En América Latina, la transición hacia la movilidad eléctrica no ha seguido una hoja de ruta uniforme. Sin embargo, algunos países lograron consolidarse como líderes legislativos en este proceso, adoptando medidas concretas para acelerar la electrificación del transporte.

Entre 2022 y 2025, Chile, Colombia y Uruguay se posicionaron a la cabeza del ranking regional, destacándose no sólo por la cantidad de normativas aprobadas, sino también por la orientación de las mismas.

Una revisión de leyes, decretos y estrategias nacionales evidencia que la mayoría de las regulaciones aprobadas en estos años estuvieron diseñadas para disminuir las barreras económicas a la adquisición de vehículos eléctricos.

Incentivos fiscales, exenciones arancelarias y bonificaciones directas fueron las herramientas más utilizadas para fomentar el cambio, en una región donde el precio aún representa el principal obstáculo.

Los países que más normativas sancionaron

El país más activo del periodo, con al menos siete normativas sancionadas entre leyes, decretos y acuerdos público-privados, fue Chile. Entre ellas, se destacan la Ley 21.305 de Eficiencia Energética, la Ley 21.505 que regula el almacenamiento y uso de energía para electromovilidad, y el Decreto 12/2023 que establece requisitos de interoperabilidad para infraestructura de carga.

Además, el país avanzó en la estandarización técnica, incorporó buses eléctricos al transporte público mediante programas nacionales de subsidio, y selló compromisos multilaterales a través del Acuerdo Público-Privado por la Electromovilidad.

Colombia se consolidó como el segundo país con mayor volumen legislativo en el área. Con seis normativas clave, el país apostó a un enfoque integral que combina incentivos económicos con planificación estratégica.

Desde la implementación de la Ley 1964 en años anteriores, reforzada recientemente con decretos orientados a transporte público y ensamblaje local, hasta la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, el marco regulatorio colombiano refleja una voluntad política sostenida. A esto se suma la creación de un fondo nacional específico y normativas a nivel local en ciudades como Bogotá y Medellín.

Uruguay, por su parte, ocupó el tercer lugar en cantidad de regulaciones sancionadas, con al menos cinco instrumentos normativos identificados en el período. El país apostó por un esquema de incentivos fiscales combinados con planes de movilidad urbana eléctrica, como los programas MOVÉS y Subite.

Asimismo, se actualizaron las condiciones para la importación de vehículos eléctricos dentro de la Ley de Inversiones, y se avanzó en guías técnicas orientadas a los municipios.

Costa Rica continuó consolidando su liderazgo per cápita con cuatro normativas relevantes, entre ellas la Ley 10209 que amplía beneficios fiscales y el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, que establece metas concretas al 2030.

A pesar de su menor población, el país muestra un marco institucional sólido y una política coherente, que también se refleja en la expansión de la infraestructura de carga y en los planes de electrificación de flotas estatales.

Leer más: Hacia las normativas pendientes que frenan la movilidad eléctrica en el Caribe

En Brasil y México, el número de normativas fue menor —tres en cada caso— pero no por ello irrelevante. En ambos países se detectaron avances legislativos enfocados principalmente en la infraestructura y la promoción del mercado.

Brasil actualizó su normativa de emisiones con la entrada en vigencia de la norma L8, además de debatir una Ley Nacional de Movilidad Eléctrica.

México, en tanto, trabaja en un proyecto integral que aún no fue convertido en ley, pero ha desarrollado marcos normativos específicos sobre conectividad de infraestructura y propuestas de reforma para contemplar nuevas modalidades de micromovilidad eléctrica.

¿Hacia dónde apuntaron las leyes?

Si se observa nominalmente el contenido de las normativas sancionadas en estos tres años, la tendencia predominante fue clara: los países de la región priorizaron legislar sobre incentivos fiscales y arancelarios.

Esta categoría incluye exenciones del IVA, eliminación de aranceles a la importación, reducciones en el impuesto al vehículo, y en algunos casos, esquemas de subsidios a la compra. Aproximadamente un tercio del total de normativas analizadas se concentró en este tipo de medidas.

Esta orientación refleja una realidad común en América Latina: el precio de los vehículos eléctricos, aún significativamente superior al de los modelos a combustión, se presenta como el principal freno a su adopción masiva.

Por eso, los gobiernos buscaron alivianar esa carga desde el marco legal, apostando a una reducción del costo total de propiedad como primer motor de adopción.

Una segunda tendencia clara fue el impulso a la infraestructura de carga. Varios países regularon aspectos como interoperabilidad, estándares técnicos, instalación en espacios públicos y privados, y esquemas tarifarios diferenciados.

En esta área, Chile y Colombia destacaron por establecer requisitos técnicos mínimos y metas cuantificables de cobertura territorial, mientras que Costa Rica avanzó en normativas vinculadas a la homologación de cargadores y redes privadas.

Otra temática frecuente fue la incorporación de flotas eléctricas al transporte público. Esta tendencia se materializó principalmente en Santiago de Chile y Bogotá, donde las autoridades sancionaron decretos y planes para incluir buses eléctricos en sistemas BRT y licitaciones municipales.

Uruguay también avanzó en esta línea con subsidios específicos para ómnibus urbanos, aunque en menor escala.

A estas se suman normativas más recientes vinculadas a la gestión de baterías y economía circular, una temática incipiente pero creciente. Aunque todavía son pocas las leyes específicas, tanto México como Colombia y Chile iniciaron procesos normativos para regular la segunda vida de baterías, su reciclaje y disposición final.

También se observaron avances en estrategias nacionales de largo plazo, como los planes de movilidad eléctrica o las actualizaciones de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs).