Si hay un tema que se encuentra presente en las carpetas del gobierno dominicano es el de movilidad sustentable. Tal es así que, hace meses, se trabaja para crear un marco regulatorio que incentive el uso de vehículos de motores cien por ciento eléctricos, mediante la modificación de dos leyes: la 113-13 y la 57-07.

La apuesta de República Dominicana al sector ha sido tan grande, que se volvió insostenible con la vieja normativa. El 2021 fue esperado con expectativa por el ambiente, que hace tiempo aguarda por un cambio inmediato.

De hecho, este fue un punto de coincidencia en el Especial de movilidad eléctrica, organizado por Portal Movilidad en la nación caribeña a fines del año pasado, donde líderes del sector expusieron sus argumentos.

Allí, Michelle Abreu Vargas, directora del Regulatorio de Infraestructura y Energía en OMG, había afirmado: “Hay tres frentes a regular: una tarifa accesible para los usuarios, hacer la gestión de importación de vehículos eléctricos más expedita y las estaciones de recarga”.

Dando respuesta a las urgencias planteadas, en efecto, el proyecto de ley incursiona en dos ejes centrales: los requisitos de importación, los incentivos a las instalaciones de energía o biocombustible y los incentivos fiscales hacia los vehículos de motor eléctrico.

En cuanto a las importaciones, se establecen una serie de exigencias a los importadores de vehículos, la cual incluye brindar información acerca de las configuraciones, los sistemas internos y las fuentes de energía de los transportes.

Asimismo, con el fin de apoyar el uso de autos eléctricos en el mercado doméstico, se establece que “los contribuyentes, al transferir vehículos cien por ciento de motor eléctrico, pagarán la tasa del nueve por ciento por concepto del ITBIS, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.

Por otro lado, según el documento, recibirán incentivos “todos los proyectos de instalaciones públicas, privadas, corporativas y/o cooperativas de producción de energía o de producción de biocombustibles”, con demostración previa de su “viabilidad física, técnica, medioambiental y financiera”.

A partir de este proyecto, República Dominicana busca dar un paso más en la promoción de energías alternativas no contaminantes, tanto para el sector público como privado, para “prevenir y proteger el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones”.