La reciente propuesta del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de eliminar las exenciones de pago de patentes para vehículos electrificados, genera controversia en el sector de la movilidad sostenible. 

Mientras el objetivo parece ser aumentar la recaudación fiscal, expertos advierten sobre posibles consecuencias negativas para la adopción de tecnologías limpias en la Ciudad de Buenos Aires.

Sergio Norberto Alvaro, presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA), señala que quitar las exenciones a las patentes afectará directamente la adquisición de vehículos eléctricos. 

“La medida hará menos atractiva la compra de estos vehículos, lo que podría frenar la renovación del parque automotor con modelos sustentables”, explica. 

Además, advierte que una menor demanda desincentivará la inversión en infraestructura de carga, clave para consolidar la electromovilidad a largo plazo.

Aunque reconoce que esta medida podría generar una mayor recaudación, Alvaro sugiere que el impacto negativo sobre el mercado no debe ser subestimado. 

En este punto, recomienda: “El gobierno debería acompañar este cambio con otras políticas que incentiven la electromovilidad, como subsidios o incentivos fiscales para la instalación de cargadores”. 

Por su parte, Nicolás Capello, director de Vulletic, reflexiona: “Ese tipo de medidas son contraproducentes y atentan contra la adopción de los vehículos eléctricos. En estos momentos de transición hacia una movilidad más sustentable, se requieren incentivos y beneficios que hagan atractiva su adopción”.

El círculo virtuoso en riesgo

Alejandro Bustamante, CEO de SBH Vehículos Eléctricos, también manifiesta preocupación por la falta de un enfoque estratégico. 

“Sería una pena que se saque este incentivo. La exención no solo motiva a los usuarios, sino que también genera un impacto positivo en la economía, ya que fomenta la venta de vehículos, el pago de impuestos y una economía circular”, afirma.

Al mismo tiempo, Bustamante hace hincapié en la necesidad de un trabajo conjunto entre el Estado y los privados para garantizar una transición ordenada hacia la movilidad eléctrica. 

“Se debe trabajar estratégicamente con una transición escalonada y ordenada para democratizar la movilidad eléctrica en la Argentina”, concluye.

El desafío de equilibrar prioridades

Si bien el objetivo del gobierno porteño es mejorar la equidad tributaria y obtener recursos adicionales, las críticas desde el sector eMobility resaltan la importancia de evaluar el impacto a largo plazo. 

La eliminación de beneficios fiscales puede obstaculizar el crecimiento de la movilidad eléctrica, un área fundamental para la sostenibilidad urbana.

La medida, aún en discusión, plantea un interrogante: ¿podrá la Ciudad de Buenos Aires encontrar un equilibrio entre los objetivos fiscales y la promoción de la electromovilidad? Para el sector, el debate recién comienza.

El otro proyecto, que beneficiaría a los vehículos electrificados

En sentido contrario a lo que evalúa Macri, a fines de octubre los diputados nacionales Héctor Baldassi, Martín Yeza y Hernán Lombardi (PRO) encabezaron la firma de un proyecto en el que se destacan los siguientes puntos:

1. Promover e incentivar el desarrollo industrial y la adopción de la electromovilidad en todo el territorio de Argentina, considerando principios de sustentabilidad económica y financiera.
2. Impulsar la innovación científica y tecnológica orientada al desarrollo de alternativas energéticas eficientes y sustentables.
3. Fomentar el desarrollo industrial, diseño y producción de vehículos eléctricos y alternativos.
4. Facilitar y estimular la implementación de la infraestructura eléctrica necesaria para garantizar la adopción y transición hacia la electromovilidad en todo el país.
5. Instar al Consejo Federal del Medio Ambiente a promover políticas públicas estratégicas que faciliten la transición hacia la electromovilidad y minimicen el impacto nocivo del uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles sobre la salud de la población.
6. Establecer incentivos económicos que faciliten y amplíen el acceso y adopción de alternativas de electromovilidad por parte de la ciudadanía.
7. Fomentar la utilización de vehículos de propulsión eléctrica, identificados internacionalmente con la sigla EV, incluyendo vehículos eléctricos a batería (BEV)

El documento ingresado a la Cámara de Diputados de la República Argentina también cita varios compromisos internacionales que dan marco a esta iniciativa, como el Acuerdo de París (ratificado mediante la Ley N° 27.270), que establece compromisos para la adaptación y mitigación del cambio climático global.

También figura la Declaración de Río de 1992, que fijó principios para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, comprometiendo a los países a adoptar medidas que promuevan un desarrollo que no comprometa las necesidades de las generaciones futuras .

Finalmente, también se menciona a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).