Que las estaciones de carga eléctrica que se instalen en el país puedan usar las tecnologías de energías renovables para garantizar el servicio en zonas remotas, es una decisión comercial que tendrá que tomar todo el que incurra en participar en el negocio de la carga de vehículos eléctricos.

Así lo planteó el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, quien entiende que en caso de que no sea factible para el modelo de negocio instalar cargadores en zonas remotas, puede establecerse un modelo de gestión social que lo permita desde entidades estatales.

En ese sentido, Miguel Coronado Hunter, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana, asegura que es vital continuar desarrollando proyectos piloto de estaciones de carga de acceso público, el registro de estaciones de carga para autorizar su puesta en servicio.

“Es necesario definir reglas para estacionamientos exclusivos y guía de buenas prácticas en puntos de carga”, destaca.

La movilidad eléctrica está en auge y su incorporación se presenta como una alternativa de futuro, debido a que los vehículos eléctricos tienen mayor fiabilidad, menor consumo y mejor posición respecto a políticas medioambientales.

La industria automotriz y los proveedores de energía están orientándose hacia los sistemas de movilidad alternativas para reducir las emisiones contaminantes.

En cuanto a la responsabilidad de la formulación y creación de normativas reglamentarias y de los requisitos para el otorgamiento de permisos para instalar estaciones de carga para vehículos eléctricos, lo que incluye ubicación, instalación, control de calidad de servicios, supervisión y mantenimiento, Veras afirmó que esa obligación recae sobre la Superintendencia de Electricidad.

“La ley 103-13 solo faculta a la Comisión Nacional de Energía a otorgar incentivos fiscales adicionales a la importación de vehículos eléctricos”, menciona.

En ese sentido, la Superintendencia de Electricidad trabaja de forma acelerada en el reglamento de aplicación para la movilidad eléctrica, con objetivo de sacarlo pronto y poder regular al sector.

El estatuto va a contemplar una certificación de la calidad del servicio, es decir que los cargadores y sus instalaciones estén debidamente certificados.

Al resaltar el avance del sector privado en la electromovilidad, Rafael Velazco, superintendente de Electricidad refiere: “El Estado ha sido un testigo del incremento de la movilidad eléctrica en República Dominicana, sin hasta ahora ser realmente un actor promotor”.

Potencial

República Dominicana tiene un gran potencial para producir e inyectar a la matriz de generación energía de fuentes renovables, así lo asegura un estudio de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA).

Según el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el país cuenta con los recursos renovables para suplir con energía limpia la demanda que pueda generar la inclusión de más vehículos eléctricos en el parque vehicular.

“En el ámbito de la planificación de largo plazo, la entidad posee los estudios realizados por IRENA, que revelan el potencial de energía renovable (sol y viento) posible de producción en las distintas zonas del país”, subraya.

La actualización de estos estudios ha sido referenciada por concesionarios y por el Estado dominicano, para establecer regímenes económicos de entrada de esas centrales de generación al modelo de mercado mayorista.

El funcionario explicó que, en el corto plazo, el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Intercontectado de República Dominicana, posee una herramienta de pronóstico de energías renovables que impacta en la optimización de los programas de corto y muy corto plazo.