En países como México, Chile y Colombia, las normativas sobre infraestructura de carga están en marcha, pero la falta de un enfoque regional coherente genera fragmentación en el mercado.
Según Eugenio Grandio, presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA) en México, «pensar en América Latina como un solo bloque regulatorio es un error».
Explica que en México la influencia de las normativas de Estados Unidos y la creciente presencia de fabricantes chinos llevó a una coexistencia de conectores como CCS1, NACS y GBT, creando un escenario complejo para los usuarios.
«La masificación del vehículo eléctrico en Latinoamérica ha venido principalmente de la mano de fabricantes chinos, que utilizan otros estándares. Esto genera una realidad en la que coexisten tanto los formatos americanos como los chinos«, detalla.
Estándares internacionales y variedad de conectores
A nivel conectores, la interoperabilidad se convirtió en una prioridad para garantizar que los vehículos de diferentes marcas puedan cargarse en cualquier estación.
En Chile, por ejemplo, el Pliego Técnico N°15, promulgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), establece los estándares IEC 61851/62196 y CCS, entre otros.
En este país, el esfuerzo por armonizar los conectores es alto, y la fiscalización de las estaciones activas está avanzada.
«Chile fue uno de los primeros países en adoptar estándares específicos, pero se encontró con el problema de que esta decisión temprana ha dificultado la actualización del marco regulatorio a las nuevas tendencias del mercado», explica Grandio.
El caso de Chile pone de relieve un riesgo asociado con la estandarización prematura: la desactualización frente a la evolución tecnológica global.
En México, la Disposición Administrativa de Carácter General (DACG) de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue pionera en definir algunos lineamientos.
«La normatividad establece esquemas de demanda controlable y la conexión técnica con el sistema eléctrico nacional, pero aún no se ha resuelto el tema de los conectores«, indica Walter Jiménez, Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas y ex Comisionado de la CRE.
Para Jiménez, una de las claves para el futuro es «la interoperabilidad de la infraestructura de carga».
Sin embargo, advierte que, al no existir un conector único, se genera un mercado fragmentado que puede dificultar la adopción masiva de la movilidad eléctrica.
Retos de la estandarización en países con normativas incipientes
En países como Perú y Ecuador, las normativas sobre infraestructura de carga aún están en sus primeras etapas de desarrollo.
En Perú, el Decreto Supremo 022-2020-EM establece la posibilidad de una carga comercial, pero la normativa aún está poco desarrollada.
«La estandarización de los conectores en la región es crucial, especialmente en países donde la infraestructura de carga es incipiente», sostiene Adolfo Rojas, presidente de la Asociación de Emprendedores para el Impulso de los Vehículos Eléctricos (AEDIVE) en Perú.
«Hoy predominan los conectores CCS1 y CCS2, pero la diversificación de conectores en AC, como el Tipo 1, Tipo 2 y GBT, crea barreras para la interoperabilidad».
Antonio Chamorro, especialista en movilidad eléctrica de Ecuador, también resalta que en su país, «aún no existe una normativa obligatoria que estandarice el tipo de conector».
En su opinión, la falta de una política unificada a nivel regional dificulta el proceso de integración y adaptación de los fabricantes, generando incertidumbre tanto en los desarrolladores de infraestructura como en los usuarios.
«El sector está evolucionando hacia estándares basados en normativas internacionales, pero la heterogeneidad de los conectores complica la interoperabilidad», advierte Chamorro.
La visión de los actores privados
Los actores privados, como los fabricantes de vehículos eléctricos y cargadores, tienen un papel central en la estandarización de las infraestructuras de carga.
Para Rojas, el rol de los fabricantes es fundamental, ya que «depende de su enfoque en la línea de producción y de la presión comercial sobre los gobiernos para definir los estándares de sus conectores».
Jiménez también enfatiza que las empresas tienen una gran responsabilidad en la adopción de estándares sostenibles que favorezcan la interoperabilidad y la evolución del mercado.
Sin embargo, Carlos Lantigua, experto eMobility de República Dominicana, es más cauto respecto a las implicancias de la estandarización en los mercados pequeños.
«En mercados pequeños como el de República Dominicana, la estandarización podría ir en detrimento del crecimiento y la adopción masiva de vehículos eléctricos», señala.
En su opinión, el «Santo Grial» de la industria es «lograr un consenso en la estandarización, sin embargo, los países y las regiones en su intención de salvaguardar y proteger sus mercados, definen estándares particulares que luego son difíciles de desmontar e integrar a un estándar global”.
Interoperabilidad y eficiencia deben ir «de la mano»
Aunque la estandarización de conectores y equipos de carga parece ser un tema de debate clave, la solución radica en garantizar que las infraestructuras sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los avances tecnológicos y a las realidades del mercado.
Según Grandio, «más que imponer un formato único, lo importante es establecer condiciones claras de seguridad, interoperabilidad y conectividad, sin limitar las opciones tecnológicas».
En este sentido, los adaptadores certificados pueden ofrecer una solución intermedia, permitiendo la interoperabilidad sin comprometer la seguridad ni la calidad de la experiencia del usuario.
La estandarización también tiene un impacto positivo en la economía de escala. «Con un protocolo de carga homologado, los costos de instalación y mantenimiento de la infraestructura de carga disminuirían», subraya Chamorro.
Esto se traduce en una mayor competencia, más opciones para los consumidores y una mayor confianza en el sistema de carga, lo que acelera la transición hacia la movilidad eléctrica.
En última instancia, la estandarización de conectores y equipos no debe ser vista como una imposición, sino como una herramienta que permitirá que la infraestructura de carga sea más accesible, eficiente y segura para todos los actores involucrados.
Sin embargo, este proceso debe llevarse a cabo de manera gradual y flexible, con una visión de largo plazo que contemple la evolución tecnológica y las particularidades de cada mercado en América Latina.
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