Brasil | Buses
martes 06 de mayo de 2025
Acción concreta. Ayuntamiento aprueba proyecto que exige buses eléctricos en Goiânia
El Ayuntamiento aprobó un proyecto que obliga a las flotas utilizar buses eléctricos La iniciativa establece una serie de condiciones técnicas y ambientales orientadas a modernizar el sistema de transporte público de la capital del estado de Goiás.
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En una medida que posiciona a Goiânia como referente regional en materia de movilidad sostenible, el Ayuntamiento aprobó un proyecto de ley que obliga a las flotas de transporte urbanos a estar compuestas de buses eléctricos.

La iniciativa, presentada por el concejal Igor Franco (MDB), establece una serie de condiciones técnicas y ambientales orientadas a modernizar el sistema de transporte público de la capital del estado de Goiás.

Además, limita el número de pasajeros de pie y habilita el cobro por aire acondicionado. Las empresas que no cumplan podrían perder la concesión y quedar excluidas de futuras licitaciones.

El proyecto otorga al Poder Ejecutivo municipal la facultad de exigir que toda la flota esté compuesta por buses eléctricos, además de establecer nuevas exigencias de confort y accesibilidad para los usuarios.

Buses eléctricos: un nuevo estándar para el transporte urbano

Entre los aspectos centrales de la nueva ley, se destaca la obligatoriedad de que el 100% de los autobuses urbanos operen con propulsión eléctrica.

Este requisito podrá ser exigido por el alcalde en el marco de futuras licitaciones o renegociaciones contractuales por un periodo de diez años, en línea con los objetivos ambientales y climáticos del municipio.

Según explicó el concejal Franco durante la sesión, la medida busca garantizar que las empresas “tengan una verdadera responsabilidad ambiental y social, y no solo se centren en la rentabilidad económica”.

La normativa también introduce una nueva condición operativa: a partir de 2025, solo el 10% de los pasajeros podrán viajar de pie, lo cual representa una transformación significativa en el modelo de carga del sistema de transporte, hoy caracterizado por altos niveles de sobreocupación en horarios pico.

Asimismo, el texto autoriza al municipio a cobrar un valor adicional a las empresas operadoras por la instalación de aire acondicionado, con el objetivo de mejorar las condiciones de confort térmico a bordo, informa el portal aredacao.com.

Argumentos técnicos: salud, medio ambiente y ahorro fiscal

En su exposición, Igor Franco fundamentó la iniciativa con base en datos científicos sobre el impacto de los combustibles fósiles.

“La quema de gasolina, etanol y diésel libera dióxido de carbono (CO₂) y óxidos de nitrógeno, ambos vinculados directamente al efecto invernadero, además de azufre, que puede transformarse en ácido sulfúrico en contacto con la humedad del aire”, detalló.

El parlamentario también remarcó que los buses eléctricos no generan emisiones atmosféricas, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire en zonas urbanas densamente pobladas.

Desde un punto de vista económico, el proyecto señala que el mantenimiento de buses eléctricos es entre un 20% y un 30% más barato que el de unidades convencionales, lo cual implica ahorros para las arcas públicas en el mediano plazo, especialmente en contratos de operación y mantenimiento.

Otro punto resaltado por el legislador es el bajo nivel de ruido de los vehículos eléctricos, que no cuentan con motores de combustión ni sistemas de escape.

Esta condición técnica reduce la contaminación sonora y mejora la experiencia de viaje, tanto para los pasajeros como para los transeúntes.

“El silencio de los autobuses eléctricos proporciona una mayor sensación de confort y bienestar. Es un avance en la calidad del servicio, pero también en la calidad de vida de toda la ciudad”, afirmó Franco.

La aprobación de esta ley coloca a Goiânia como una ciudad pionera en Brasil en la adopción normativa obligatoria de buses eléctricos, una medida que todavía no es común en otras capitales estaduales.

Hasta ahora, la mayoría de los proyectos de electrificación del transporte público en el país se han impulsado mediante planes piloto, iniciativas privadas o programas de cofinanciación estatal y federal, pero no como una exigencia legal con sanciones explícitas.

El desafío que enfrenta la Prefectura será ahora garantizar que las condiciones de infraestructura —como redes de carga, capacidad energética, financiamiento para renovación de flota y soporte técnico local— estén a la altura de la exigencia normativa.

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