El director del Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León, José Manuel V. y Fernando B., responsable de la Dirección de Administración y Finanzas, fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público e incumplir con la fecha de entrega tardía de 800 buses eléctricos.

La vinculación estuvo a cargo de un juez de control quien determinó esta medida legal, cabe destacar que el IMA, depende directamente de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, actualmente dirigida por Hernán Villarreal Villarreal Rodríguez.

El caso ya cuenta con una carpeta judicial identificada con el número 5884/2024, esta cuenta contiene las presuntas irregularidades, una de ellas es la no investigación de mercado con los requisitos de Ley y la diferencia entre plazos establecidos en la licitación y contratación.

Según medios locales, el caso se remonta al 15 de diciembre del 2021, cuando el IMA celebró un contrato por el arrendamiento de 800 buses eléctricos, con la empresa de nombre: Thousand International Companies, S.A. de C.V., Attendo, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, de CV, y Jeca Mobility, SA de CV.

Tras la celebración del contrato se advirtió de irregularidades en la licitación pública internacional, se tenía previsto que para septiembre del 2022 llegarían las 800 unidades pactadas, pero estas fueron entregadas oficialmente 15 meses después, es decir, el 29 de diciembre del 2023.

Por lo tanto, con este contrato el Gobierno de Samuel García Sepúlveda, cubrió un monto total de 2 mil 244 millones 872 mil 033.52 pesos.

Como lo establece el Código Penal para el Estado de Nuevo León, el delito de ejercicio ilícito de servicio público está previsto y sancionado en los artículos 208, fracción VIII, inciso d y 208.

Al momento las medidas que se han tomado contra ambos funcionarios es su presentación periódica para que de manera quincenal acudan los viernes a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

A pesar de estar libres, la autoridad judicial ha fijado un plazo en la investigación, la cual concluirá el 9 de julio de este año.

Por este motivo la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción será la encargada de realizar dicha investigación, esta dependencia es encabezada por José Facundo Bustos, quien declaró a medios de comunicación las irregularidades:

“Básicamente por no realizar un estudio de mercado conforme a la Ley, se realiza la contratación con esa irregularidad y se paga una parte de los camiones, entonces esa irregularidad se traduce en un ejercicio ilícito del servicio público al no haber observado las mejores condiciones para el estado”.

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