Si bien las ventas de vehículos electrificados tuvieron cifras importantes durante el cierre de año, este crecimiento de la movilidad sostenible no ha sido acompañado por la instalación de estaciones de carga. Además, menos de uno de cada diez hogares chilenos posee un cargador para su vehículo de cero o bajas emisiones.

Referentes del sector apuntan a Mobility Portal Latinoamérica que la cifra de hogares particulares con una instalación de carga es menor al 1%, y explicaron que esto se debe a la alta inversión inicial y la falta de normativas que acompañen este crecimiento desde el seno de la vida familiar. Diferentes fuentes oficiales coincidieron con esta cifra.

En 2024, las ventas de vehículos eléctricos en Chile experimentaron un aumento del 183% en comparación con el año anterior, alcanzando las 4.500 unidades vendidas, lo que representa el 6,2% del total de automóviles comercializados en el país.

Este crecimiento ha sido impulsado por una mayor oferta de modelos y una reducción en los precios, facilitando el acceso a esta tecnología para un número creciente de chilenos.

A mayo de 2020, el 75% de la infraestructura de recarga en Chile era privada, mientras que el resto correspondía a cargadores públicos. Estos cargadores privados se encuentran predominantemente en domicilios o lugares de trabajo.

Sin embargo, la distribución de la infraestructura de carga pública es desigual. Según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta el primer trimestre de 2024, Chile contaba con 920 estaciones de carga públicas, de las cuales más del 75% se concentraban en la Región Metropolitana.

Esto deja a muchas regiones con una infraestructura insuficiente para satisfacer la demanda de los usuarios de vehículos eléctricos.

El desafío empieza por el hogar

La situación es aún más crítica en el sector residencial. La falta de normativas específicas que obliguen o incentiven la instalación de puntos de carga en edificios y viviendas particulares dificulta la adopción de esta tecnología.

Actualmente, la normativa chilena no establece obligaciones explícitas para inmobiliarias o distribuidoras eléctricas en este ámbito, lo que genera incertidumbre en cuanto a responsabilidades, costos y plazos para la ejecución de proyectos de infraestructura de carga.

Andrés Pizarro, Gerente Comercial de Enérgica City, señala que «el sector inmobiliario tiene una gran oportunidad y desafío en este sentido. Mirando a futuro, los edificios más atractivos serán aquellos que cuenten con cargadores de vehículos eléctricos, sobre todo al considerar que la Estrategia Nacional de Electromovilidad establece que solo dentro de 10 años, el 100% de los vehículos livianos y medianos que se vendan en nuestro país deberá ser cero emisiones«.Si se trata de instalaciones domésticas, Pizarro explicó a Mobility Portal Latinoamérica que «las responsabilidades de la distribuidora eléctrica llega hasta el frente de tu casa», pero puertas adentro la empresa no tiene ningún tipo de incidencia en las instalaciones de un domicilio particular.

Andrés Pizarro, Gerente Comercial de Enérgica City, aconseja sobre cargadores domésticos.

«En el caso de querer instalar un cargador en tu casa, tienes que gestionar con un instalador que te visite. Si no hay potencia suficiente, tienes que hacer todas las gestiones para que te calce la potencia o pidas una conexión adicional o pidas alguna clase de sistema de control de potencia», sostuvo el referente de la empresa dedicada a soluciones de carga.

En este sentido es que Pizarro opina que, en lo que respecta a las casas particulares de la población chilena, «el desafío no es tan grande» debido a que los hogares del país trasandino tienen una alimentación estándar de energía eléctrica de 10 kW por medio de la red estatal.

Las normativas vigentes chilenas permiten a los usuarios de vehículos de cero y bajas emisiones solicitar una segunda conexión a la red sólo si se destinará a la carga de vehículos eléctricos. «Entonces igual tú podrías quizás separar los consumos, tener tu casa con 10 kW y tener tu cargador con su potencia reservada, con el problema de que ahí tú comienzas a jugar con los costos del trámite”, explica Pizarro.

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Entre los altos costos de la instalación (que según la cotización puede alcanzar 3.000 dólares por estación) sumado al aumento de las tarifas por el consecuente aumento de consumo eléctrico, y los largos plazos para la instalación y habilitación, los usuarios se ven desalentados de llevar adelante sus propios puntos de carga domiciliarios.

Otro de los problemas es la instalación eléctrica de las casas con más de 25 años de antigüedad, las cuales tienen una potencia de cerca de 5,5 kW. «En esos casos, tienes dos caminos. O juegas con esos 5,5 kW o pides un aumento de potencia, que es un costo, es un proceso que te puede un poco desincentivar de comprar un vehículo eléctrico», dice Pizarro.

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Los edificios de departamentos, si bien tienen espacio para cochera, también se encuentran en un predicamento al tiempo de llevar adelante una instalación de estaciones de carga: «El usuario que vive en un edificio está prácticamente a merced, en primer lugar, de los costos. Pero después está a merced de su comunidad, que lo acepte, que le guste, que no le guste. En teoría nadie te puede denegar el acceso a una conexión eléctrica».

En Chile aumenta el número de puntos de carga privados.

En síntesis, el vecino tiene tres opciones: podría exigir que la empresa realice la instalación, obtener la energía de su departamento (es decir, conectar la estación al tablero de la unidad vivencial, lo cual se transformará en un problema si es un departamento en alguno de los pisos más altos) «o te conectas a un tablero de servicios comunes, donde están los ascensores, piscina, iluminación» acota el directivo.

«A la primera opción, no te la pueden negar. Pero no es económica. Sólo en cuanto a los materiales, el costo se elevaría a 2000 dólares más», que se sumarían al presupuesto de la instalación.

A modo de comparación, en la Unión Europea se exige que todos los edificios nuevos o renovados con más de 10 plazas de estacionamiento preinstalen ductos eléctricos para facilitar la instalación de cargadores.

Asimismo, en Nueva York existen incentivos fiscales que cubren hasta el 50% del costo de instalación de infraestructura de carga en edificios residenciales.