Costa Rica, pionera en la adopción de energías renovables y conocida por su compromiso hacia la descarbonización, se enfrenta a un desafío clave: la electrificación del transporte público.

Mientras que la venta de vehículos eléctricos privados crece y el país fortalece su reputación en movilidad sostenible, la transición hacia un transporte público eléctrico en áreas urbanas es aún un pendiente. 

Para enfrentar este reto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha colaborado en un informe que identifica cuatro modelos de negocio innovadores que podrían hacer realidad esta transformación, adaptándose a las necesidades económicas, regulatorias y de infraestructura en el país.

Cuatro modelos de negocio para una transición sostenible

La implementación de estos modelos busca no solo electrificar las flotas de transporte público en Costa Rica, sino también asegurar su sostenibilidad financiera y operativa a largo plazo. 

Cada modelo, en distintos grados, aborda los desafíos de financiamiento y operatividad que representa la electrificación de los sistemas de transporte, proporcionando rutas viables y eficientes hacia la movilidad eléctrica.

Modelo Simple o Tradicional

En este esquema, los operadores de transporte obtendrían una extensión de sus concesiones a 15 años, facilitando así el acceso a financiamiento en mejores condiciones.

Bajo este modelo, el operador adquiere y gestiona la flota de buses eléctricos, recuperando los costos a través de las tarifas y posibles subsidios públicos. 

Este enfoque garantiza una alta autonomía para el operador, pero implica también que éste asuma todos los riesgos financieros.

Modelo de Fiducia

Este modelo introduce una estructura de fideicomiso, en la cual los ingresos del sistema de transporte son administrados por un operador financiero que asegura el pago a proveedores y acreedores.

La centralización de los ingresos en el fideicomiso ofrece estabilidad y reduce los riesgos financieros para los operadores.

Sin embargo, su implementación requiere ajustes en la regulación de las transacciones financieras, dado que el modelo incluye un sistema automatizado de pagos y billetera electrónica para los usuarios del transporte público.

Modelo de fiducia con leasing de equipos

Diseñado para reducir la carga de capital (CAPEX) para los operadores, este modelo permite que un tercero sea propietario de la flota de buses eléctricos y los arriende a los operadores bajo un esquema de leasing. 

El fideicomiso maneja los pagos y distribuye los ingresos, lo que facilita la inclusión de banca de desarrollo y financiamiento multilateral.

Este modelo permite a los operadores adoptar tecnología de buses eléctricos sin los elevados costos iniciales, al tiempo que distribuye los riesgos entre varias partes.

Modelo de fiducia con concesiones separadas para operadores y proveedores

Este es el modelo más diversificado y robusto, que otorga concesiones individuales tanto para el operador de transporte como para los proveedores de buses y baterías, cada una alineada con la vida útil de los activos. 

La distribución de riesgos en múltiples concesionarios garantiza estabilidad y flexibilidad para reemplazar proveedores sin comprometer el sistema de transporte. 

Es un modelo particularmente efectivo para la infraestructura de transporte de gran escala que requiere resiliencia y adaptabilidad a largo plazo.

Una movilidad sostenible para los habitantes de Costa Rica

Estos modelos son clave para que Costa Rica alcance sus metas de descarbonización y ofrezca una alternativa competitiva y ecológica al transporte público basado en combustibles fósiles. 

Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la adopción de buses eléctricos puede mejorar la calidad del aire en zonas urbanas y disminuir los costos en salud pública asociados a la contaminación.

La transición hacia la movilidad urbana eléctrica no solo se alinea con el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 de Costa Rica, que prevé que el 35% de la flota pública sea cero emisiones para 2030 y un 85% para 2050, sino que también posiciona al país como líder en innovación financiera en electromovilidad.

De todas formas, su éxito depende de una implementación planificada y del compromiso de los sectores público y privado para adaptar la infraestructura, además de crear marcos regulatorios que hagan posible la expansión de estos modelos.