo el país), CNFL (San José), ESPH (Heredia), JASEC (Cartago), Coopeguanacaste (Guanacaste), Coopealfaroruiz (Alfaro Ruiz), Coopesantos (Zona de los Santos) y Coopelesca (San Carlos).

Según comenta la diputada Cambronero, esto es un limitante para que actores privados o terceros, como restaurantes, hoteles u otros establecimientos, tengan la posibilidad de ofrecer el servicio de carga.

La propuesta del proyecto de ley busca eliminar este obstáculo, permitiendo que terceros con ubicaciones estratégicas, como centros comerciales, también puedan instalar puntos de recarga. 

Esto se debe a la capacidad de inversión y control que tienen las distribuidoras sobre los equipos de carga, así como a la necesidad de un tránsito considerable para que la operación sea rentable.

La razón detrás de este proyecto radica en hacer más conveniente la recarga para los usuarios finales, así como en abrir nuevas oportunidades comerciales para los propietarios de espacios estratégicos. 

Se espera que esta medida fomente tanto la demanda como la oferta en el mercado emergente de vehículos eléctricos.

Los desafíos que restan

La implementación de esta ley enfrentará algunos desafíos anticipados. 

Uno de los principales será establecer una conexión efectiva entre las distribuidoras de energía y los privados interesados en brindar el servicio de carga eléctrica, lo que requerirá definir acuerdos claros. 

Además, se deberá elaborar un esquema tarifario equitativo que incentive la inversión privada sin desalentar la participación de las distribuidoras. 

Aunque la seguridad se considera un tema más competente para los inversores privados, garantizar en los puntos de carga será fundamental. 

Estos retos exigirán una colaboración estrecha entre diversos actores para asegurar el éxito de la implementación de la ley.