En Perú hay 25 proyectos de ley que buscan regular la electromovilidad. Solo uno llegó a la instancia de entrar al Pleno del Congreso, tras ser aprobado por la Comisión de Economía la semana pasada.

Esta situación inesperada abre un abanico de interrogantes sobre los pasos a seguir: ¿Será promulgado por el Poder Ejecutivo? ¿Representará, finalmente, un impulso definitivo para el desarrollo de los vehículos eléctricos en Perú?

Es un hecho que el país busca posicionarse como un eje central para la producción y distribución de vehículos eléctricos en América del Sur a través de su Puerto de Chancay; sin embargo, Perú cuenta con un largo historial de intentos de promulgar una ley que regule la electromovilidad.

Tras 19 meses en el cajón, el único que logró avanzar este año fue el proyecto impulsado por el congresista de la República José Cueto, que destaca el uso eficiente de los recursos energéticos, mediante la promoción de condiciones favorables para el desarrollo de la industria y el mercado de vehículos eléctricos.

“Son cuatro o cinco años intentando hacer algo por el país en esta transición energética y en el transporte. Este es un gran avance, una gran victoria para el sector. Nos toca apoyar de alguna manera para que se concrete”, dice José Luis Torres De La Piedra, gerente de nuevas tecnologías en Divemotor Perú, en diálogo con Mobility Portal Latinoamérica.

De acuerdo con su postura, este paso representa un progreso significativo, no un retroceso. “Aunque pueda haber diferencias en cuanto a algunos detalles, es crucial reconocer que, desde una perspectiva más amplia, este avance merece ser aplaudido”, señala.

Por su parte, Adolfo Rojas, presidente de la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en el Perú (AEDIVE Perú), sostiene que “todos los esfuerzos deben dirigirse para que en el más breve plazo sea agendado, se someta al Pleno y sea aprobado por mayoría para que se convierta en Ley”.

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Uno de los puntos que genera repercusión es lo que se plantea respecto a los beneficios otorgados tanto a los vehículos eléctricos como a los híbridos por igual.

El proyecto de ley dispone una reducción temporal del Ad-Valorem y del Impuesto al Patrimonio Vehicular para ambas tecnologías.

«A nivel de tecnología, no podemos tratar igual a los vehículos eléctricos que a los híbridos enchufables o a los convencionales. Debería ser distinto«, comenta Torres De La Piedra sobre los incentivos.

Y afirma: «Queremos promocionar los vehículos eléctricos puros, que son cero emisiones, que ya existen desde hace varios años en el mercado, se venden bastante bien y cuyo precio ha ido mejorando con el tiempo».

El caso de los vehículos híbridos enchufables podría ser distinto de analizar. Según estadísticas, muchas personas que poseen ese tipo de vehículo no los enchufan regularmente, por lo que predomina el uso de combustibles fósiles.

Esta realidad plantea dudas sobre otorgarles los mismos beneficios fiscales que a los vehículos eléctricos puros.

Si bien la discusión, afirma el gerente de Nuevas Tecnologías, se amplía al considerar la infraestructura de recarga, esto no justifica el otorgamiento de beneficios fiscales iguales.

«La idea del incentivo es precisamente ayudar a la tecnología que necesita ese empuje para crecer, y claramente los vehículos eléctricos necesitan esa ayuda», subraya.

Los vehículos eléctricos puros, que pueden recargarse completamente, juegan otro papel. De hecho, en algunos países, los incentivos para híbridos están siendo eliminados progresivamente en favor de los 100% eléctricos.

Esta tendencia internacional plantea más preguntas cruciales para Perú: ¿Qué quieren promocionar? ¿Cuál es la mejor estrategia para impulsar la adopción de tecnologías de movilidad más limpias y eficientes?

“Debería haber una diferenciación en los incentivos, reconociendo las características únicas de cada tecnología. Si bien es válido proteger la industria nacional, también es crucial considerar otros aspectos”, expresa el ejecutivo de Divemotor.

En tanto, desde AEDIVE Perú puntualizan en la creación de la comisión técnica multisectorial de promoción y masificación de la electromovilidad.

Para asegurar la representatividad del gremio automotor, esta comisión debería incluir, como mínimo, a dos gremios, además de incorporar a un representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), a un representante de las empresas de distribución eléctrica, a un representante del Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento (MVCyS) y a un representante del Ministerio de Salud (MINSA).

¿Qué pasará en el Poder Ejecutivo con la electromovilidad?

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una estrategia de carácter integral que iba a ser tomada como base para un proyecto de ley de electromovilidad.

El documento contaba con tres ejes fundamentales que tenían como objetivo la adopción de los vehículos eléctricos, puntualmente en el segmento de camiones y buses. Esto es un dato importante.

Desde entonces, no hubo avances concretos. Además, trascendió que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas también tienen proyectos propios, con este último observando partes del proyecto del MEF.

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Ahora bien, el proyecto que está por ser discutido en el Congreso es otro y tiene una gran diferencia con el planteado por el MEF, ya que plantean ejes distintos.

Una de las principales razones detrás de este estancamiento parece ser las discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo que indica que habrá un proceso de negociación.

El MEF planteó enfoques específicos, como la atención prioritaria a los vehículos comerciales y de carga, mientras que el Legislativo abarca un espectro más amplio, incluyendo también los vehículos particulares.

Esto implica que, seguramente, haya que llegar a un consenso para lograr su sanción y promover la electromovilidad en Perú.