El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) presentó el último jueves, ante integrantes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la comunidad de la movilidad mexicana, los lineamientos a considerar para una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV). Entre los mismos, se incluyen los primeros pasos encaminados hacia una futura regulación de la movilidad eléctrica.

En noviembre del año pasado, se aprobó la reforma de la Constitución para reconocer el derecho a la movilidad, el cual cuenta con ocho elementos esenciales: la equidad, la inclusión, la sostenibilidad, la accesibilidad, la seguridad vial, la calidad, la eficiencia y la perspectiva de género.

Dentro de la sostenibilidad, se encuentra el punto relacionado al medio ambiente. En ese caso, se hace referencia a las tecnologías limpias, que apunten a la reducción de emisiones en las ciudades y, en consecuencia, a una mejora en el ambiente y la calidad de vida de las personas.

“México tiene varios problemas de movilidad”, advierte Fernando Páez, director de movilidad urbana de WRI México, a Portal Movilidad y agrega: “Hay un crecimiento urbano desordenado, lo cual genera dispersión, falta de conectividad, baja calidad de los servicios de transporte, y, por consiguiente, altos índices de motorización”.

En esta línea, explica: “Esto genera, además de un aumento de muertes y accidentes viales, enfermedades respiratorias y muertes por emisiones de gases de efecto invernadero que afectan la calidad del aire”.

Ante este panorama, la ley tiene una visión de movilidad “triple cero” porque busca que, en materia de seguridad vial, haya cero muertes. Al mismo tiempo, se enfoca a la cero exclusión, para que sea un sistema equitativo a servicios básicos, y a las cero emisiones, para migrar a tecnologías más sustentables.

El proceso para consensuar los lineamientos entre los 114 actores (del gobierno, de la sociedad civil, autoridades estatales y municipales de movilidad, del sector privado y organismos multilaterales) consistió en cinco mesas de diálogo. En ellas, la idea fue entender “dónde están las barreras, hacia dónde dirigir la visión de la ley y comprender las necesidades existentes para hacer posible la aplicación de una legislación de movilidad sustentable”, indica Páez.

Asimismo, destaca: “Esta no puede ser una ley que reglamente, sino una que dicte parámetros. Debe habilitar las gestiones a nivel nacional, estatal y municipal, para ser detonadas en el marco de sus competencias”.

“Construyendo sobre lo ya construido”, como aclara el director, el siguiente paso consistirá en ahondar en los detalles de la ley, en los cuales WRI ya se encuentra trabajando. Se espera que, a fines del primer semestre de este año, se alcance una ley general de movilidad en México.