En el marco de una estrategia nacional para electrificar el transporte público y reducir su impacto ambiental, el Gobierno de Panamá, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzará una licitación pública para adquirir entre 60 y 65 buses eléctricos.

La convocatoria está prevista para mayo o junio de este año, según confirmó Carlos Sánchez Fábrega, presidente y gerente de Mi Bus, la operadora encargada del sistema metropolitano.

La inversión será posible gracias a un préstamo total de $47 millones firmado con el BID, de los cuales $26 millones estarán destinados exclusivamente a la compra de las nuevas unidades eléctricas.

Los restantes $12 millones serán gestionados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para ejecutar reparaciones viales necesarias en puntos críticos del recorrido.

“Esa licitación podemos publicarla en mayo o junio, lo que permitiría que los buses lleguen en abril o mayo del próximo año (2026)”, proyectó Sánchez Fábrega en declaraciones recogidas por La Prensa Panamá.

Un modelo de contratación con estándares internacionales y crédito del BID

El proceso de adquisición se regirá por el formato de licitación del BID, lo que implica requisitos técnicos, ambientales y financieros más rigurosos que los de la normativa local panameña.

En ese sentido, no se aplicará la Ley 22 de Contrataciones Públicas, lo cual permitirá atraer una mayor diversidad de oferentes internacionales con experiencia en electromovilidad urbana.

El proyecto contempla la compra de unidades pequeñas y medianas, con capacidad para entre 60 y 80 pasajeros, que estarán destinadas a 14 rutas específicas dentro del área metropolitana.

Estas rutas incluyen sectores clave como Calzada de Amador, Canal, Albrook, Summit, Cinta Costera, Parque Urracá, Panamá Viejo y San Francisco. Según estimaciones oficiales, la nueva flota podría beneficiar a más de 20.000 usuarios diarios.

“Antes de que esos buses comiencen a operar, se debe resolver el problema de las inundaciones en las rutas previstas”, advirtió recientemente el presidente José Raúl Mulino.

Transición hacia un sistema más limpio y eficiente

La iniciativa se alinea con los objetivos nacionales de reducción de emisiones contaminantes y mitigación del cambio climático que el BID apoya en países de Latinoamérica.

Actualmente, una parte significativa del parque vehicular de Mi Bus opera con diésel, generando emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyendo a la contaminación del aire en la capital.

“La flota eléctrica busca reducir la contaminación generada por los buses diésel y mitigar los efectos del cambio climático, además de abaratar costos operativos gracias a la energía hidroeléctrica disponible”, explicó Sánchez Fábrega.

Uno de los puntos clave en la licitación será el alcance de la garantía ofrecida por los fabricantes. La administración de Mi Bus aspira a que las baterías cuenten con una cobertura de al menos 10 a 12 años, incluyendo la reposición sin costo en caso de fallos durante ese periodo.

En Panamá se apunta a descarbonizar el transporte público de pasajeros.

“La garantía es crucial… aspiramos a obtener una garantía de entre 10 y 12 años, lo que implica que, si una batería no dura al menos 10 años, el fabricante la reemplace sin costo”, agregó el ejecutivo.

Además, se requerirá que los proveedores aseguren servicio de mantenimiento integral y disponibilidad de repuestos locales, lo que permitirá optimizar el tiempo de respuesta ante eventuales fallas y garantizar una operación sostenida.

La operadora Mi Bus cuenta actualmente con una flota de 1.021 unidades, un incremento de 440 vehículos respecto de enero de 2025. En ese mes, la empresa transportó 10,5 millones de pasajeros, un 3,77% más que en diciembre del año anterior.

Además de esta licitación, se espera la incorporación de cinco unidades eléctricas adicionales destinadas a pruebas turísticas, también con asistencia del BID, como parte de una estrategia de posicionamiento de la electromovilidad en distintos entornos de servicio.

Este nuevo paso representa una señal clara de la voluntad política y técnica del gobierno panameño, apoyado por el BID, para acelerar la descarbonización del transporte público, y posiciona al país como uno de los actores regionales que más firmemente apuesta por la electromovilidad con respaldo multilateral.