Los fabricantes automovilísticos alertan de que la mitad de los fondos del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado se podrían perder por el exceso de burocracia que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de solicitar las ayudas.

Una serie de trabas a las que hay que sumar la no consideración de la excepción temporal de empresa en crisis; la obligación de tener las cuentas del ejercicio 2021 aprobadas por la Junta y depositadas en el Registro Mercantil; y la exigencia de aportar los poderes expresos de representación por parte de cada socio son los principales obstáculos.

«Cerca del 50% de los fondos del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado no se efectuarán por las condiciones impuestas por el Gobierno», explican fuentes cercanas.

A lo que agregan: «jamás fueron vistas acciones de este tipo hasta la fecha en un proyecto colaborativo, lo que muestra la poca empatía del Ejecutivo con un sector gravemente afectado por el impacto de la crisis del coronavirus y la actual escasez de materias primas».

Un proyecto que desde el principio se diseñó como un traje a medida para la automovilística Seat y que amenaza con dejar dinero por el camino de los fondos europeos pese a las advertencias del Banco de España o la AIReF de mantener un control exhaustivo sobre el maná procedente de Bruselas.

Una de las condiciones que impone el Ejecutivo es la no consideración de la excepción temporal de empresa en crisis entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021, recogido en el marco temporal de ayudas de Estado, ampliado hasta 30 de junio de 2022, según informó Ok Diario.

«En ningún caso podrán formar parte de la agrupación ni obtener la condición de beneficiario aquellas entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre», se decreta.

Todo esto, o «que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa(…)».