En el marco del debate sobre la implementación de beneficios a la movilidad eléctrica, una parte del sector privado vinculado al sector fue acusado de hacer “lobby” por los proyectos de ley de reducción impositiva.

La Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en el Perú (AEDIVE PERÚ), quien impulsa las propuestas por los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos dio respuesta a la acusación:

“Consideramos que no existe ningún tipo de lobby pues el rol institucional que cumple AEDIVE PERÚ como actor clave en este sector ha sido y seguirá siendo con total independencia y transparencia, y es inherente que colabore con instituciones del Estado, lo cual es público. Toda reunión siempre ha sido solicitada mediante los mecanismos formales que exigen las instituciones y funcionarios públicos en el país”.

Las posturas y los sucesos del debate

De un lado de la discusión se encuentra la posición vinculada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual ha expresado su negativa a la aprobación de los beneficios.

Sus argumentos van desde una percepción estratégica a una económica. En relación a la primera, se entiende que “sería innecesario incentivar a los vehículos eléctricos” ya que la oferta de las automotrices girará hacia esa tecnología y no será necesario impulsarlo.

En ese sentido, argumentan que lo conveniente es apostar a la electrificación del transporte colectivo. En este punto existe acuerdo con el sector privado, aunque estos insisten en incluir a los vehículos ligeros.

En relación al sentido económico, el MEF indica que las exoneraciones fiscales le generarían un costo al fisco de 20.000 millones de soles en los próximos diez años.

Las posturas refractarias a la propuesta de norma argumentaron que no podrían darse beneficios a empresas automotrices de gran envergadura.

Así también, critican de los proyectos enviados la exoneración impositiva a empresas que no estarían directamente ligadas al sector de la electromovilidad.

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Otras acusaciones

Durante el debate legislativo, particularmente en la comisión de economía presidida por Rossangella Barbarán, los diputados participantes argumentaron a favor y en contra.

Durante la sesión celebrada a mediados de junio, el congresista José Luna depositó un manto de sospecha sobre el dictamen para promover a los vehículos eléctricos en Perú.

“Va a ser un escándalo si el proyecto original pasa. Que vuelva esto a secretaría técnica y Economía y Finanzas”, exclamó Luna.

Y remató “Aquí hay algo raro. Hay otros intereses”.

Al escucharlo, la presidenta de la comisión intervino automáticamente.

“Me gustaría escuchar de forma clara si conoce quiénes tienen otros intereses. Hay que ser responsables en los señalamientos”, exclamó Barbarán.

Y remató “Quiero saber para evitar tener que lamentar y denunciar conductas en tanto soy responsable de los dictámenes que emanen de la comisión”.

Del otro lado de la discusión, aquellos congresistas que impulsan la ley, argumentan que los incentivos tributarios serían una forma de desarrollar la descarbonización del transporte y así generar ahorros al erario público.

La acusación de lobby y la respuesta

Desde AEDIVE Perú salieron al cruce con aquellos que sostienen que existe un “lobby” para que los 13 congresistas que impulsan la movilidad eléctrica den el visto bueno a la propuesta:

“Qué delito existe de parte de AEDIVE PERÚ de participar en una mesa de trabajo multisectorial con presencia de instituciones públicas y privadas a la cual hemos sido invitados formalmente por parte de un Congresista de la República, en un acto público para debatir y expresar nuestro punto de vista como gremio sobre un proyecto de ley en particular de promoción a los vehículos eléctricos”.

Por otra parte, refuerza su contrapunto con el MEF, que sostiene que el perjuicio a las recaudaciones fiscales podrían ascender a 20.000 millones de soles.

“Hemos realizado los cálculos pertinentes apoyados por una empresa tributarista y un estudio de abogados, ambas de gran prestigio en el país, y encontramos bastante discrepancia con lo precisado por el MEF”, argumentan desde la asociación.

Y prosiguen: “Sería conveniente que el equipo de funcionarios designados por el MEF presente y sustente la base de cálculo y de dónde salen estos 20,000 millones de soles en los próximos diez años que esta ley provocaría, afectando al presupuesto del país”.

Asimismo, replican que existe una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Universidad del Pacífico, donde se afirma que para el Perú alcanzar la carbono neutralidad al 2050, significa beneficios netos por USD 140,000 millones.

Al respecto, la asociación indica que ha intentado reunirse con la cartera en tres oportunidades, aunque no se ha logrado una respuesta.