En Colombia, el Fondo de Ascenso Tecnológico (FOPAT) fue presentado como una herramienta clave para impulsar la electromovilidad y fortalecer la industria automotriz nacional. 

Sin embargo, desde el sector advierten que, a pesar de estar reglamentado mediante un documento en el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), su implementación práctica aún no es posible.

“Está definido el Fondo, pero no está definida la metodología para acceder a él”, asegura María Juliana Arango, gerenta general de Inpel, empresa especializada en soluciones de carga. 

En conversación con Mobility Portal Latinoamérica explica que esta falta de reglamentación concreta impide a los municipios e inversionistas públicos acceder a los recursos, lo que retrasa proyectos y desincentiva la instalación de nueva infraestructura.

“Mientras no haya una metodología o una forma en que los municipios puedan acceder al fondo, pues hasta ahí se queda”, advierte.

La situación genera un cuello de botella en el despliegue de estaciones de recarga públicas y en el fortalecimiento del ensamblaje nacional, dos de los pilares del FOPAT según el decreto que lo reglamenta.

El fondo existe, pero no opera

El Fondo de Ascenso Tecnológico fue propuesto por primera vez en 2021, y su objetivo central es modernizar el parque automotor, con foco en sectores estratégicos como transporte público, taxis, carga liviana y pesada. 

Además, busca fomentar el ensamblaje nacional de vehículos y expandir la infraestructura de carga.

Según el Ministerio de Transporte, uno de los primeros usos del fondo será cubrir el diferencial de precio entre vehículos de combustión y eléctricos. 

Para el caso de taxis, se calcula una diferencia de entre 25 y 30 millones de pesos que podría ser absorbida por el FOPAT, junto a créditos a tasas blandas.

Sin embargo, este diseño aún no se traduce en una herramienta activa. 

Fuentes del sector aseguran que el fondo no figura en la agenda regulatoria actual y que su activación podría tomar “uno, dos o hasta tres años” si no se acelera su priorización política.

“Seguramente no está en la prioridad de la agenda regulatoria. Se revivirá en algún momento, pero por lo pronto está quieto”, señala Arango.

Por su parte, José Miguel Sáenz, director de Energía Vectorial, sostiene que con la reducción de las tasas de interés en el país y el lanzamiento del «Fondo de Ascenso Tecnológico» el panorama apunta a cambiar.

“Este nuevo esquema hace que el transporte público sea más atractivo para la inversión. Ya estamos en contacto con empresas de transporte en Medellín y estamos a unos pasos de avanzar con la regulación para que el proyecto sea exitoso”, asegura.

Oportunidad estancada para la industria local de movilidad eléctrica

Desde la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, su directora Karol Andrea García sostiene que el FOPAT podría ser un motor para incrementar el 14% actual de producción nacional de vehículos. 

Según afirma, el fondo puede facilitar herramientas como bonos, tasas compensadas y créditos que favorezcan la compra de unidades ensambladas localmente.

“Esto brindaría a las personas un incentivo económico, elementos que este sector necesita urgentemente, ya que más del 60% de los vehículos en Colombia se compran a crédito”, indicó García, durante la Feria de Economías para la Vida.

Además, subrayó que una política de compras públicas con criterios de favorecimiento a la industria nacional sería clave para lograr una reindustrialización efectiva del transporte.

El impacto en los operadores privados de puntos de carga

Desde INPEL, el panorama es claro: la falta de fondos públicos disponibles obliga a que el impulso por la electromovilidad lo estén liderando casi exclusivamente empresas privadas. 

“En este momento se está moviendo mucho más por los privados que por el sector público”, detalla.

La empresa, que ofrece servicios de gestión, instalación y mantenimiento de cargadores, participó en la instalación de estaciones de recarga para la COP16 en Cali. Recientemente, firmó un contrato con Encali para operar su red pública de carga. 

No obstante, reconoce que sin incentivos no reembolsables, es difícil escalar estas iniciativas a nivel nacional.

“En una primera etapa, el número de vehículos no te apalanca la inversión”, explica. 

Por eso, sostiene que el fondo debería priorizar recursos que no requieran devolución, especialmente para proyectos de infraestructura en municipios pequeños o con menor capacidad financiera.

La urgencia de definir reglas claras para la electromovilidad

El decreto del FOPAT incluye subcuentas con metas específicas para cada tipo de flota y fija como objetivo una transición significativa hacia 2030, con un mercado proyectado en 35 billones de pesos, solo en taxis. 

Pero el desarrollo de estas metas depende de que se establezcan mecanismos administrativos claros para postular proyectos, recibir recursos y articular acciones entre el Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales.

“No basta con decretos o resoluciones, necesitamos una sincronización entre todos los actores involucrados”, reconoció recientemente la Ministra de Transporte.  

Desde el sector privado coinciden en que es necesario diseñar una hoja de ruta operativa que permita activar el fondo en el corto plazo y evitar que quede como una herramienta simbólica.

El FOPAT representa una oportunidad única para alinear la política industrial y energética de Colombia con los desafíos del transporte sostenible. Sin metodología, acceso real ni coordinación entre niveles de gobierno, su impacto seguirá siendo nulo.

Desde IMPEL, el mensaje es claro: “Hace falta voluntad política y técnica para que el fondo sea realmente útil”.