El Congreso de Tamaulipas dio el primer paso para cambiar la matriz del transporte estatal. El diputado Armando Javier Zertuche Zuani (Morena) presentó la iniciativa de Ley de Promoción y Fomento a la Movilidad Eléctrica.

“Hoy más que nunca, Tamaulipas debe avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible”, sostuvo el legislador al defender la propuesta que busca reducir la dependencia de combustibles fósiles, generación de empleo verde y atracción de inversión tecnológica.

La iniciativa establece la obligación de diseñar una política estatal integral de movilidad eléctrica con cinco ejes:

• Incentivos fiscales (exención o reducción en tenencia y otros gravámenes) para la compra de vehículos cero emisiones.
• Infraestructura de carga: autorización acelerada para la instalación de estaciones públicas y privadas, con prioridades en corredores logísticos y zonas urbanas densas.
• Reconversión de flotas oficiales y del transporte público, mediante esquemas de financiamiento preferencial.
• Capacitación técnica a personal de mantenimiento y primeros respondientes.
• Creación de un Fondo Estatal de Electromovilidad, nutrido con multas ambientales y aportaciones federales.

Razones de peso para una ley de Movilidad Eléctrica

Durante la exposición de motivos, Zertuche recordó que el sector transporte genera cerca del 25 % de los gases de efecto invernadero (GEI) nacionales, porcentaje que Tamaulipas replica con creces por su intensa actividad industrial y logística.

El diputado advirtió que “no podemos permanecer indiferentes ante los efectos del cambio climático” y llamó a pensar “en el mañana y no solo en el presente” cuando se legisla.

De acuerdo con el articulado, una vez publicada la ley de Movilidad Eléctrica el Poder Ejecutivo dispondrá de 120 días para emitir el reglamento y de 18 meses para presentar el Programa Estatal de Infraestructura de Carga.

Las secretarías de Desarrollo Energético, Finanzas y Medio Ambiente deberán coordinarse para definir metas anuales de puntos de recarga y electrificación de flotas.

Los municipios, a su vez, obtendrán facultades para expedir permisos exprés a comercios que instalen cargadores semirrápidos.

Camino legislativo del proyecto

Tesla donó cargadores a Tamaulipas para incentivar la movilidad eléctrica.

La propuesta se turnó a las comisiones de Estudios Legislativos Segunda; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Comunicaciones, Transportes y Movilidad.

Se espera que, en un lapso máximo de 30 días, las mesas técnicas citen a universidades, cámaras empresariales y operadores de transporte para el análisis de impacto económico y ambiental.

Si el dictamen recibe luz verde, el Pleno podría convocar a un periodo extraordinario en agosto para la votación final, antes de que arranque el proceso presupuestario de 2026.

Aunque Tamaulipas cuenta con 1.560 MW eólicos instalados, la red de distribución necesita refuerzos para soportar cargadores rápidos simultáneos en los puentes internacionales de Nuevo Laredo y Matamoros.

Otro reto de la futura ley de movilidad eléctrica será la formación de talento: la iniciativa contempla convenios con el CONALEP y universidades para crear carreras técnicas en electromecánica de vehículos eléctricos y gestión de estaciones de carga.

Tamaulipas y la hoja de ruta climática

El texto de Zertuche alinea la ley con la Agenda 2030 de la ONU y con la Ley General de Cambio Climático, buscando que el Estado contribuya a la meta federal de reducir 140 MtCO₂e al cierre de la década.

“La movilidad eléctrica no es una tendencia pasajera; es la ruta competitiva para la industria y la salud pública”, concluyó Zertuche tras entregar el proyecto, entre aplausos de bancadas aliadas y organizaciones ambientales.

Con esta ley, Tamaulipas no solo pretende bajar emisiones: busca posicionarse como un hub de inversión y manufactura de vehículos y componentes eléctricos en la frontera con Texas.

Las próximas semanas serán decisivas para comprobar si el impulso legislativo se convierte en política pública efectiva y, sobre todo, si acelera la transición energética que el estado demanda.