Con la intención de encaminar a Honduras hacia un futuro de transporte sostenible, el país ha dado un paso importante con la creación de un anteproyecto de ley para fomentar la movilidad eléctrica. 

En un principio, esta Ley tenía como fecha de lanzamiento marzo de 2024, 8 meses después aún no hay una oficialización de la ley.

Este marco normativo, que aún está en proceso de aprobación, establece incentivos, regulaciones y estrategias de gobernanza para promover el uso de vehículos eléctricos, reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la calidad del aire. 

Aquí te presentamos en exclusiva los puntos más destacados de este anteproyecto.

Gobernanza: El papel del Comité Nacional de Movilidad Eléctrica

La Secretaría de Energía (SEN) asumirá la coordinación de la ley y la creación del Comité Nacional de Movilidad Eléctrica (CONMOVE). 

Este comité reunirá a instituciones clave, como las secretarías de Recursos Naturales, Infraestructura y Transporte, Salud, Seguridad y Gobernación, además de entidades fiscales y municipales, para garantizar un enfoque integral hacia la electromovilidad en Honduras.

Según el anteproyecto, el CONMOVE servirá como un espacio de articulación interinstitucional para ejecutar las estrategias de movilidad eléctrica y monitorear el cumplimiento de la ley, una vez que sea aprobada​.

Incentivos económicos: Impulsando la accesibilidad de los vehículos eléctricos

Uno de los puntos más relevantes del anteproyecto son los incentivos fiscales. 

De acuerdo con el documento, los vehículos eléctricos estarán exentos de diversos gravámenes, incluidos los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto Sobre la Venta (ISV) y la ecotasa, que es un impuesto adicional en vehículos convencionales. 

Estos incentivos tendrán una vigencia de diez años y también aplicarán para los repuestos y componentes necesarios para la infraestructura de carga​.

Dante Mossi, fundador de la concesionaria SOLMECA, enfatizó al respecto la importancia de estos incentivos para hacer la movilidad eléctrica más accesible, señalando que se trata de un esfuerzo por reducir los costos iniciales y facilitar que más personas consideren esta tecnología.

Infraestructura de carga y regulación de tarifas

Para asegurar una infraestructura de carga adecuada, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) establecerá normas técnicas y regulará las tarifas de comercialización de electricidad para vehículos eléctricos. 

El anteproyecto permite que empresas distribuidoras ofrezcan el servicio de carga y que otros proveedores autorizados puedan también comercializar energía, siempre bajo la supervisión de la CREE​. 

Mossi destaca que la infraestructura de carga es esencial para generar confianza en los usuarios potenciales, superando el miedo a quedarse sin energía en medio de sus desplazamientos. 

En línea con esta necesidad, ya ha instalado cargadores en lugares estratégicos en Honduras y destaca la importancia de que esta infraestructura esté disponible y regulada.

Responsabilidad ambiental en el manejo de baterías

El manejo adecuado de las baterías y otros componentes de vehículos eléctricos es otro aspecto cubierto en el anteproyecto. 

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) será responsable de supervisar el transporte, almacenamiento y disposición final de las baterías, garantizando que los residuos generados no afecten al medio ambiente​. 

Este enfoque preventivo se alinea con iniciativas regionales y es un tema en el que Mossi subraya el compromiso de Honduras con la sostenibilidad. 

Además, menciona que la cooperación alemana ha trabajado con otros países de la región en talleres de reciclaje de baterías, lo que abre la posibilidad de colaboración regional en este tema.

Obligaciones y normativas para concesionarios y distribuidores

La ley también establece reglas para los concesionarios de vehículos eléctricos. 

Estos deberán ofrecer garantías mínimas de dos años y servicios de posventa, además de cumplir con los estándares internacionales de seguridad y homologación. 

Además, prohíbe la importación de vehículos eléctricos usados con más de diez años de antigüedad o que presenten daños significativos​.

Mossi, en sus declaraciones, explica que esta regulación busca dar confianza al consumidor y asegurar que solo entren al mercado hondureño vehículos eléctricos que cumplan con altos estándares de calidad y seguridad.

Educación y capacitación técnica: Un esfuerzo colaborativo

La ley promueve también la capacitación técnica en electromovilidad, buscando crear una fuerza laboral que pueda responder a las necesidades de mantenimiento y reparación de estos vehículos.

Para ello, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), junto a otras instituciones educativas, desarrollará programas de formación en colaboración con empresas del sector. 

Esta iniciativa no solo facilita la adaptación del país a esta tecnología, sino que también crea oportunidades de empleo en una industria en crecimiento​.

El camino hacia la movilidad eléctrica en Honduras

Con la implementación de esta ley, Honduras estaría dando un paso significativo hacia un modelo de transporte sostenible, alineado con sus objetivos ambientales. 

Mossi destaca que, aunque el proceso es gradual, la combinación de incentivos, infraestructura y educación permitirá una transición efectiva hacia la movilidad eléctrica en el país. 

Además, con el apoyo de bancos regionales y aseguradoras, se espera que el acceso al financiamiento de vehículos eléctricos sea cada vez más común en el mercado hondureño, facilitando su adopción masiva.

Este anteproyecto coloca a Honduras en una posición estratégica para liderar la movilidad eléctrica en Centroamérica, demostrando que la innovación en transporte puede estar al servicio de la sostenibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos.