La movilidad eléctrica en el Caribe se encuentra en un punto de inflexión. 

Aunque algunos países han avanzado en sus políticas para facilitar la adopción de vehículos eléctricos, otros enfrentan retos legislativos que obstaculizan el crecimiento de esta tecnología clave para la descarbonización.

Desde incentivos fiscales hasta metas progresivas de electrificación de flotas públicas, el estado actual de las normativas en la región revela tanto logros significativos como áreas críticas que necesitan atención.

A continuación, un repaso de los avances y desafíos normativos en cinco países claves para la transición hacia una movilidad cero emisiones en el Caribe: Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Honduras y Panamá.

Costa Rica: liderazgo en incentivos y cobertura de infraestructura de carga

Costa Rica es un referente en movilidad eléctrica en el Caribe. La Ley 9518, en vigor desde 2018, establece incentivos específicos para vehículos 100% eléctricos, lo que excluye a los híbridos y demuestra el compromiso del país con una movilidad cero emisiones. 

Estos incentivos han contribuido al desarrollo de una red de carga que abarca todo el territorio nacional, permitiendo a los usuarios de vehículos eléctricos desplazarse con confianza por cualquier parte del país.

Además, en 2024, Costa Rica dio un paso adelante al permitir el ingreso de vehículos eléctricos de carga pesada y liviana, incluidos camiones y furgones de hasta 40 toneladas, demostrando su ambición de electrificar tanto el transporte personal como el de carga. 

Otra medida destacada es la eliminación de restricciones de matrícula para vehículos eléctricos, lo que facilita su registro y circulación en el país.

Sin embargo, el reto principal para Costa Rica es mantener este impulso y adaptarse a las nuevas demandas del mercado de vehículos eléctricos. 

La reducción de los incentivos fiscales, crucial para la adopción de vehículos eléctricos, se está convirtiendo en una preocupación para los distribuidores y potenciales compradores. 

A partir de 2025, se implementarán aumentos en impuestos. Por ejemplo, el arancel de importación de vehículos eléctricos, que hoy es del 0%, aumentará al 7.75% el próximo año. Asimismo, la exoneración del marchamo se reducirá al 40%, y el IVA subirá anualmente hasta alcanzar el 13% en 2032.

Juan Sansó, commercial manager de Red Motors, expresa su preocupación: “Nosotros estamos proyectando que el segmento eléctrico va a caer el próximo año por este tema del aumento de impuestos… si los fabricantes no bajan los precios y la exoneración se quita, es evidente que el volumen va a bajar”.

El Salvador: reformas pendientes en su marco legislativo

En El Salvador, la transición hacia la movilidad eléctrica ha sido más lenta. 

Aunque el país cuenta con la Ley de fomento e impulso a medios de transporte eléctricos e híbridos, su alcance actual es limitado.

 La aprobación de reformas en el pleno legislativo sigue pendiente, y su implementación permitiría una mayor apertura del mercado para vehículos eléctricos, hoy restringido a híbridos enchufables (PHEV), con recepción tibia en el mercado local.

La falta de infraestructura de carga y de incentivos específicos para vehículos totalmente eléctricos limita el desarrollo de esta tecnología. 

Sin embargo, la próxima administración ha establecido metas claras para 2025, que incluyen el reemplazo del 10% de la flota de vehículos de cuatro ruedas y el 20% de las motocicletas de instituciones públicas por unidades eléctricas.

República Dominicana: Incentivos fiscales y un futuro prometedor en infraestructura de carga

La República Dominicana es otro país que ha establecido incentivos para la movilidad eléctrica.

La Ley 103-13 ofrece exenciones fiscales para la importación y compra de vehículos eléctricos y para la instalación de infraestructura de carga, buscando reducir el costo de adquisición y promover el uso de vehículos eléctricos.

El crecimiento de la movilidad eléctrica en República Dominicana aún enfrenta desafíos en infraestructura. 

Aunque la ley incentiva la instalación de estaciones de carga, la expansión de esta red ha sido lenta, limitando el alcance real de la movilidad eléctrica para muchos usuarios. Será necesario ampliar esta red, especialmente en áreas estratégicas.

Panamá: Metas de electrificación progresiva y beneficios fiscales hasta 2030

Panamá ha mostrado un compromiso sólido hacia la movilidad eléctrica mediante la Ley N° 295 y la Ley 162.

 La primera, vigente desde 2023, exime a los vehículos eléctricos del impuesto selectivo al consumo (ISC) hasta 2030, y la importación está sujeta al 7% de ITBMS. 

Además, se ofrece exoneración de pago de la placa por cinco años.

La Ley 162 establece metas de electrificación progresivas para las flotas de entidades públicas y transporte colectivo: a partir de 2025, el 10% de las flotas públicas deberán ser eléctricas, alcanzando el 40% en 2030. 

Aunque Panamá ha avanzado en términos legislativos, la infraestructura de carga sigue siendo un desafío crucial para cumplir con estas metas.

Honduras: Anteproyecto de ley y desafíos en infraestructura de carga

Honduras ha creado un anteproyecto de ley que busca fomentar el uso de vehículos eléctricos y reducir la dependencia de combustibles fósiles. 

Este marco normativo propone incentivos fiscales y regula la infraestructura de carga. Contempla la creación del Comité Nacional de Movilidad Eléctrica (CONMOVE), que reunirá a diversas instituciones para garantizar un enfoque integral.

El anteproyecto también propone exenciones de gravámenes para vehículos eléctricos, incluidos los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto Sobre la Venta (ISV), con el fin de reducir el costo de adquisición. Sin embargo, Honduras enfrenta el reto de desarrollar una red de carga eficiente y accesible. 

La aprobación de este anteproyecto podría marcar un antes y un después en su estrategia para reducir la huella de carbono en transporte.

El futuro de la movilidad eléctrica en el Caribe depende de las normativas

Los países del Caribe están en diferentes etapas en su transición hacia la movilidad eléctrica, con algunos, como Costa Rica y Panamá, liderando gracias a normativas avanzadas.

 Otros, como El Salvador, República Dominicana y Honduras, enfrentan retos legislativos y una infraestructura de carga limitada.

El éxito de la movilidad cero emisiones en el Caribe dependerá de la capacidad de cada país para cerrar brechas legislativas e invertir en infraestructura. 

Mientras más rápido se implementen las normativas pendientes y se expanda la red de carga, más cerca estará el Caribe de una movilidad sostenible y libre de emisiones.