La presencia de un marco normativo, ya sea en forma de ley, decreto, incentivo fiscal o plan energético, parece marcar una diferencia sustancial en la adopción de vehículos electrificados en Latinoamérica.

Una comparativa entre países que han implementado regulaciones a favor de la movilidad eléctrica frente a aquellos que aún no han formalizado una estrategia nacional revela una tendencia inequívoca: donde hay norma, hay crecimiento. Y donde hay crecimiento, hay plan.

Según un relevamiento de Mobility Portal Latinoamérica, los países que han adoptado alguna forma de regulación estatal -desde leyes nacionales como la de Colombia, hasta decretos ejecutivos como los de Brasil o Ecuador- han registrado un incremento sustancial en las ventas de vehículos electrificados desde el momento de entrada en vigencia de dichas normas hasta el año 2024.

Cifras que respaldan el avance en Latinoamérica

Colombia representa uno de los ejemplos más elocuentes del efecto regulatorio. La Ley 1964, sancionada en 2019, sentó las bases para una serie de beneficios impositivos y administrativos, entre ellos la reducción del IVA, la exclusión del pico y placa, y la obligación de incluir unidades eléctricas en las flotas oficiales. Ese año se vendieron 1.195 unidades electrificadas.

Para 2024, esa cifra creció más de 12 veces, alcanzando unas 14.400 unidades, de acuerdo a cifras oficiales, reportes de la ANDI y ANDEMOS.

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En Uruguay, sin una ley formal pero con una estrategia activa desde 2012 basada en exoneraciones impositivas, préstamos verdes y prioridad en licitaciones para flotas, el crecimiento fue aún más pronunciado. Con solo unas 20 unidades vendidas en el año de inicio de los incentivos, el país superó las 4.000 unidades en 2024, con un mercado consolidado de buses, utilitarios y autos particulares.

El caso uruguayo demuestra que no es sólo la formalidad jurídica lo que tracciona, sino la coherencia y continuidad estratégica.

El mercado más grande de la región, la República Federativa del Brasil tampoco cuenta con una ley nacional de promoción de la electromovilidad, pero desde 2015 mantiene una política de incentivos fiscales para la importación de vehículos eléctricos, establecida mediante la Instrucción Normativa RFB 1.527.

En ese año se vendieron unas 7.000 unidades. Para 2024, el país superó las 93.000 ventas de unidades electrificadas, según datos de la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos (ABVE).

El trasandino Chile lanzó su Estrategia Nacional de Electromovilidad en 2016, sentando un marco de planificación estatal a largo plazo que contempló metas de adopción, desarrollo de infraestructura y articulación público-privada.

Ese año, el país apenas superaba las 100 unidades electrificadas vendidas. Para 2024, las ventas alcanzaron las 4.500 unidades, lo que representa un crecimiento exponencial del 4400% en menos de una década.

Todo esto sin contar la transición de su flota de buses en el transporte público, cuyo objetivo es la electrificación total del sistema de transporte de cara al 2030, según lo planteado en su planificación estratégica de cara a las próximas décadas.

Incluso países con regulaciones más recientes como Paraguay (Ley N.º 6927/2022) u Honduras (Decreto 144-2021) muestran multiplicadores de crecimiento que superan el 200 % desde la aplicación de las normas.

Donde hay norma, hay plan; donde hay plan, hay mercado

La incidencia de un marco normativo va más allá de lo simbólico. 

Las normativas generan previsibilidad, lo que habilita inversiones de largo plazo en infraestructura, logística, comercialización y financiamiento. En Ecuador, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 619 de 2019 estableció exenciones tributarias y arancelarias para vehículos eléctricos, lo que catalizó la entrada de nuevas marcas y modelos al mercado. En ese año, el país registraba unas 200 unidades vendidas. Para 2024, las ventas superaron las 4.600 unidades.

En República Dominicana, los incentivos aduaneros y fiscales vigentes desde 2013 bajo la Dirección General de Aduanas permitieron el ingreso de autos eléctricos sin aranceles ni IVA, una medida que favoreció especialmente al segmento de taxis y plataformas de movilidad. Las ventas pasaron de unas 200 unidades a más de 2.700 en 2024.

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En países como Colombia, Uruguay y Ecuador también han incorporado la movilidad eléctrica en sus estrategias de energía o cambio climático, asegurando una mirada de largo plazo. Esto incluye metas de penetración, regulaciones de infraestructura de carga y objetivos para el transporte público.

Barreras persistentes: carga, financiamiento y escala

A pesar de los avances, la implantación de la movilidad eléctrica enfrenta aún escollos significativos. Uno de los principales es la falta de infraestructura de carga suficiente y distribuida. En Guatemala, por ejemplo, aunque el parque vehicular eléctrico crece a ritmo constante, el número de estaciones de carga se limita a tres ciudades principales.

El acceso al financiamiento también es un punto crítico. En muchos países, los altos costos iniciales de los vehículos electrificados, combinados con tasas de interés elevadas y plazos cortos, limitan su adopción masiva. En ese aspecto, las líneas de crédito verde promovidas por algunos bancos estatales en Uruguay o Brasil han demostrado ser herramientas clave para ampliar el mercado.

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Otro obstáculo recurrente es la apertura controlada de las importaciones. En Argentina, por ejemplo, aunque en 2025 se sancionó el Decreto 180 que habilita beneficios fiscales para la importación de unidades electrificadas, la falta de homologaciones rápidas y las restricciones cambiarias dificultan la entrada efectiva de nuevos modelos.

Los factores geopolíticos también juegan su parte. La dependencia de China en la cadena de suministro de baterías y componentes electrónicos plantea desafíos para la diversificación de origen de los productos, en un contexto donde algunos países buscan fomentar la producción nacional.

La experiencia de las diferentes naciones latinoamericanas sugiere que el crecimiento del mercado de vehículos electrificados está profundamente vinculado con la existencia de un marco normativo claro y sostenido.

Aunque no se trate exclusivamente de leyes en sentido estricto, la presencia de normativas ejecutivas, fiscales o energéticas ha sido determinante para marcar el rumbo de la electromovilidad en la región.