Al hablar de descarbonización latinoamericana, México ocupa una posición favorable en el ranking regional. 

Sin embargo, todavía hay trabajo por delante, especialmente en lo que respecta a cuestiones como la reforma de la Ley General de Cambio Climático. Pero, la pregunta clave es: ¿por dónde empezar?

En este marco, la diputada Ester Martínez Romano, secretaria de la comisión de medio ambiente y recursos naturales propone abordar, en principio, nueve iniciativas para impulsar la movilidad eléctrica en el país. 

Estas incluyen la creación de incentivos fiscales y económicos para la compra de vehículos eléctricos, normas que fomenten su adopción, infraestructura de carga y programas de concientización pública.

Así como promover la investigación y desarrollo de tecnologías de movilidad eléctrica, la colaboración público-privada, la electrificación del transporte público, regulaciones más estrictas de emisiones para vehículos de combustión interna y el apoyo a la producción local de vehículos eléctricos y sus componentes.

Se trata de proyectos fundamentales a implementar en el país debido a que la mencionada Ley tiene más de 10 años y necesita adaptarse a los nuevos desafíos, como por ejemplo, el Acuerdo de París, que establece metas ambiciosas para la adopción de vehículos de cero emisiones.

Si bien todos puntos son importantes, hay algunos que requieren mayor prioridad, o al menos eso es lo que se observó en el foro “Movilidad eléctrica y Cambio Climático: Una mirada desde la legislación”, organizado por Martínez Romano.

Sin incentivos no hay paraíso: la clave para acelerar la electromovilidad

Es aquí que Alejandro Villegas López, coordinador de vinculación de políticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sugiere una serie de incentivos a taxis, transporte público y última milla en México.

Entre ellos, se halla: 

• Implementar bonos de chatarrización para incentivar la sustitución de vehículos de combustión interna por eléctricos.
• Mejorar la accesibilidad a la información sobre financiamiento para vehículos eléctricos.
• Regular los incentivos existentes para la adquisición de vehículos eléctricos.
• Permitir la inversión privada en el desarrollo de estaciones de carga que utilicen fuentes renovables de energía.

A su vez, otro aspecto que pone sobre la mesa el funcionario es el de “implementar un programa de incentivos para la inversión en la producción de baterías y reglamentar el segundo uso y la disposición final de las baterías de litio mediante una Norma Oficial Mexicana”.

En este sentido, también se pronunció Santiago Alanis, Gerente general de Movilidad Integral de Mobility ADO, quien determina al tema de las baterías como “preocupante”, no tanto por el costo, sino por su impacto ambiental. 

Metas y normativas para un futuro 100% eléctrico

Además de los incentivos, a lo largo del foro también se abordó la necesidad de establecer metas vinculantes para la venta de vehículos eléctricos en diferentes plazos (2030, 2040, 2050), alineadas con los objetivos de reducción de emisiones. 

Estos objetivos, junto con la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas con emisiones y combustibles, buscan crear un marco regulatorio sólido para impulsar la descarbonización del transporte.

Infraestructura y energía

Mientras tanto, el desarrollo de una red amplia y accesible de estaciones de carga, con tarifas específicas para vehículos eléctricos y horarios que no afecten la estabilidad del sistema eléctrico nacional, es otro de los pilares de la transición mexicana. 

“El tema de los incentivos a la infraestructura de recarga es una barrera importante. La forma en que se contrata la electricidad actualmente no está pensada para grandes instalaciones, lo que dificulta la instalación de cargadores”, señala Jorge Suárez Velandia, especialista en electromovilidad. 

Por otro lado, se propone impulsar la inversión en energías renovables y modernizar las redes de transmisión y distribución eléctrica, con el objetivo de integrar eficientemente los vehículos eléctricos al sistema energético. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento de energía que permitan la carga y descarga bidireccional, optimizando así el uso de la energía y contribuyendo a la estabilidad de la red.