En noviembre el Ayuntamiento de Elche recibió casi cuatro millones de euros para la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Ocho meses después y elecciones de por medio, la nueva coalición de gobierno ha confirmado que no llevará adelante la política pública.
También ha anunciado el desmantelamiento de los carriles bicicletas de Avenida Juan Carlos I, calle Mariano Soler Olmos y José María Buck.
Liderada por Carlos Mazón del Partido Popular y partido socio de gestión, Vox, la gestión entrante, realizó declaraciones poco claras en tanto al plan de transporte.
Anunció que promoverán un uso eficiente de los medios de transporte «pero sin imposiciones ni tutelas».
El pasado jueves la coalición difundió el programa de gobierno que llevarán adelante para la ciudad.
En él se desarrollan cincuenta medidas y ninguna mención a la crisis climática ni a la movilidad sustentable.
Es sabido que Elche fue el primer municipio de la provincia en incorporar un autobús 100% eléctrico a su flota de transporte público.
El gobierno saliente, liderado por Carlos González, realizó una inversión de 13 millones de euros para poder incluir vehículos cero emisiones a la flota pública de transporte.
Se trata de un plan que incluyó la modernización de 34 vehículos: 26 autobuses híbridos incorporados entre 2020 y 2023 y ocho eléctricos; siete de ellos a sumar este verano.
La cifra total implica que el 57%, de transporte urbano de autobuses de Elche sea libre de combustión.
Gonzáles afirmó: “Se ha llevado a cabo la mayor inversión pública realizada en transporte y movilidad sostenible en las dos últimas décadas”.
El Partido Socialista del País Valenciano sostuvo que la implementación de los ocho autobuses eléctricos durante 2023 permitiría la reducción de 1.642 toneladas de carbono.
Ahora el plan de descarbonización se encuentra entre signos de interrogación.
¿Qué pasará con las inversiones realizadas en materia de transporte sustentable?
¿Elche va por el camino de Castillón?
La coalición de derecha del Partido Popular y Vox conquistó también la Alcaldía de Castellón de la provincia valenciana.

Bergoña Carrasco, la nueva alcaldesa de Castellón.
Begoña Carrasco tomará las riendas del ejecutivo este 17 de junio y anticipó un compromiso: frenar el actual proyecto de Zona de Bajas Emisiones.
Para tal fin su equipo baraja pedir una moratoria a la Unión Europea.
La misma tiene pendiente entregar a la ciudad 7,8 millones de euros, de los 10,5 millones presupuestados para la implementación de la política pública.
Esta transformación urbana buscaba, entre otras metas, reducir el vehículo privado, que representa aproximadamente el 80% de las emisiones contaminantes de Castillón.
La primera fase de dicha obra está adjudicada y aún más: tiene previsto el comienzo de su construcción este mes vigente.
Desde el equipo de Carrasco declararon que explorarán las vías técnicas y legales para frenar el proyecto.
Cabe recordar que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es la que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a adoptar las Zonas de Bajas Emisiones.
La medida afecta a más de 150 municipios españoles.
Las ZBE y los plazos
Desde el 1 de enero, más de 150 ciudades españolas están obligadas a establecer nuevas Zonas de Bajas Emisiones pero no todas han podido cumplir con el plazo.
Actualmente funcionan en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Pamplona, Sevilla y Córdoba.
Así como en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid y los catalanes de Cornellà de Llobregat, Badalona, San Cugat del Vallés y Sant Joan.
Los núcleos urbanos que contempla la normativa se pueden identificar por una señalética en la entrada en el tramo delimitado.
Los mismos son fijados por cada Ayuntamiento de modo que puede hay diferencias entre las ZBE de las ciudades.
En cuanto a las consecuencias por no respetar las restricciones, la multa se eleva hasta los 200 euros.