El Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo Núm. A/108/2024 emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE): el primer instrumento regulatorio de carácter general sobre electromovilidad en México, y uno de los pioneros en América Latina.

Walter Julián Ángel Jiménez, Comisionado de la CRE, destaca en diálogo con Mobility Portal Latinoamérica que esta normativa busca organizar la instalación de infraestructura de carga con un enfoque en la seguridad y la eficiencia.

“Queremos que la infraestructura se integre a las redes generales de distribución de manera planificada, con estándares claros que garanticen la confiabilidad tanto de la red como del servicio que recibirán los usuarios”, sostiene.

La regulación brinda certezas jurídicas que fomentarán las inversiones en infraestructura eléctrica.

“Al establecer lineamientos claros, esperamos atraer nuevas inversiones y asegurar que los proyectos se desarrollen con la calidad y seguridad que se requieren”, explica Ángel Jiménez, quien también remarca que regular por primera vez un sector en crecimiento fue uno de los mayores desafíos. 

Hasta ahora, la industria había operado sin un marco legal específico, lo que obligó a muchas empresas a adaptar sus estrategias comerciales al vacío regulatorio.

Adaptaciones y ajustes de la CRE tras el diálogo con la industria

El camino hacia la implementación de esta regulación no estuvo exento de obstáculos. Uno de los puntos que generó mayor debate fue la obligatoriedad de contar con dos tipos de conectores en las estaciones de carga. 

Inicialmente, la CRE había propuesto que todos los cargadores ofrecieran por lo menos dos conectores para garantizar la interoperabilidad. Sin embargo, tras dialogar con la industria, se decidió flexibilizar este requerimiento. 

En este sentido, el funcionario detalla: “Algunas empresas ya tenían stock de cargadores con un solo tipo de conector, y modificar esto les generaba costos elevados. Por eso, optamos por incluir una lista de conectores aceptados para no poner trabas al crecimiento del sector”.

Modelos de conectores para la carga de VE y VEHC. Extracto del acuerdo Núm. A/108/2024.

Otro de los cambios importantes fue la incorporación de la “máxima visibilidad de precios”, una medida que obliga a los proveedores de servicios de carga a exhibir claramente el costo de la energía. 

Esta disposición, impulsada por la Secretaría de Economía, busca proteger a los consumidores y garantizar que todos los usuarios sepan cuánto van a pagar antes de utilizar el servicio.

Una plataforma para transparentar la electromovilidad

Además de la regulación específica sobre infraestructura, la CRE está trabajando en una plataforma que permitirá a los usuarios acceder a información detallada sobre las estaciones de carga. 

Esta herramienta, que estará disponible en los próximos meses, incluirá datos sobre la ubicación, disponibilidad y características de las electrolineras y estaciones de carga residenciales en todo el país.

Ángel Jiménez determina que la plataforma será clave para planificar el crecimiento ordenado de la infraestructura: “Será una fuente de información fundamental para que tanto los usuarios como las empresas sepan qué infraestructura está disponible y dónde”, agrega.

Hacia una red eléctrica inteligente

La normativa también se inscribe dentro de un plan más ambicioso para transformar el sistema eléctrico mexicano en una Red Eléctrica Inteligente. Este modelo busca optimizar la gestión de la demanda de energía, integrando tecnologías que permitan un uso más eficiente y sustentable. 

Con la electromovilidad en crecimiento, la red deberá ser capaz de manejar tanto el aumento en la demanda como la incorporación de fuentes de energía renovable.

En línea con este objetivo, la CRE ya está trabajando en una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) que regulará los aspectos técnicos de los cargadores y conectores. 

De esta manera, el experto revela: “Estamos avanzando rápidamente para que la electromovilidad en México se desarrolle con los más altos estándares de seguridad y eficiencia”. 

El borrador de esta norma ya está en proceso y será fundamental para garantizar la interoperabilidad de la infraestructura.