En los primeros seis meses de 2025, Paraguay ha experimentado un notable crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos (VE) e híbridos enchufables, pero la infraestructura de carga necesaria para acompañar este desarrollo no ha avanzado con la misma rapidez. En particular, la Ley 6925, que fue promulgada en 2022 con el objetivo de fomentar la instalación de estaciones de carga públicas en el país, no ha tenido el impacto esperado debido a la falta de reglamentación y a la escasa presión de parte de las autoridades locales. Privados, también con poca participación.
“La ley 6925 no ha tenido ningún impacto significativo en el sector público. La falta de reglamentación y la ausencia de sanciones para los municipios que no cumplen con los requerimientos establecidos han frenado cualquier avance sustancial”, señala el exgerente de BYD Paraguay y actual asesor automotriz, Pablo Pasquali, en diálogo con Mobility Portal Latinoamérica.
Carga lenta: una ampliación que no acompaña
Según los registros de Mobility Portal Data, las importaciones de vehículos híbridos enchufables (PHEV) se han disparado, con un crecimiento del 296,6% entre el primer trimestre de 2024 y 2025. Además, los vehículos eléctricos puros (BEV) también muestran un aumento considerable, con un 138,1% de incremento en las importaciones respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la infraestructura de carga pública no ha acompañado este aumento.
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) revela que Paraguay cuenta con apenas 4,6 estaciones de carga por cada 100 vehículos eléctricos en circulación, muy por debajo de las 10 estaciones recomendadas. Si bien las fuentes consultadas por Mobility Portal Latinoamérica afirman que esto solo no es un freno en sí mismo a la electromovilidad, es un desacelerador importante para el ímpetu en la transición energética que refleja el mercado paraguayo.

Javier Díaz, presidente de la Asoación Paraguaya de Vehículos Eléctricos (APVE)
La Ley 6925, promulgada en 2022, establecía la necesidad de crear una infraestructura de carga pública en Paraguay, pero tres años después de su aprobación, la ley sigue sin reglamentación, y las autoridades locales no han sido presionadas para cumplir con los objetivos establecidos. Pasquali, destacó que «la ley no ha tenido ningún impacto significativo en el sector público, debido a la falta de reglamentación y la ausencia de sanciones que obliguen a los municipios a cumplir con los requerimientos».
El proyecto «Ruta Verde», que buscaba instalar estaciones de carga en las principales rutas del país, también se encuentra estancado, lo que agrava aún más la situación de la infraestructura pública.
Iniciativas privadas en Paraguay: la esperanza del sector
En contraste con la pasividad pública, las empresas del sector privado han sido más proactivas. Según Díaz, «el sector privado está respondiendo a la creciente demanda de infraestructura de carga, con más de 45 puntos de carga rápida en funcionamiento».
Sin embargo, este esfuerzo privado sigue siendo insuficiente para cubrir el total de la demanda proyectada. «Este freno en la inversión está relacionado con el fenómeno de los vehículos híbridos enchufables, que no requieren de cargadores rápidos, lo que disminuye la presión sobre la infraestructura», explica.

Pablo Pascuali, exgerente de BYD Paraguay y asesor automotriz.
Pascuali y Díaz coinciden en que el patrón de conducta de los usuarios paraguayos implica que la mayoría de sus vehículos cero y bajas emisiones tienen su propia instalación de carga domiciliaria.
APVE confirma esto con cifras: más del 98% de los usuarios de vehículos eléctricos en Paraguay cargan sus autos en casa, lo que reduce la presión sobre la infraestructura pública. El panorama de la infraestructura de carga en Paraguay requiere un enfoque integral para resolver el estancamiento actual.
Primero, es esencial que el gobierno y las autoridades locales reglamenten la Ley 6925 y asignen recursos específicos para la instalación de cargadores públicos. “La infraestructura pública es clave para fomentar la confianza en los consumidores y facilitar la adopción masiva de vehículos eléctricos”, afirmó Pascuali.
Asimismo, Díaz sugirió que “es importante que se continúen las inversiones privadas en cargadores rápidos, pero el esfuerzo debe ser acompañado por políticas públicas que promuevan la instalación de estos cargadores a nivel nacional”.
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