Ignacio de Prada Marín se desempeña en el puesto de Multienergy & Mobility Business Development de la compañía energética portuguesa Galp.

La empresa lleva dos décadas expandiendo su negocio por España.

Teniendo experiencia en ambos países ibéricos, Prada Marín tiene con qué comparar la situación española y comparte su análisis.

Una diferencia fundamental que advierte está vinculada con la facilidad de los clientes para acceder a puntos de recarga.

“El gobierno está emitiendo pequeños parches, pequeñas soluciones y tengo muchas ganas de que vean el problema de una forma general”, lanza el profesional.

Y amplía: “Es necesario que emitan una normativa que permita desbloquear todos los problemas y no uno a uno porque se van generando más barreras”.

El 28 de junio se celebró la aprobación por el Consejo de Ministros del nuevo Real Decreto-ley 5/2023.

El Real Decreto-ley 5/2023 del 28 de junio.

El mismo apunta a acciones regulatorias en torno al coche eléctrico y los cargadores, buscando simplificaciones administrativas.

Las medidas más destacadas del documento son tres:

• La deducción en IRPF por compra de vehículos electrificados y puntos de recarga.
• La amortización acelerada en el Impuesto de Sociedades para la inversión de las Empresas en infraestructura de recarga pública y privada.
• La simplificación de la tramitación de la instalación de cargadores de hasta 3 MW.

Esta última permite avanzar eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia.

Cabe recordar que hasta la reciente nueva normativa, el límite establecido era de 250 kilovatios.

Con esta, los operadores no tendrán que someterse al régimen de autorizaciones previsto en el artículo 53 de la Ley 24/2013 ni a la declaración de utilidad pública.

Además, los actores del sector celebran que la medida es compatible con las subvenciones estatales.

Es aplicable tanto al programa Moves III, como a la instalación de puntos de recarga para particulares y a las reducciones en el ISS para empresas.

Galp a dos puntas

Como se mencionó anteriormente, la compañía energética se despliega en la Península Ibérica por España y Portugal.

Trabajando con ambas normativas, Prada Marín afirma que la accesibilidad y disponibilidad de los cargadores en España es un problema.

“Sufrimos con los pocos puntos que tenemos en funcionamiento por lo complicado que es operarlos y darle garantías al cliente final”, declara.

En este sentido, una ventaja que ofrece Portugal es la plataforma Mobi.E que centraliza la información de todos los puntos de recarga del país.

“Ha permitido que el mercado de movilidad eléctrica se desarrolle mucho más rápido”, afirma el representante de Galp.

El sistema de e-roaming contempla más de 5.800 puntos de recarga en 308 municipios.

Ignacio de Prada Marín.

Además de la facilidad de uso, el sistema permite subvencionar los costes de la recarga, lo que mantiene los precios sin mayores variaciones.

“Yo creo que la interoperabilidad es super necesaria”, considera Prada Marín.

Más allá de las críticas, el profesional no deja de lado el factor de dificultad que implica la extensión del territorio español.

Remarca que a la hora de analizar la situación de despliegue de infraestructura de recarga hay que recordar que el país luso es “un quinto de España”.

“Que España sea tan grande y que necesitemos electrificar todas las zonas ha hecho que tengamos una visión de optimización de costes diferente”, comparte.

Otro dato a destacar es que en Portugal las políticas se adoptan de manera uniforme en todo el país, a excepción de dos comunidades autónomas.

Los incentivos generales al sector de la movilidad eléctrica son atribuidos por el Fondo Ambiental, que define una asignación anual.

Acorde a dicha cifra, se define anualmente el valor de cada incentivo y el total disponible.

Las declaraciones del representante de Galp se dieron en la presentación del anuario de movilidad eléctrica de AEDIVE.