Cuando Ecuador lanzó su Estrategia Nacional de Electromovilidad (ENEE) en 2021, lo hizo con la promesa de que al menos 1.500 buses eléctricos estarían rodando por el país para 2025. 

Sin embargo, la realidad dista mucho de esa meta. Hoy, según datos de E-BUS Radar, solo 106 unidades de transporte público eléctrico circulan en Ecuador, concentrados en Guayaquil, Quito y Santa Cruz.

Para lograr el plan inicial se debían incorporar alrededor de 500 buses eléctricos por año. No obstante, el país cuenta con menos del 7% de lo proyectado. ¿Qué falló en la hoja de ruta de la electromovilidad ecuatoriana?

Un factor importante es que el país enfrenta una crisis energética, lo que afecta directamente al despliegue de infraestructura de carga. Sin suficiente capacidad eléctrica, ¿cómo podría abastecer una flota masiva de buses eléctricos?

A pesar de este panorama, se sumarán 60 trolebuses eléctricos en la ciudad de Quito.

Estos vehículos, que arribaron al Puerto de Manta, deben cumplir con un proceso técnico y administrativo antes de entrar en operación.

La novedad es que, a pesar que se da en un marco de modernización de la flota, se mantendrá la misma infraestructura de carga que utilizan hace 30 años, bajo catenarias.

La decisión de dejar a un costado el sistema tradicional de carga a través de baterías se debe a que Quito fue pionera en electromovilidad al inaugurar los trolebuses con tecnología híbrida -lo más cercano a las cero emisiones- en 1955.

“La razón para mantener la infraestructura de catenarias es que ya tenemos capacidades instaladas desde entonces. Contamos con estaciones eléctricas y cableado a través de catenarias que cubren más de 100 km”, explicó Xavier Vásquez, gerente general de la Empresa de Pasajeros (EPMTP) sobre la resolución.

Según evaluaciones recientes, las catenarias pueden seguir ofreciendo servicio durante al menos 20 años más y solo necesitarán patios para estacionar las unidades.

Los buses eléctricos tendrán una capacidad para 160 pasajeros, autonomía de 75 kilómetros y un costo total de 27 millones de dólares.

A su vez, permitirán mantener la operación en situaciones de racionamiento de electricidad que están experimentando varios países latinoamericanos.

Al cargarse continuamente durante la operación, las baterías de estos trolebuses experimentarán un menor desgaste, lo que extenderá su vida útil 15 años más.

Quito busca establecer un modelo de negocio que permita a los operadores privados integrarse en el proceso de transición a la electromovilidad.

Leer más: Quito incorpora 50 trolebuses eléctricos pero mantiene infraestructura de carga de 30 años atrás

En tanto, a rasgos más generales, la ENEE tiene como objetivo para 2030 contar con 100 mil vehículos sostenibles y para 2040, en la etapa de masificación, tener en circulación más de 750 mil vehículos eléctricos de los diferentes segmentos.

Crisis energética, cambio de plazos para la electrificación de buses

Durante el Gobierno de Daniel Noboa, que irá a segunda vuelta por la reelección el 13 de abril, se realizaron modificaciones en los plazos establecidos para la electrificación del transporte público. 

Originalmente, la Ley Orgánica de Eficiencia Energética disponía que, a partir de 2025, todos los vehículos que se incorporaran al servicio de transporte público urbano e intracantonal en el Ecuador continental debían ser exclusivamente eléctricos. 

Sin embargo, este plazo se extendió hasta 2030. A partir de ese año, los vehículos que ingresen al servicio de transporte público, tanto urbano como interprovincial, deberán ser eléctricos.

La modificación a la Ley de Competitividad Orgánica también trajo consigo otros impactos en el mundo de los vehículos eléctricos, como su nueva definición.

A partir de estas reformas tributarias se entiende como vehículos eléctricos a los propulsados únicamente por fuentes de energía eléctrica, cuya carga de batería emplee exclusivamente este tipo de energía.

Como consecuencia, los vehículos eléctricos de rango extendido ya no son considerados dentro de la categoría “vehículos eléctricos”, quedando exentos de los beneficios fiscales y tributarios.