El gobierno de Gabriel Boric publicó en el Diario Oficial la ley 21.721, también conocida como Ley de Transición Energética, aprobada en diciembre por la Cámara Baja chilena, lo cual anuncia su puesta en vigencia en el territorio nacional. Esta normativa implica una serie de modificaciones en la Ley General de Servicios Eléctricos y una importante articulación con la Ley de Cambio Climático. 

Esta nueva reglamentación busca acelerar la descarbonización del país a través del establecimiento de metas ambiciosas, como la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la promoción de energías renovables, integrando medidas que benefician directamente al sector de la electromovilidad y a los consumidores.

El titular de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile, Rodrigo Salcedo, sostuvo a Mobility Portal Latinoamérica que el objetivo principal de esta ley es “fortalecer la estructura eléctrica y la integración de nuevos generadores de energía renovable en la estructura energética nacional, para que el día de mañana si se quieren instalar torres eólicas o paneles solares, se puedan integrar fácilmente” a los sistemas de las regiones más aisladas de Chile, y evitar de esa forma que sea un proceso “engorroso y difícil”.

Por otro lado, la ley de Transición Energética incorpora un mecanismo para decretar obras urgentes y necesarias fuera del proceso de planificación anual y se espera tenga una tramitación más expedita que el proceso regular, pero con su régimen de remuneración.

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Incentivos a la movilidad eléctrica

Uno de los pilares de la normativa es el fomento a la electromovilidad mediante incentivos económicos y fiscales. Entre ellos, destacan la aplicación de subsidios directos para la compra de vehículos eléctricos, la exención de impuestos específicos y la promoción de parte del gobierno para la transición a flotas completamente eléctricas en el transporte público.

La exención fiscal busca que algunos impuestos vehiculares no sean aplicados a los importadores, incluyendo el impuesto verde, el cual incentiva la adquisición de unidades frente a vehículos de combustión.

En tercer lugar, el Estado trasandino busca que en 2030 la totalidad de la flota pública del transporte público sean buses eléctricos. El Gobierno chileno ha destinado fondos significativos para reducir el costo inicial de estos vehículos, uno de los principales obstáculos para su adopción masiva. Se espera que las empresas operadoras renueven sus flotas con autobuses eléctricos, reforzando el compromiso del país con un transporte público sostenible.

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Infraestructura de carga como prioridad

La expansión de la infraestructura de carga eléctrica es otro eje central de la ley. Para garantizar la viabilidad de la movilidad eléctrica, se contempla la priorización de las áreas urbanas densamente pobladas y regiones remotas para la construcción de puntos de carga en todo el territorio nacional. Esto busca reducir desigualdades en el acceso a estas tecnologías.

Por otro lado, la normativa busca establecer normativas claras para la interoperabilidad de cargadores, lo cual facilitará el uso de diferentes estaciones de carga sin depender de un único proveedor.

Además, se promoverán asociaciones público-privadas para facilitar y acelerar la instalación de estaciones de carga en centros comerciales, estacionamientos y otros espacios públicos, lo cual se traduce en mayores incentivos para empresas privadas.

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Beneficios ambientales y económicos

El impacto positivo de esta ley no se limita al ámbito ambiental. Según estimaciones oficiales, el aumento en la adopción de vehículos eléctricos permitirá una reducción anual de hasta 5 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030.

“La diversificación de la tecnología y la energía genera inversiones donde el negocio no existe y genera puestos de trabajo”, evaluó Salcedo y agregó que “lo que se viene es el cambio a un modelo donde se va a avanzar en el sector”.

Dicho en términos económicos, la electromovilidad genera nuevas oportunidades de empleo y crecimiento. La industria de baterías, ensamblaje de vehículos y mantenimiento de infraestructura de carga son sectores con un potencial significativo de expansión en el país. Asimismo, el marco regulatorio incentiva la creación de polos tecnológicos que podrían posicionar a Chile como líder regional en innovación en electromovilidad.

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En otras palabras, si se puede reducir el costo de traslado de la energía a las regiones que están más alejadas de la Metropolitana, donde se concentra la mayoría de las estaciones de carga del país, significaría un importante impulso y aliciente para la ampliación de la electromovilidad y sus posibilidades en todos los rincones del país.

“Eso robustece el sistema eléctrico y hace que el usuario tenga la electricidad al alcance de su mano. Hay una necesidad de que haya una mayor posibilidad de acceso a la energía dada las metas de transicionar a un parque automotor electrificado”, destacó Salcedo.

Además, el presidente de la AVEC destacó que el costo del mantenimiento de las energías renovables “es menor que el mantenimiento de un vehículo a combustión interna, y es mucho más eficiente. Esto va a impulsar el desarrollo nacional y regional energético”.

Salcedo afirma: “Lo negativo es el costo inicial de la implementación de un parque eólico, o de un parque solar. Si bien es una especie de barrera de entrada, el costo irá cambiando a medida que se avance y se obligue a las fábricas para tener un consumo energético más eficiente. Lo mismo pasa con la movilidad sostenible. La ley está considerada para que todas las industrias sean más eficientes y limpias”.