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miércoles 29 de marzo de 2023
Galindo S.A: “Las estaciones de servicio son las únicas con régimen sancionador, es ilógico”
Una vez más la normativa para la instalación de puntos de recarga entra en cuestionamiento y en este caso la Directora general de Estaciones de Servicio Galindo S.A y Vicepresidenta II de CEEES, pone el acento en las sanciones impuestas por incumplimientos. ¿Cuál es el modelo ideal propuesto por el sector?
estaciones de servicio
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En diálogo con Portal Movilidad España, la  Directora general en Estaciones de Servicio Galindo S.A y Vicepresidenta II de Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nuria Lekue brinda una paneo sobre cómo se avanza sobre la transición al coche eléctrico.

Desde su perspectiva empresarial nota como todavía el negocio de la electromovilidad continúa sin ser 100% rentable, ya que según las estadísticas de la patronal el 99.6% de lo que demandan los clientes es gasolina y diesel.

Frente a estos números, reconoce que las inversiones para la instalación de puntos de recarga todavía “no pueden justificarse”, lo que la lleva a comentar el cumplimiento de las normativas impuestas para este sector.

De acuerdo con el mandato de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolina y gasóleos en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de potencia igual o superior a 150 kW. 

Además, aquellas que cuenten con ventas superiores a cinco millones de litros de gasolina y gasóleos en 2019 tendrán que instalar al menos un punto de recarga de potencia igual o superior a 50 kW. 

Estos mismos requisitos afectan a las gasolineras con ventas inferiores a cinco millones de litros, pero que lideren las ventas de las provincias, islas o ciudades autónomas en que se hallen, siempre que no haya gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros. 

Más de 800 estaciones de servicio están incluidas en ambos grupos y ya deben estar trabajando en el cumplimiento de dichas directrices, pero hay un punto que la vicepresidenta II de CITES no deja pasar por alto.

“Nosotros somos los únicos que contamos con un régimen sancionador, lo cual nos parece ilógico”, reconoce en este punto Lekue.

De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno nacional, el control del cumplimiento de la obligación recaerá en los órganos competentes en materia de registros de gasolineras de las comunidades autónomas. 

En caso de infracción se aplicará el régimen sancionador establecido por la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, la cual dispone que:

a) Infracciones muy graves, con multa de hasta 30.000.000 euros.

b) Infracciones graves, con multa de hasta 6.000.000 euros. 

c) Infracciones leves, con multa de hasta 600.000 euros. 

El importe exacto de la sanción con la que se enfrentarán los titulares en caso de incumplimiento dependerá de los criterios de la Administración y de las circunstancias concretas.

Esto se graduará según los principios de proporcionalidad y en virtud de criterios variados, entre otros los peligros resultantes de la infracción, los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro a usuarios, la intencionalidad o reiteración en la comisión de la infracción.

Finalmente, no se debe olvidar que las obligaciones en torno a los puntos de recarga se encuentran actualmente en evolución normativa, por lo que todavía se recomienda estar atento en todo momento a las novedades que se vayan produciendo.

Es frente a este contexto que el sector de las estaciones de servicio se encuentra en alerta, por lo que su vocera en este caso apela a que el modelo de implantación debería redireccionarse. 

“Lo ideal sería pensar en un sistema de desarrollo libre, con obligaciones de inversión que estén ligadas a objetivos reales, medidos por la situación que hoy atraviesa al país”, propone Nuria Lekue a este medio. 

Asimismo, no queda por fuera del llamado de atención la necesidad de implantar líneas de ayudas que colaboren a que las empresas puedan llevar adelante los costos iniciales de las instalaciones.

Baja en los precios de los coches eléctricos

Las matriculaciones de vehículos electrificados (100% eléctricos + híbridos enchufables) de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 25,3% en febrero, hasta alcanzar las 9.940 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM). 

En lo que va de año estos segmentos ya acumulan un ascenso del 27,5%, hasta las 18.798 unidades, pero esto todavía no avanza al ritmo esperado. 

Según la perspectiva de Lekue, estos números lejos están de alcanzar los objetivos planteados por el Gobierno español y todavía se está lidiando con la barrera que imponen los precios de los modelos de cero y bajas emisiones. 

Es por ello que pone sobre la mesa la necesidad de que se presenten coches electrificados más accesibles, ya que los precios vigentes no responden a la renta per cápita del país. 

“Esto hace que los usuarios apuesten por modelos más antiguos y contaminantes. Podemos verlo en los datos de venta, los cuales colocan a la cabeza vehículos de hasta 10 años de antiguedad”, reconoce en este sentido la Directora general en Estaciones de Servicio Galindo S.A y Vicepresidenta II de CEEES.

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