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miércoles 12 de abril de 2023
¿Distribuidora o Administración? Se busca responsables al retraso de puntos de recarga de vehículos eléctricos
De parte de los instaladores de puntos de recarga se oyen reclamos varios hacia la distribuidora y las administraciones para poder tener operativo un cargador. Los plazos son largos y se puede alcanzar los 23 meses de domara para que esto suceda.
endesa
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Dentro de la tramitación pertinente a la activación de un punto de recarga se encuentra el diálogo con la distribuidora y la conexión a la red. Este paso relevante para la infraestructura se ve “demorado”, visto así por parte del sector.

Portal Movilidad España conversó con las distribuidoras energéticas del país para conocer de lleno qué sucede. Surgieron dos respuestas: lentitud burocrática y ansiedad (podría decirse).

“Lo que cuenta como plazos de obra, desde el lado de la distribuidora, son cortos. Hablamos de entre 15 y 20 días. El resto del tiempo es lo que el cliente percibe”, comenta  Luis Carlos Montañés Bellosta, Responsable de Operaciones Comerciales de Endesa.

Desde la empresa afirman cumplir con los plazos legales establecidos y, además, estos no varían de otra conexión que se debe realizar.

Los tiempos son los mismos para un punto de recarga que para una panadería.

Los plazos regulados en el RD 1183/2020 de Acceso y Conexión a la red para generación y consumo:

  • Plazo máximo para iniciar el análisis de la solicitud: 20 días
  • Plazo máximo para analizar la solicitud y emitir propuesta técnico-económica según nivel de tensión: 15 días en baja tensión y 30 días en tensiones ≤ 36 kV
  • Plazo máximo emisión de permisos desde aceptación propuesta: 20 días

Desde Endesa aseguran no tener ningún tipo de reclamación por parte de los instaladores por estos plazos de contestación, los problemas pueden surgir más adelante y no por causa de la distribuidora.

“No somos responsables de las demoras, ya que en la inmensa mayoría de casos nos ceñimos a los plazos que la regulación nos concede para realizar nuestras funciones”, así también lo afirman desde i-DE, la empresa distribuidora de Iberdrola.

Luego de la contestación de la distribuidora, vendrá la hora del instalador de punto de recarga. Aquí existen dos tipologías.

La primera es de hasta 30 días y la segunda de hasta seis meses, que es la reserva de la potencia al cliente.

Lo que explican desde las distribuidoras es que el plazo de reserva no varía según el tipo de cliente, si se tratase de otro rubro tendría el mismo tiempo.

Una vez que el instalador ha aceptado, se inicia la redacción del proyecto. Aquí cuentan los plazos legales de la distribuidora, es quien se encarga de esta tarea y se tramita con el ayuntamiento o Industria.

En el caso de puntos de recarga que están en carreteras o en sitios alejados se debe tramitar el permiso de carreteras o medioambiental, si así fuese necesario.

En este punto es donde se comienza a retrasar el trámite. Desde Endesa comentan que cada 15 días consultan por cada uno de los proyectos presentados.

i-DE afirma: “La problemática radica en las dificultades y plazos que manejan las administraciones para la tramitación de los permisos y autorizaciones necesarias para construir los puntos de recarga. Ese es el cuello de botella que retrasa todo el proceso”.

Desde el entendimiento de las distribuidoras las demoras pueden estar relacionadas con la sobrecarga de trabajo de las distintas administraciones, en un contexto como el actual en el que hay mucha actividad inversora en el sector de las renovables y la movilidad sostenible. 

“En todo caso, sin estos trámites no se pueden ejecutar las obras del distribuidor y, por tanto, se retrasa inevitablemente todo el proceso”, expresan desde i-DE.

Lo que expresan desde ambas distribuidoras es que esto no es responsabilidad de ellos, sino de la administración.

“En lugar de pedir una licencia se podría poner una declaración responsable”, era el reclamo más resonante en el sector.

Finalmente el Gobierno lo ha aplicado y se espera que esta solución agilice los proyectos actuales en infraestructura de recarga.

“El problema es que la Administración tiene dificultad en cumplir los plazos de las tramitaciones de los proyectos de ampliación de red necesarios para conectar los puntos de recarga y podría parecer que la responsabilidad es del distribuidor cuando, en general, no es así”, sentencian desde i-DE.

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