Alfredo Samaniego, ex viceministro de Electricidad de Ecuador y actual asesor de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Legislativa, en conversación con Portal Movilidad analiza los principales ejes en torno a la transición a la movilidad eléctrica en el Ecuador.

A modo de introducción, menciona: “Ecuador está en un estado medio de preparación para la llegada masiva de la movilidad eléctrica. Se ha avanzado bastante en medidas arancelarias, por ejemplo. Es un apoyo muy fuerte en competitividad de precio”.

Hay otras medidas locales como las tomadas por el municipio de Quito que otorga beneficios a la circulación a los vehículos cero emisiones, aunque al momento el pico y placa no está vigente, así como también incentivos para el recambio de flota de taxi.

Por lo que opina: “La transformación se puede aprovechar para trabajar aspectos logísticos y urbanos, no es cuestión de cambiar congestión de vehículos a combustibles por congestión de eléctricos. Hay que ordenar el tránsito”.

“La movilidad eléctrica es como estar parado frente al mar y ver una ola a lo lejos. Está viniendo y no la podemos frenar. Lo importante es lo que hacemos para embarcarnos”, compara el ex funcionario.

En ese sentido, ejemplifica el concepto de abastecimiento, que se modificará dado que el 80% de la carga de los vehículos se realizará en los domicilios o trabajo, por lo que la demanda en las estaciones de servicio bajará.

En los últimos años, en Ecuador se invirtió en la mejora y actualización de las redes eléctricas con nuevas estaciones de transmisión en alta tensión, así como la red de distribución a nivel residencial.

Al respecto asegura: “La red puede absorber con facilidad la demanda de recarga a nivel residencial de la primera tanda masiva de vehículos eléctricos. Cuando se convierta en una transformación amplia deberá actualizarse conforme a eso, pero en este momento las redes están listas”.

No obstante, destaca que el miedo de los usuarios, por el momento, no es ese, sino la falta de puntos de carga público. En este orden de ideas, agrega que en paralelo se debe trabajar en normar la estandarización de conectores.

“Hay aspectos técnicos que obligatoriamente se necesita que el Gobierno Nacional se involucre y no se lo está tomando con la seriedad necesaria”, indica Samaniego.

Desde el punto de vista normativo, a nivel nacional, en 2015, se estableció el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética. Contando con ese antecedente en 2019 se puso en vigencia la primera Ley de Eficiencia Energética, aunque al momento no está reglamentada.

La ley publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 449, entre otros puntos, establece que para el 2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial deberán ser únicamente eléctricos.

Asimismo, indica que debe priorizarse esta tecnología para el segmento pesado y de uso logístico, permite el servicio de carga de vehículos eléctricos, plantea incentivos financieros como tarifas diferencias y la excepción de las restricciones de circulación por congestión.

Esta ley también determina que el Plan Nacional de Eficiencia Energética debe ser actualizado cada dos años por un Consejo Nacional que todavía no se conformó. El objetivo es que una a los distintos sectores participantes como autoridades, empresas privadas y academia para generar lineamientos, actualice plazos y tecnologías para que estos actores acaten.

En tanto a las tarifas, Ecuador actualiza anualmente los costos y el pliego del Ministerio de Electricidad contempla un valor diferenciado para la recarga residencial.

Respecto a la carga pública, la Resolución 018/2020 del Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables que definió las condiciones técnicas y contractuales para la firma de contratos de suministro entre distribuidores de energía eléctrica y puntos de carga para vehículos eléctricos, establecería un tope máximo, pero no mínimo para que exista competencia en el mercado.

Otro problema que afecta con más fuerza a las ciudades grandes es la calidad del combustible y hasta donde es sabido el Gobierno Nacional no ha tomado ninguna medida clara al respecto.

Por caso, menciona: “En la Ley de Eficiencia Energética está establecido que el Gobierno debe mejorar progresivamente la calidad del combustible. Afecta también al funcionamiento de los motores además de las emisiones y el ruido. En el país no llegamos al Euro IV”.