En pleno debate sobre la regulación de cargadores de vehículos eléctricos, desde Empresas de Servicio Público de Medellín (EPM) insisten en antes definir en dónde estará puesto el foco, si en un servicio público o en uno residencial. Y para hacerlo, es imperante entender las necesidades del usuario.
“Vamos a tener que definir si le damos prioridad a la infraestructura pública, y en ese caso dar señales con tarifas, o si vamos a tener que pensar en condiciones de incremento de potencia y capacidad en sectores residenciales y de oficinas”, advierte Jorge Ignacio Vélez, referente E-Mobility de EPM, durante el especial sobre «Infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Latinoamérica y Caribe», organizado por Portal Movilidad.
El empresario afirma que en la actualidad existe una demanda insatisfecha por parte del dueño del vehículo respecto a las cargas rápidas en la vía pública, dado que el proceso se ha ralentizado debido al avance de la tecnología y termina siendo ineficiente para el usuario.
Al mismo tiempo, la distribución de energía se ha convertido en un 80/20. Es decir, un 80% de la carga es residencial, mientras que el 20% se destina a la pública, salvo en los proyectos de taxis. En consecuencia, la regulación que se busca debe ser equitativa y contemplar a todos los actores, para que, de esa manera, la infraestructura de carga sea efectiva respecto a los costos.
“Pretendemos que se concreten uno o dos estándares para que la infraestructura de carga pública sea rentable”, indica el representante de EPM, y agrega: “Hoy, la misma es el elemento que le genera al usuario confianza pero que, a su vez, no está moviendo la energía que quisiésemos”.
En esta línea, Vélez explica que se deben tener en cuenta múltiples factores dentro de la experiencia de carga del cliente: “Si estamos hablando del sistema de carga pública, en sitios como centros comerciales, hay que entender cuánto tiempo va a estar el cliente y si vale o no la pena un cargador de una determinada potencia”.
Una vez definidos el qué y el cómo, se debe pensar dónde es el lugar más adecuado para la instalación. “El plan de ordenamiento territorial permite que las potencias de estos cargadores estén ubicadas en sitios que usualmente no tienen este servicio. Indiscutiblemente, las gasolineras seguirán siendo muy adecuadas para contar con los cargadores”, menciona.